Editorial

Como ya sabrán todos los lectores de Quercus, el pasado 23 de octubre un cazador resultó atacado y levemente herido por una osa en el Pirineo catalán. A partir de entonces, no han cesado las peticiones desde distintos ámbitos para que se capture al animal y las consiguientes réplicas de los grupos ecologistas para que se regule la caza allí donde esta actividad comparte territorio con especies protegidas. Una polémica por lo demás estéril si nos atenemos a los hechos. La osa, conocida como Hvala, fue atosigada durante toda la mañana por los perros de los cazadores y es posible que estuviera acompañada de una cría. El acoso se saldó con un ataque sin consecuencias graves y a todas luces defensivo. Cualquiera que haya intentado observar a la fauna en su entorno natural sabe que la reacción habitual de los animales es la huida y de ahí que resulte difícil localizarlos, en especial a los mamíferos y más si son de gran tamaño. Podría decirse que para ser atacado por una osa hay que haber tenido una conducta temeraria.

El debate de fondo es otro. Cuando hablamos de amar y respetar la naturaleza, ¿a qué nos referimos exactamente? Es en casos como el protagonizado por la osa Hvala cuando quedan al aire todas las carencias de nuestra sociedad, por no decir su cinismo. Podemos sentirnos afortunados de que aún existan poblaciones de oso, o de lobo, en un país europeo e industrializado. Pero, por supuesto, las declaraciones de intenciones no bastan y, además, hay que saber convivir con especies que pueden causar problemas. Los daños del oso o del lobo deben ser reparados con prontitud y aceptar que, si queremos un entorno bien conservado, tenemos que asumir algunas molestias. Más problemas genera la vida en las ciudades, por no recurrir al tópico de los accidentes de tráfico, para que ahora nos rasguemos las vestiduras por un incidente aislado y anecdótico.

Hace ya bastantes años, en mayo de 1998, cuando Quercus iniciaba su etapa mensual, publicamos un artículo muy interesante de Pancho Purroy, Anthony Clevenger, Luis Costa y Mario Sáenz de Buruaga sobre la depredación de osos y lobos sobre el ganado y las especies de caza mayor en las montañas leonesas de Riaño. Dada su vigencia, ganas hemos tenido de publicarlo de nuevo dos décadas después. Una de sus conclusiones principales es que ni el oso ni el lobo viven por gusto en esos reductos montañosos, sino que los hemos acorralado allí a fuerza de cultivos, carreteras y construcciones. Basta con consultar algunos libros añejos para percatarse de que ambas especies habitaban hace pocos siglos en el centro peninsular. El lobo ha comenzado a reconquistar sus antiguos territorios, para disgusto de los mismos agoreros que ahora claman contra Hvala, mientras que el oso lo tiene más difícil. Pero se están dando los pasos necesarios para ello, con la oposición de un puñado de cavernícolas, y será de rigor ceder algo de terreno, aunque sea un poco, si de verdad queremos presumir de ser un país moderno y civilizado.

Un 15 de agosto de hace justo cuarenta años apareció en el BOE el primer decreto de creación del Parque Nacional de Doñana. “Aquella noche, la más larga de mi vida, la pasé explicando a mi mujer cuánto, desde aquellos lejanos días de 1952, había deseado que llegara ese día”, cuenta José Antonio Valverde en sus impagables Memorias de un biólogo heterodoxo.

Pocos años antes, el naturalista español que asumió la tarea ciclópea de hacer realidad su sueño de unas marismas del Guadalquivir protegidas, había sido testigo de excepción del nacimiento del WWF, fundación creada para apoyar económicamente la salvación de Doñana antes de convertirse en el símbolo planetario de la defensa de la vida silvestre amenazada.

Cuarenta años después de aquel BOE, la oficina española del WWF (conocida durante buena parte de su larga trayectoria como Adena, otras siglas históricas), ha presentado un informe que a buen seguro habría también desvelado a Valverde, pero esta vez no por la emoción de un sueño realizado, si no por la desilusión de todo lo contrario. Doñana no podrá sobrevivir si no consigue ver triplicada la cantidad de agua que recibe hoy en día (estimada en 75 hectómetros cúbicos al año), advierte el informe.

