Con casi 70.000 hectáreas, Alt Pirineu es el mayor parque natural de Cataluña. Ahora que se han cumplido diez años desde que se creó, es buen momento para profundizar en el reto que supone gestionar un espacio protegido. La mejor herramienta para ello ha sido la conservación preventiva, aquella destinada a hacer compatible las actividades humanas con la conservación de valores naturales tan significativos como la mayor población ibérica de urogallo.
por Jordi Palau, Juan Fernández Gil, Marc Garriga y Jordi Canut
Declarado por la Generalitat de Cataluña hace ahora diez años, el Parque Natural del Alt Pirineu protege la cabecera y los altos valles que nutren al río Noguera Pallaresa, entre las comarcas leridanas del Pallars Sobirà y el Alt Urgell (Cuadro 1). El Decreto 194/2003, de declaración del Parque Natural del Alt Pirineu, fija dos objetivos fundamentales, que responden a las finalidades clásicas de los espacios gestionados bajo la categoría V de la UICN (“paisajes protegidos”): por una parte, conservar el patrimonio natural y cultural así como el paisaje del territorio protegido; por otro lado, ordenar las actividades antrópicas para que contribuyan al desarrollo socioeconómico local, pero de forma compatible con su conservación.
Para alcanzar estos fines, en enero de 2004 se constituyó el órgano gestor del parque con sede en Llavorsí, pequeña población estratégicamente elegida por dar acceso a los principales valles de la zona protegida. Depende del Departamento de Agricultura de la Generalitat y se ve complementado por la Junta Rectora, con carácter consultivo y formada por 39 miembros que representan diferentes departamentos de la Generalitat, las administraciones locales y los principales colectivos socioeconómicos o ambientales vinculados al territorio del parque. En la actualidad, el principal punto débil para la gestión del parque es la ausencia del Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje, equivalente al PORN, ya en proceso de elaboración pero con un retraso considerable que dificulta el trabajo del órgano gestor.
Una de las herramientas de conservación más importantes de que disponen las áreas protegidas es la emisión de autorizaciones o informes sobre las actividades que pueden desarrollarse en estos lugares. Dado que la mayor parte de nuestras áreas protegidas son poco estrictas (categoría V de la UICN), las actividades permitidas en las mismas suelen ser muchas y variadas (circulación motorizada, carreras de montaña, aprovechamientos ganaderos, forestales, cinegéticos y piscícolas y un largo etcétera) y el reto de los gestores consiste en hacerlas compatibles con los objetivos de conservación. Para ello, es fundamental que el parque cuente con un procedimiento administrativo que le permita intervenir de forma reglada para garantizar el cumplimiento de estos fines.
El primer problema es que estos objetivos suelen ser imprecisos o, cuando están bien definidos (como en los documentos de objetivos de la Red Natura 2000), se centran en listados de especies o hábitats que deben alcanzar un “estado de conservación favorable” incluso con requerimientos contradictorios entre ellos (por ejemplo, con prados de siega y bosques de ribera). Esta perspectiva basada en especies o hábitats concretos no responde bien a una lógica geográfica (que debería fundamentarse más bien en la restauración de los procesos ecológicos clave propios del área protegida) y puede generar dificultades prácticas para la gestión del espacio.
Europarc España elaboró en 2010 el documento “Buenas prácticas para las acciones de conservación preventiva”. En la introducción de este documento se apunta que la conservación preventiva es un ámbito de trabajo “gris”, discreto y poco vistoso, en tanto que se basa en la labor administrativa del personal técnico que gestiona el espacio. Sin embargo, tiene gran trascendencia para la conservación y un elevado valor coste-beneficio dado que con muy pocos recursos se pueden evitar impactos negativos, más o menos irreversibles, sobre los objetos de conservación del área.
Otras acciones proactivas son mucho más costosas (aunque también más visibles para los responsables políticos y para la sociedad), pero no siempre alcanzan los objetivos deseados y su relación coste-beneficio es menos favorable. Además, se suelen basar en experiencias desarrolladas en otros lugares con lo que, en muchas ocasiones, la respuesta de las especies no es la deseada a causa del diferente comportamiento de los ecosistemas según en qué áreas geográficas se encuentren.
En espacios donde la normativa permite numerosas actividades, la principal aportación del área protegida a la conservación viene dada frecuentemente por los pequeños éxitos que se obtienen mediante acciones preventivas. Esta circunstancia puede verse incrementada más aún en el presente contexto de crisis económica, con la consiguiente reducción en los presupuestos disponibles para acciones de conservación proactiva y la necesidad de optimizar recursos e incluso replantear el papel de las áreas protegidas en la sociedad.
No obstante, hay que tener en cuenta en todo momento las limitaciones. La conservación preventiva no permite, por ejemplo, abordar la restauración ecológica de un espacio cuando ésta requiere de acciones proactivas.
HemerotecaQuercus 330 (agosto 2013)
Ref. 5301330 / 3’90 • En tiempos de crisis, reforcemos nuestras áreas protegidas. Marta Múgica y otros autores.
Quercus 297 (noviembre 2010)Ref. 5301297 / 3’90
• Radiografía de los espacios naturales protegidos en España. Marta Múgica y otros autores.
Quercus 272 (octubre 2008)Ref. 5301272 / 3’90
• Veinte años de protección y gestión en la Albufera de Mallorca. Maties Rebassa y Pere Vicens.
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