Malos ejemplos

Hace unos meses, tras la fusión de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, ya dedicamos este artículo editorial a proclamar nuestras dudas sobre la conveniencia práctica y administrativa de mezclar organismos que están condenados a defender posturas contrarias. Y, por supuesto, interpretamos la fusión como una sumisión al ministerio más poderoso, en este caso el de Agricultura. Medio Ambiente pasaba, inevitablemente, a ocupar un segundo plano y perdía peso en las deliberaciones del Consejo de Ministros, digan lo que digan las fuentes oficiales. A los hechos nos remitimos: la política ambiental está en manos de gestores criados en las virtudes del productivismo y los últimos retazos de biodiversidad andan dispersos por sedes provisionales, a la espera de una futura remodelación del edificio que ocupaba el antiguo Icona. Al menos, esa es la versión oficial. Ya veremos si su destino no es diluirse en algún estamento de segundo o tercer rango.

Pero los malos ejemplos siempre resultan tentadores y algunos gobiernos autónomos, apoyados en la actual crisis económica, han hecho cambios en sus organigramas que también ningunean al medio ambiente. La Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, ha puesto la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio patas arriba y ahora comparte responsabilidades con un departamento tan problemático como el de Vivienda. Otro gobierno regional, el de Castilla-La Mancha, éste en manos del PSOE, ha transformado su prometedora Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en una más que sospechosa Consejería de Industria, Energía y (por fin) Medio Ambiente. El desarrollo rural ha ido a parar a Agricultura. Bien está capear los tiempos de crisis con medidas de ahorro, pero no a costa del más pobre e incómodo miembro de la familia institucional.

Una de las primeras consecuencias de estos enjuagues es que Castilla-La Mancha se ha quedado sin agentes de medio ambiente, convertidos en guardas forestales tras su paso a la Consejería de Agricultura. No les falta razón a los compañeros de Ecologistas en Acción cuando denuncian un “retroceso de décadas” con estos cambios. La política forestal, la prevención de incendios y la gestión de la caza y la pesca corresponde ahora a Agricultura. Mientras que los espacios naturales protegidos y la implantación de la red Natura 2000 depende de Industria. Ahora bien, con sus principales valedores sobre el terreno –los agentes ambientales– reintegrados al antiguo cuerpo de la guardería forestal.

Y lo peor está aún por llegar. Las medidas que baraja adoptar el Gobierno central para reactivar la economía se inspiran en el liberalismo económico a ultranza. Por ejemplo, está previsto agilizar las declaraciones de impacto ambiental para que no entorpezcan la obra pública inútil y redentora, como ya anunciábamos en el editorial del mes pasado. Si tenemos en cuenta que dichas declaraciones de impacto ya eran bastante ágiles y, en la práctica, habían terminado por convertirse en un mero trámite, sujeto al peaje de las medidas compensatorias, esa mayor flexibilidad prevista no permite aventurar nada bueno para la naturaleza.

En lugar de diseñar políticas a largo plazo, menos sensibles a los vaivenes coyunturales, nuestros responsables públicos siguen anclados en el remiendo y la improvisación. La presión del entorno les obliga a reaccionar rápido y nadie parece entender, ni la oposición, ni los votantes, ni las organizaciones ciudadanas, que la política apresurada se paga tarde o temprano. Todo esto, además, encaja muy bien en la ortodoxia del mercado, pero choca de frente con el ritmo pausado de los fenómenos naturales.