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Un coladero de especies invasoras

El pasado 7 de noviembre el Congreso de los Diputados admitió a trámite una proposición del Partido Popular (PP) para modificar la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Una propuesta, por cierto, de carácter urgente que ha contado con el respaldo del PSOE y Ciudadanos. Según María Teresa de Lara, la diputada del PP encargada de defender las razones de dicha modificación, las especies invasoras son “un problema ambiental y económico de primer orden”. Pero luego justificó la reforma presentada con el argumento de que trata de establecer un “nuevo régimen que permita que la lucha contra las invasoras coexista de manera pacífica con las actividades de caza y pesca.” ¡Acabáramos! La cuadratura del círculo. Para la diputada del PP, una comisión estatal podría “en casos excepcionales, que atiendan a cuestiones económicas o sociales, reconsiderar la catalogación de una especie invasora o levantar prohibiciones sobre la misma”.

El trasfondo hay que buscarlo en las presiones ejercidas por cazadores y, sobre todo, pescadores deportivos, para que algunas especies muy valoradas, como la trucha arco iris y la perca americana, tenga un trato de favor y eludan las limitaciones impuestas por el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Que fue donde finalmente fueron a parar tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo. En otras palabras, se trata de satisfacer el capricho de un colectivo de aficionados a la pesca aunque el daño repercuta en el conjunto de la biodiversidad. ¿Quién dijo que el Gobierno estaba obligado a velar por el interés de todos los españoles?

Ese mismo martes 7 de noviembre, las cinco principales organizaciones ambientales de nuestro país (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España) entregaron en el registro del Congreso un manifiesto que se oponía a la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. No era un documento cualquiera, una simple declaración de intenciones, sino que venía respaldado por más de 600 investigadores, 17 sociedades científicas y un centenar de ONG. Los promotores del manifiesto consideran que la actual ley ya es lo suficientemente flexible y contempla procedimientos para abordar la gestión de las especies exóticas invasoras de forma adecuada, tanto para descatalogar a una de ellas si se demuestra que no tiene un grave impacto para la biodiversidad, como para levantar las prohibiciones genéricas que pesan sobre su posesión, transporte, tráfico y comercialización.

En definitiva, la reforma ahora propuesta es un mero intento de eludir la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 17 de junio, que confirmaba la inclusión de varias especies foráneas, entre ellas la carpa, la trucha arco iris, el visón americano y el arruí, en el Catálogo español de especies exóticas invasoras. El trámite de urgencia elegido por el Grupo Parlamentario Popular evita también que la reforma se debata en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y en el Consejo de Estado.

No es la primera vez que el PP antepone criterios políticos o sociales a la mejor información disponible en cada momento, basada en trabajos científicos y técnicos. De hecho, es lo habitual en este partido. La biodiversidad tiene para ellos un carácter meramente subsidiario y si atisban una forma de explotación lucrativa, las consideraciones ambientales quedan relegadas a un segundo o tercer plano. Nunca son prioritarias. Como buenos devotos del liberalismo económico, todo queda supeditado al interés material. Un credo bien afianzado. Aunque, como todo credo, ilusorio.

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