Hay que decirlo desde la primera línea: la situación del lobo ibérico en España no es ni mucho menos óptima, por más que algunos discursos interesados intenten hacer ver lo contrario. El más reciente censo nacional, difundido hace pocos días por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estima que existen 333 manadas. Puede parecer una cifra significativa, pero está muy por debajo del umbral mínimo de medio millar de manadas que los científicos consideran necesario para garantizar la viabilidad genética y ecológica del lobo a largo plazo.
No es un número al azar, sino el resultado de años de consenso científico internacional con el que también sintoniza el informe independiente encargado por WWF España a dos de los mayores especialistas en la especie: Juan Carlos Blanco y José Vicente López-Bao, ambos miembros del Grupo de Especialistas en Cánidos de la UICN. Sus conclusiones confirman que el lobo en España sigue en estado de conservación desfavorable. Nuestra población lobera apenas ha crecido en la última década y, lo que es aún más preocupante, presenta la menor diversidad genética de todas las poblaciones europeas.
Con estos datos sobre la mesa, reducir la protección legal del lobo, como acaba de ocurrir en España, o plantear su caza como principal medida de gestión, como ya ha vuelto a reemprenderse en algunas comunidades autónomas, es injustificable. Otro científico de referencia, colaborador habitual de Quercus, Alejandro Martínez-Abraín, precisamente nos advierte en este mismo número (págs. 12-13) sobre la necesidad de contar con datos demográficos sólidos y actualizados para la gestión del lobo. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido recientemente tres sentencias que prohíben la aprobación de cupos de caza de lobos en territorios donde la especie no ha alcanzado un estado de conservación favorable. Estas sentencias, que afectan a regiones de Austria, Estonia y también a Castilla y León, refuerzan el principio de que no se puede matar lo que aún no hemos conseguido salvar.
A la luz de todos estos pronunciamientos desde el ámbito de la ciencia y la justicia, no nos extraña que las organizaciones ecologistas hayan denunciado que la reciente rebaja en la protección legal del lobo en España ha sido una decisión política, tomada sin respaldo científico. Merece la pena recordar la forma en que se ha hecho: mediante la aprobación en el Congreso de los Diputados de una norma que nada tiene que ver con la biodiversidad (la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario), lo que ha encendido aún más las alarmas. Tanto es así que el Defensor del Pueblo acaba de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta maniobra legislativa, a petición de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), la misma organización que promovió en 2021 la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).
La preocupación por el futuro del lobo ha calado en la sociedad, como queda reflejado en las páginas 48 y 49 de este número de Quercus, dedicadas a una crónica de la histórica manifestación convocada el pasado 22 de junio con el apoyo de casi doscientas asociaciones y entidades, entre ellas la revista Quercus. Miles de personas recorrimos las calles de Madrid bajo una misma consigna, “Lobo vivo, lobo protegido”, aunque todos sabíamos que no se trataba sólo de lograr que se volviese a proteger una especie. Estábamos allí también para defender el valor de la ciencia, la coherencia en las políticas públicas y, en última instancia, la garantía de una biodiversidad que tanto necesitamos.
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