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El caso del río Alcarrache

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:53h
A raíz de un recurso presentado por propietarios de fincas que se sienten perjudicados, una reciente
sentencia judicial es contraria a la protección legal como corredor ecológico de la que goza un río
extremeño. Los detalles del caso no sólo reflejan
el desinterés hacia la conservación del medio
natural sino también la impunidad en la que
se mueven quienes lo dañan.
El río Alcarrache discurre por el suroeste de Extremadura y afluye al Guadiana por su margen izquierda, ya en Portugal, aguas arriba de la polémica presa de Alqueva, recientemente construida. A lo largo de su recorrido, de unos ochenta kilómetros, riega con sus aguas terrenos de los términos municipales de Barcarrota, Higuera de Vargas, Alconchel y Villanueva del Fresno, en la provincia de Badajoz.

El valle excavado está limitado al norte por los Llanos de Olivenza y al sur por las sierras de Jerez de los Caballeros. Puede definirse como un río típico del suroeste ibérico, muy dependiente de las precipitaciones anuales. En virtud del decreto 105/2001, publicado en el Boletín Oficial de Extremadura el 17 de julio de 2001, este cauce fue protegido con la figura legal de Corredor Ecológico y de Biodiversidad. El texto normativo extiende la protección a una banda de diez metros a ambos lados del cauce natural, que en las áreas con roquedos se ensancha hasta alcanzar los cien metros en cada margen del río. Por lo tanto, incluye las zonas de ribera.
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