El análisis de los registros oficiales sobre los casos de envenenamiento de fauna en España, accesibles a través de la base de datos del Programa Antídoto, subraya la necesidad de sistematizar y mejorar la información recogida. Ejemplo de ello es que las estadísticas reflejan bien los efectos del veneno en las especies protegidas y carismáticas, pero se quedan cortas en lo que se refiere a especies comunes y generalistas, como el zorro.
Por María Fernández-García, José Vicente López-Bao, Pedro P. Olea, Javier Viñuela y Patricia Mateo-Tomás
Aunque el uso de veneno contra la fauna se lleva persiguiendo legalmente en España desde los años setenta del siglo pasado, se trata de una amenaza muy presente todavía en nuestro entorno. Su uso compromete la conservación de multitud de especies silvestres, pero también supone un riesgo nada despreciable para los seres humanos y los animales domésticos.
La gravedad es tal que mientras la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad prohíbe el uso de métodos masivos o no selectivos –como el veneno– para la captura o muerte de animales, el artículo 336 del Código Penal tipifica como delito el envenenamiento ilegal de fauna. Es decir, los envenenadores se enfrentan a penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, además de la prohibición de cazar o pescar y de tener o portar armas entre uno y tres años.
De la necesidad de hacer frente a esta amenaza, cuyo impacto en la naturaleza era poco conocido y difícilmente detectable, surge en 1997 en España el Programa Antídoto, en el que participan las principales ONG conservacionistas del país. Una de las actividades más relevantes de este programa es centralizar la información sobre casos de envenenamiento de fauna silvestre. Desde el año 2000 esta tarea es asumida por WWF España y SEO/BirdLife, habiéndose generado una extensa base de datos nacional con más de 21.000 animales muertos en casi diez mil eventos de envenenamiento hasta 2017. Este registro se nutre principalmente de la información recopilada por las comunidades autónomas, que son las autoridades competentes en la lucha contra el envenenamiento de fauna.
AUTORES:
María Fernández-García es estudiante de doctorado. José Vicente López-Bao y Patricia Mateo-Tomás son científicos titulares del CSIC. Los tres pertenecen al grupo "Coexistencia para la conservación", del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, un centro con sede en Mieres (Asturias) surgido de la colaboración de tres instituciones: el CSIC, la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias.
Pedro Pérez Olea es profesor titular de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global, adscrito a esa universidad.
Javier Viñuela Madera es investigador científico del CSIC en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, con sede en Ciudad Real. Es asesor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la Estrategia española contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural y miembro fundador del Programa Antídoto.
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María Fernández-García
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