Vuelta a las andadas

El pasado mes de abril se cumplieron seis años del vertido tóxico de Aznalcóllar, una de las peores catástrofes ecológicas que ha padecido nuestro país. Al margen de triquiñuelas legales y como bien sabe todo el mundo, los responsables directos de aquel desastre han puesto pies en polvorosa y los quinientos puestos de trabajo, que se antepusieron a cualquier otra consideración –incluidas, por supuesto, las ambientales– nos han salido carísimos a todos los contribuyentes. Puestos a pensar en positivo, podría servirnos de consuelo el argumento de que siempre se aprende algo de las desgracias, pero no es el caso. Sobre la vecina localidad de Gerena planea un gigantesco proyecto minero denominado Cobre las Cruces, que repite una vez más el sistema de explotación a cielo abierto de Boliden y prevé la apertura de una escombrera que ocupará mil hectáreas. Todo ello en una zona de campiñas y dentro del área de influencia del Parque Nacional de Doñana.

Por si todo esto fuera poco, la Junta de Andalucía ha financiado al 50% la instalación de la empresa RMD, dedicada a la incineración de cables y neumáticos, en el propio municipio de Aznalcóllar, dentro de su sarcástico polígono medioambiental. La actividad de este tipo de empresas, a todas luces contaminantes y peligrosas, condiciona el desarrollo de sectores más acordes con la vocación y la importancia ecológica de la zona, como el turístico y el agroalimentario.

Al día de hoy, sin considerar el impacto futuro de ambos proyectos, el agua potable contiene valores inaceptables de metales pesados y, como denuncia la organización Ecologistas en Acción, este problema demuestra la “existencia de escombreras en Aznalcóllar que poco tienen de inertes, a las que fueron a parar cientos de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos del polo químico de Huelva, mediante el tráfico de residuos que resultó ser la principal actividad económica, junto con la de recibir subvenciones públicas, del grupo Boliden Aprisa.”
Ecologistas en Acción, junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLIfe) y WWF/Adena, han solicitado públicamente un programa de descontaminación definitivo, controlar las extracciones ilegales de agua para riego en la cuenca del Guadiamar (aún fuertemente contaminada) y promover un plan de desarrollo económico para todo el Corredor Verde que sirva de estímulo a nuevas actividades y tenga en cuenta la cercanía de un espacio protegido de la importancia internacional de Doñana. Los cambios de paradigma no pueden acometerse sin un cambio de actitud en los responsables públicos, cuya cortedad de miras a largo plazo se traduce en problemas graves a corto plazo. Doñana depende de lo que ocurra en su entorno más inmediato y mientras no se aplique una gestión integral del territorio, dentro y fuera del parque, tendrá su futuro hipotecado.