Ecologistas en Acción se ha apuntado una gran victoria en su lucha legal contra el desdoblamiento de la M-501, la célebre “carretera de los pantanos”, que atraviesa uno de los enclaves naturales más valiosos de la Comunidad de Madrid. Como muestra, basta con citar a tres de las especies que se verían afectadas por las obras, nada menos que el águila imperial, la cigüeña negra y el buitre negro. No es extraño, por lo tanto, que la Unión Europea haya catalogado el suroeste madrileño como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
¿Cómo encaja una autovía de cuatro carriles en un paraje así? Pues, sencillamente, no encaja. Y así lo han denunciado desde siempre las organizaciones ecologistas. La única excusa para desdoblar dicha carretera es “facilitar” el tránsito entre Madrid y las urbanizaciones de segunda residencia que empiezan a proliferar por todas partes, dentro del ya conocido modelo de desarrollo –a todas luces insostenible– basado en el asfalto y el hormigón.
El desdoblamiento de la carretera fue desechado en el año 2000 con el apoyo de un informe negativo elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Cuando cinco años después Esperanza Aguirre alcanzó la presidencia de la Comunidad de Madrid decidió resucitarlo, a sabiendas del enorme impacto que tendría y de que las obras podían declararse ilegales. En ese mismo año de 2005 Ecologistas en Acción recurrió la aprobación de las obras y el pasado mes de febrero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid les ha dado la razón. Como Esperanza Aguirre y su consejero de Transportes e Infraestructuras, Manuel Lamela, no se dan por vencidos y han recurrido la sentencia, Ecologistas en Acción ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que paralice las obras hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Ahora bien, aunque el Tribunal Superior de Justicia haya aceptado la petición de Ecologistas en Acción, exige el depósito de una abultada fianza cifrada en 497.567 euros, casi 83 millones de las antiguas pesetas. A pesar del éxito cosechado en los tribunales, Ecologistas en Acción considera “lamentable que el cumplimiento de la legalidad se vincule de forma sistemática con el depósito de fianzas millonarias, incluso a organizaciones sin ánimo de lucro. Resulta increíble –añade esta ONG– que los denunciantes, a los cuales los tribunales han dado la razón, tengan que poner medio millón de euros para conseguir que se cumpla la sentencia, mientras que sea tan barato para los infractores incurrir en la ilegalidad.”
Ante semejante disyuntiva, Ecologistas en Acción se ha puesto a reunir fondos. Otras ONG acudirán sin duda en su ayuda, pero también cuentan con el apoyo de los particulares que puedan aportar dinero, ya sea en forma de préstamo (que sería devuelto si el Tribunal Supremo confirma la sentencia o se consigue rebajar el monto de la fianza) o de donativo a fondo perdido. Cualquiera que quiera unirse a esta campaña puede contribuir con su aportación en la siguiente cuenta de Caja Madrid: 2038 1016 33 6000831978. Además, tanto los donantes como los prestamistas pueden solicitar un certificado para desgravarse legalmente el importe en su próxima declaración de la renta (
m501@ecologistasenaccion.org).
La política de hechos consumados, tan del gusto de quienes promueven urbanizaciones e infraestructuras, se ve reforzada por el calvario que supone para los denunciantes enfrentarse a estas fianzas millonarias. Legales, sin duda, pero también injustas.
