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El maremoto ambiental del Partido Popular

miércoles 22 de octubre de 2014, 11:53h
El mes pasado dedicamos el artículo editorial a los negros nubarrones que se ciernen sobre las baqueteadas costas españolas, amenazadas por el asfalto, el cemento y el ladrillo. Pero, desde entonces, el panorama se ha vuelto cada día más sombrío. Miguel Arias Cañete, nuestro flamante ministro de Medio Ambiente –es decir, de Agricultura– no se conforma con arremeter contra el litoral y la política hidrológica, sino que está dispuesto a que ninguna traba ambiental se oponga al sacrosanto desarrollo económico. Como apóstol del liberalismo a ultranza, ha anunciado profundos cambios en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, una buena norma básica que costó años y mucho esfuerzo sacar adelante. Ahora, escudado en la crisis y la falta de empleo, Díaz Cañete está dispuesto a eliminar cualquier barrera que estorbe a los mercados, incluido el laboral.

Lo peor de todo es que sus argumentos huelen a rancio. Parecen muy enérgicos y novedosos, pero consagran la misma receta que nos ha llevado a la actual crisis económica y financiera. El discurso falla por su base y, en lugar de ofrecer soluciones, viene a reforzar los problemas. Casi hubiera sido preferible que fuera honesto con su ideología y no tratara de dorar la píldora ambiental. No resulta creíble. Tenemos un ministro de Medio Ambiente que, en lugar de esforzarse por hacer cumplir la legislación vigente, con lo que ya habríamos ganado bastante, pretende convertirla en papel mojado. Ahí lo tenemos, hablando de “racionalizar” la protección de nuestra flora y fauna, “compatibilizar” la conservación de la naturaleza con la industria turística, “buscar fórmulas de acuerdo” para revisar el catálogo de especies exóticas invasoras y ajustar a la irrespirable realidad el Plan de calidad del aire. Por no hablar de su ya anunciada intención de revisar a fondo las leyes que amparan dos dominios todavía públicos como el marítimo-terrestre y el hidráulico. La guinda de tan indigesto pastel es declarar la sierra de Guadarrama como parque nacional, aunque el actual proyecto no reúna las condiciones necesarias. Dado el fin que le pretende dar, una especie de colonia de vacaciones, las cumple de sobra.

A tan desalentador panorama se ha unido recientemente Ana Pastor, la ministra de Fomento. Después de criticar el despilfarro de anteriores administraciones, ha anunciado perseverar en los mismos errores que cometieron quienes la precedieron en el cargo. El nuevo Plan de infraestructuras, transporte y vivienda contempla unas inversiones de 225.000 millones de euros hasta el año 2024. A pesar, como bien recuerda Ecologistas en Acción, de que somos “el primer país europeo en kilómetros de autovías, autopistas y alta velocidad ferroviaria”, por no hablar de nuestro récord mundial en aeropuertos sin pasajeros ni aviones, como los de Castellón, Badajoz o Ciudad Real.

Al mismo tiempo que se anuncian estos cambios, vemos cómo se reducen drásticamente las inversiones en investigación y empiezan a desmantelarse servicios públicos tan básicos como la sanidad, la educación y la atención a las personas mayores. Se diría que el Partido Popular se ha lanzado a una campaña de declaraciones basada en vaguedades, cuando no en abiertas contradicciones, para ocultar sus verdaderos propósitos.
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