Peligran los parques nacionales

A la naturaleza no le sientan bien ni las fronteras ni los encorsetamientos, límites a los que somos muy aficionados los humanos en general y los políticos en particular. La pasión por encajar en estructuras administrativas lo que se distribuye libremente según las leyes naturales puede llegar a rayar en lo absurdo. De todas formas, dado que hemos ordenado territorialmente el mundo, es inevitable buscar alguna fórmula de gestión que armonice nuestra trayectoria histórica y cultural con la indómita exhuberancia de la biodiversidad. Y es entonces cuando surgen los conflictos.

Como suele ocurrir con las instituciones que creamos, ninguna de ellas es perfecta, pero unas cumplen mejor que otras sus objetivos. En el caso concreto de los espacios naturales españoles, la ley vigente autoriza a las comunidades autónomas a crear cualquier figura de protección que estimen oportuna, lo que se traduce en un auténtico crisol de competencias administrativas que terminan por confundir al ciudadano de a pie, incapaz de distinguir entre un parque natural y un parque nacional, por no citar otras categorías más sutiles.

En su afán por acumular poder y competencias –además de presupuestos– las comunidades autónomas aspiran ahora a gestionar en exclusiva los parques nacionales, que hasta hace poco eran competencia del Estado y que actualmente administran conjuntamente los gobiernos regionales y el Ministerio de Medio Ambiente a través de un organismo autónomo específico. Esta nueva propuesta de gestión está avalada por un informe del Ministerio de Administraciones Públicas presentado en el consejo de ministros del pasado 14 de mayo y que, de salir adelante, vaciaría de contenido un importante departamento de la ministra Cristina Narbona. Las principales organizaciones ecologistas se han opuesto rotundamente a lo que consideran un intento de desmantelar la actual red de parques nacionales y no les falta razón cuando dicen en un comunicado conjunto que “la biodiversidad que albergan (...) es patrimonio de todos los ciudadanos por igual, con independencia de su situación geográfica, y por ello su conservación debe estar salvaguardada de intereses políticos o particulares”. Un buen ejemplo es el Parque Nacional de Aigües Tortes y lago de Sant Maurici, que perdió 2.000 hectáreas de superficie por intereses turísticos tras quedar en manos del la Generalitat de Cataluña en 1988.

En este mismo número de Quercus publicamos un artículo en el que Rafael Márquez analiza el estado de conservación de los anfibios y reptiles en las 17 comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla, con resultados muy irregulares a pesar de que muchas administraciones comparten con frecuencia las mismas especies. Tampoco tiene desperdicio la tribuna firmada por Eduardo Martínez de Pisón sobre los destrozos causados en el valle pirenaico de Espelunciecha para ampliar la estación de esquí de Formigal, donde, según sus propias palabras, en lugar de “extender la protección y acantonar el deterioro” se ha hecho justo lo contrario “ampliar el deterioro y acantonar la protección”. No se podía haber expresado con más acierto y menos palabras el riesgo que entraña una gestión exclusivamente autonómica de los actuales parques nacionales.