Organizaciones ecologistas, de pescadores y de científicos se han dirigido por escrito al Ministerio de Agricultura y a las comunidades autónomas exigiendo el cumplimiento de la prohibición legal de introducción de especies invasoras, especialmente en los cursos fluviales y masas de agua.
Ecologistas en Acción, Ríos con Vida, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas, WWF, Greenpeace, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra, Unipesca, Sociedad Ibérica de Ictiología y Asociación Ibérica de Limnología, entre otras, han dirigido escritos al Ministro de Agricultura, al Secretario de Estado de Medio Ambiente y a las Comunidades Autónomas denunciando la aceptación por parte de las administraciones de los argumentos de los grupos de presión de las piscifactorías y de la pesca intensiva para solicitar la moratoria, e incluso la modificación a la baja, del Real Decreto de Especies Exóticas e Invasoras.
Estos grupos de presión pretenden seguir actuando en contra de la Ley de Patrimonio Natural, manteniendo el beneficio económico que les reporta el fomento de especies exóticas que causan un perjuicio muy notable tanto a las autóctonas y a los ecosistemas como a las actividades económicas verdaderamente sostenibles. Este el caso del siluro, el black-bass, el lucioperca, la trucha arco-iris, la carpa, los cangrejos exóticos, el lucio, el alburno, las variedades alóctonas de trucha común y esturión, entre otras.
Las organizaciones consideran que no es de recibo que los sectores de la acuicultura y de la pesca intensiva quieran imponer un modelo de negocio basado en la explotación de especies exóticas que causan graves problemas al medio ambiente y a las fuentes sostenibles de actividad económica, máxime cuando hay alternativas y se puede llevar a cabo una transformación racional de estas actividades hacia otras sostenibles que utilicen especies y variedades autóctonas.
En sus escritos, los firmantes recuerdan al Ministerio y a las Consejerías que quienes se oponen a la normativa no pueden alegar desconocimiento ni falta de tiempo para aplicarla pues desde 2007, con la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, están vigentes en España las limitaciones que les afectan, con antecedentes que se remontan a 1979 que derivan del Derecho internacional y de la UE.
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