Por David de la Bodega
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, del pasado 27 de octubre, ha resuelto un recurso de la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes (Grupo Iberdrola), contra una orden aprobada a principios de 2020.
Esta normativa delimitaba las zonas de protección para la avifauna castellanoleonesa, de cara a la aplicación de medidas contra la electrocución y la colisión en tendidos eléctricos.
El recurso cuestionaba la competencia de la Junta de Castilla y León para extender dichas zonas de protección a todo el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
SEO/BirdLife, por su parte, se personó en este procedimiento contencioso administrativo para defender que se aplicasen medidas antielectrocución y anticolisión de aves en toda la región.
Una sentencia que nos da la razón
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado parcialmente el recurso de la empresa del Grupo Iberdrola y anula la orden recurrida por cuestiones de procedimiento. Pero lo más importante es que la sentencia da la razón a SEO/BirdLife.
En efecto, el fallo judicial entiende que la ampliación de la protección a todo el territorio de la comunidad autónoma, a diferencia de lo que defendía la empresa, no es contrario al espíritu de la normativa estatal sobre esta materia, contenida en el Real Decreto 1432/2008.
El citado tribunal va más allá y afirma que la forma correcta de llevar a cabo esta regulación debería ser un reglamento.
A pesar de que la orden recurrida se sometió a información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, “en todo caso faltarían tramites esenciales como la consulta pública previa a la redacción del proyecto, la memoria e informe de los servicios jurídicos y órganos consultivos precisos”, indica la sentencia.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechaza la pretensión de la empresa de ser indemnizada por los daños y perjuicios que le pudiera haber ocasionado la publicación de la orden recurrida.
Debilidades del Real Decreto 1432/2008
Desde SEO/BirdLife entendemos que la sentencia es positiva al reconocer la competencia de la comunidad autónoma para ampliar la protección de las aves frente a los tendidos eléctricos peligrosos a todo el territorio regional, dada la presencia generalizada y significativa de especies vulnerables a esta amenaza.
Por ello, solicitamos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León que inicie la tramitación urgente de una nueva orden con todos los trámites que exige un reglamento, no como mero acto administrativo.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha puesto de manifiesto la compleja situación existente derivada de las debilidades del Real Decreto 1432/2008.
Esta normativa aprobada hace casi quince años ha quedado obsoleta y hoy en día dificulta la aplicación de medidas preventivas y correctivas en todo el territorio estatal para salvaguardar a las aves del impacto de los tendidos.
De hecho se ha llegado a la judicialización de esta cuestión en otras comunidades autónomas, de manera que se da un continuo conflicto de interpretación entre el citado real decreto y la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, entre otras normativas ambientales, además de una falta de actualización de las prescripciones técnicas legalmente vigentes.
Por ello, aprovechamos esta ocasión para volver a reclamar la urgente modificación del Real Decreto 1432/2008, algo que viene anunciando desde hace mucho tiempo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero sobre lo que no se ha mostrado ningún avance.
AUTOR
David de la Bodega (ddelabodega@seo.org), abogado ambientalista, es responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.
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