El acceso de los ciudadanos a la información oficial en materia de medio ambiente es un derecho reconocido por la Unión Europea, el Estado español y las comunidades autónomas. Sin embargo, a la hora de la verdad, se vulnera en un porcentaje muy alto de los casos. Por lo que parece, una cosa es la aceptación formal de la norma y otra muy distinta allanar el camino para que pueda cumplirse sin trabas el espíritu de la directiva que la regula. WWF/Adena acaba de hacer público un informe desolador: un tercio de las solicitudes hechas a la Administración del Estado queda sin respuesta al cabo de dos meses, porcentaje que se eleva a la mitad en el caso de las comunidades autónomas. Por el contrario, todas las peticiones formuladas ante la Comisión Europea obtuvieron contestación dentro del plazo previsto. Evidentemente, en España no se facilita el acceso a la información ambiental, lo cual, aparte de sus implicaciones éticas y legales, a menudo impide la iniciativa privada en campañas de conservación. Aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía deben quedar funcionarios celosos de lo público, como aquellos que primero impidieron a unos miembros de Aedenat –hoy, Ecologistas en Acción– consultar un documento expuesto a información pública y luego, ante su insistencia, accedieron a mostrárselo pero acompañados de dos guardias civiles.
No obstante, el cambio de talante parece que empieza a notarse en el Ministerio de Medio Ambiente. Cristina Narbona cerró el año 2004 haciendo públicos todos los informes relativos al Plan Hidrológico Nacional encargados por el Ejecutivo anterior, incluidos los que eran claramente desfavorables a sus intenciones. Es más, pueden consultarse en la página web del ministerio (
www.mma.es) y son muy útiles para ilustrar el debate sobre la gestión del agua en nuestro país. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto el pasado 23 de diciembre que regula la estructura y las funciones del nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), en el que participarán, entre otros, representantes de las cinco organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal (WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) y de los dos sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT). Aunque las conclusiones del CAMA no son vinculantes, el papel de este órgano de participación pública es fundamental para encauzar la política ambiental del Estado.
Tanto la transparencia informativa como los órganos consultivos son formas de involucrar activamente a la ciudadanía en las decisiones que adoptan los políticos. Un sano ejercicio de democracia que otorga a los españoles un papel que va más allá del simple voto a favor de una u otra candidatura. Lo deseable sería que ambas posibilidades se mantuvieran al margen del color de cada gobierno, aunque hasta la fecha no ha sido así. Arrastramos todavía cierta falta de cultura política y de iniciativa personal para que lo público se considere, en efecto, parte de un patrimonio común. Incluida, por supuesto, la información ambiental. Más que nada, porque la hemos pagado entre todos. El silencio administrativo no puede convertirse en un subterfugio al que puedan recurrir nuestros dirigentes para vulnerar un derecho tan fundamental como el acceso a la información. Es más, algo huele a podrido cuando el último recurso consiste en ocultar datos y los ecologistas han tenido siempre muy buen olfato para seguir este tipo de rastros.
