¿Quién parte el bacalao?

Hace un mes, entre los días 2 y 3 de mayo, tuvo lugar en La Coruña una conferencia para estudiar la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) –¡objetivo fijado para el año 2013!– convocada por la Presidencia Española de la UE y la Comisión Europea. A juicio de las organizaciones ecologistas, el resultado fue decepcionante en términos de participación. Es decir, en la declaración final apenas se reflejaron sus reclamaciones habituales en materia de sostenibilidad.

Como era de esperar, el peso de las discusiones recayó en los organismos públicos con competencias en la materia y en los representantes de las grandes empresas pesqueras. ¿Qué pedían los del bando disidente? Apenas nada: un buen funcionamiento de los ecosistemas marinos como garantía de pesquerías sostenibles, ampliar la escasa superficie que se dedica a las áreas marinas protegidas, eliminar los subsidios a la pesca industrial, controlar los descartes y los límites de captura y, en definitiva, que la reforma de la PPC se orientara más bien hacia la pesca artesanal. Evidentemente, en un sector obsesionado por pescar cada vez más y cuanto antes –no sea que se agote– todo esto debe sonar a anatema.

El documento tenía su importancia, porque sobre él trabajarían los ministros de pesca de la Unión Europea en una reunión que se celebró al día siguiente en Vigo. Xavier Pastor, director ejecutivo de Océana Europa, lo resumió en una sola frase: “los ministros de pesca de la UE tienen que comprender que el único camino sensato para superar el degradado estado actual de los recursos consiste en una gestión integral de los ecosistemas basada en la precaución y en una política pesquera que busque la sostenibilidad ecológica”. Con más del 80% de las pesquerías europeas en estado de sobreexplotación parece un buen consejo. Varias organizaciones conservacionistas, reunidas en un encuentro paralelo, recogieron sus reclamaciones sobre conservación del medio marino y de los recursos pesqueros en el llamado Manifiesto de Vigo. Pero, una vez celebradas las reuniones y aireadas sus miserias en la prensa, todo ha quedado aplazado hasta comienzos del año que viene. Para entonces se espera una propuesta de la Comisión sobre una nueva PPC que será debatida y aprobada a finales de 2012.
¿Cabe extraer alguna moraleja? Es evidente que la industria pesquera, con fuertes intereses económicos, intentará imponer sus criterios, los mismos que nos han llevado a la situación actual, más cercana al colapso que a la recuperación. Y no sólo en aguas europeas, sino en las de todo el mundo. Hoy en día, con nuestros caladeros esquilmados, tres cuartas partes del pescado que consumimos procede de otras latitudes. Que se lo digan a los portugueses, que tienen que importar su sacrosanto bacalao de Noruega e Islandia. O a los españoles, que comen atún del Índico. Mientras tanto, voces autorizadas, aunque marginales, seguirán reclamando una explotación racional de los recursos. El eterno dilema entre saqueo y moderación, entre pesca industrial y pesca artesanal, entre acuicultura intensiva y actividades extractivas tradicionales. Dos mundos, dos formas de entenderlo y de habitarlo. Y solamente una tiene posibilidades de prolongarse en el tiempo.