Desertificación: una asignatura pendiente

Como otros eventos similares, el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación ha pasado sin pena ni gloria. Al menos, en nuestro país. ¿Quién se acuerda ahora de que la Organización de las Naciones Unidas decidiera destacar el 2006 de forma tan señalada? O, lo que es peor, ¿sirven para algo los años internacionales de cualquier cosa?
En vista del éxito, podría suponerse que hablamos de un problema que no nos afecta directamente, pero nada hay más lejos de la realidad: 160.000 kilómetros cuadrados del territorio español, el 31’5% de su superficie, está gravemente afectado por la desertificación. Casi un tercio, que se dice pronto. Ningún otro país europeo arroja cifras tan alarmantes. En cualquier caso, la situación no es mejor en el resto del mundo, donde, según datos de la FAO, hay entre 3.500 y 4.000 millones de hectáreas afectadas, se deterioran entre 3’5 y 4 millones más al año y 1.000 millones de personas ven comprometida su subsistencia por este fenómeno de dimensiones globales. Uno más.

Precisamente para combatirlo, en el año 1996 entró en vigor la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación y España solicitó en su día ser la anfitriona de la octava conferencia de las partes (COP-8), que tendrá lugar a lo largo de 2007. Por supuesto, con los deberes sin hacer. La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los estados miembros a establecer comités nacionales para celebrar el año internacional como se merecía y, aparte de hacer oídos sordos al llamamiento, nuestro país ni siquiera ha aprobado el tan demandado Plan de Lucha contra la Desertificación, un documento que lleva años atrapado en un interminable trámite administrativo. Como si planes, estrategias, programas y demás fórmulas literarias se cumplieran luego a rajatabla.

No es de extrañar que Ecologistas en Acción haya exigido “a todas las Administraciones competentes, especialmente a los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, así como a las administraciones autonómicas y locales, que se impliquen en la adopción de medidas concretas y eficaces para frenar los procesos de desertificación existentes en el Estado español.” Y, por supuesto, ha solicitado también la creación de un comité organizador de la COP-8 en el que estén presentes las organizaciones ecologistas. Desde luego, sería una forma de que participara alguien realmente interesado en buscar soluciones.

Estamos, en efecto, ante una oportunidad que no podemos dejar que pase de largo. Es el mejor momento para tomar conciencia de que la desertificación es uno de los principales problemas ambientales de nuestro país e impulsar campañas de sensibilización entre los ciudadanos. De ahí que Ecologistas en Acción trate de involucrar también a las administraciones autonómicas y locales, pues, una vez transferidas las competencias ambientales, ellas son las únicas que tienen capacidad real de hacer algo práctico sobre el terreno. Pero ya veremos en qué queda todo, habida cuenta que este es un año marcado por la reforma de estatutos y por elecciones en varias comunidades autónomas. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente no puede esquivar de nuevo sus obligaciones como órgano encargado de establecer unas líneas directrices básicas y de coordinar las iniciativas que puedan adoptar finalmente los gobiernos regionales. Si es que adoptan alguna.