WWF España se basa en este documento para reclamar que se reduzcan a la mitad los cultivos del entorno del parque nacional que se riegan con aguas subterráneas (mayoritariamente fresón), a menudo obtenidas con pozos ilegales que deberían estar cerrados. Además, esta ONG exige que no se demoren más las actuaciones de restauración hidrológica a la que se comprometieron años atrás las administraciones en el famoso plan “Doñana 2005”, con el objetivo de que el río Guadiamar vuelva a inundar la marisma.

Cuarenta años después de aquel BOE, Doñana ha perdido el 80% del aporte natural de agua que tenía. En condiciones normales, los acuíferos descargaban en los arroyos y estos, a su vez, en la marisma. Sin embargo, los regadíos han bloqueado este flujo al robar el agua y hacer que Doñana muera lentamente de sed. Así lo indica la desaparición de buena parte de la vegetación que depende de estos aportes, por no hablar de la disminución de las poblaciones emblemáticas de especies muy ligadas al medio acuático, como el avetoro o la cerceta pardilla.

Otro espacio protegido ha sido aún más dañado por el robo de agua para el riego agrícola abusivo: las Tablas de Daimiel, antaño corazón vivo de la Mancha Húmeda y actualmente un remedo reseco y agonizante de aquel esplendor natural de antaño, hasta el punto de que únicamente la inercia histórica justifica que mantenga su largo currículo de títulos proteccionistas, empezando por el de parque nacional. Cuarenta años después de aquel BOE, Doñana corre hoy en día el peligro de convertirse en un nuevo Daimiel.

A finales del pasado mes de julio, un juzgado de Ávila declaró nulas las autorizaciones para construir una gran urbanización, tal y como informamos en este número de Quercus (págs. 58 y 59). La zona elegida para los 7.500 chalets previstos, además de tres campos de golf y un hotel de lujo, es un pinar de alto valor ecológico en el término municipal de Villanueva de Gómez (Ávila) donde, entre otras rapaces, campea el águila imperial ibérica.

Felicitamos a SEO/BirdLife por el magnífico trabajo –a través de innumerables informes jurídicos, denuncias penales y recursos– que en los últimos años ha llevado a cabo la ONG para acreditar la importancia del bosque afectado, algo que nadie antes se había tomado la molestia de valorar, como lo demuestra el hecho de que los terrenos en cuestión llevaban más de veinte años recalificados como urbanizables.

Juan Carlos Atienza, coordinador de conservación de SEO/BirdLife, lo dice muy claro en Pluma y conservación, su más que recomendable blog: “Se trata de una sentencia que abre nuevas puertas y que deja claro que el hecho de que un suelo esté calificado como urbanizable no quiere decir que pueda construirse en él de cualquier manera”.

El interés de este pronunciamiento judicial se acrecienta más aún si tenemos en cuenta que las obras de la urbanización estaban bastante avanzadas, con muchos metros de viales ya asfaltados. Y lo que es más significativo, el pinar no goza de protección alguna, a pesar de merecerlo sobradamente. No olvidemos que, en un país como el nuestro, comprobamos demasiado a menudo cómo ni siquiera la declaración de un parque, reserva o cualquier otra figura legal proteccionista, impide que se lleven a cabo proyectos incompatibles con su vocación conservacionista (véase el caso de la estación de esquí de San Glorio en plena zona osera cantábrica).

Por eso, es una de las mejores noticias con las que nos hemos tropezado en los últimos tiempos el hecho de que un juez haya tenido en cuenta el valor intrínseco de un espacio natural, independiente de que haya sido protegido o no por la Administración de turno. Y además, que lo haya hecho con semejante contundencia, ya que la sentencia ordena demoler lo construido y restaurar lo destruido. En otras palabras, las calles trazadas entre los pinos tendrán que ser levantadas y habrá que reponer los miles y miles de árboles talados.

Se nos ocurren multitud de casos en los que el precedente de Villanueva de Gómez podría ser extrapolable por tratarse de espacios naturales sin protección legal sobre los que sin embargo gravitan proyectos destructivos que ponen en peligro valores naturales excepcionales. Un ejemplo son las obras del campo de golf que han empezado a arrasar el santuario de orquídeas de Son Bosc, en Mallorca, cercano pero fuera de los límites del Parque Natural de S’ Albufera. Nuestras últimas noticias son que la promotora del proyecto insiste en continuar con las obras, a pesar de que el Gobierno balear ha ordenado paralizarlas por estar tramitándose la incorporación de la finca afectada a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El asunto ha tenido una gran repercusión internacional y ha motivado ya varias oleadas de cartas de protesta de expertos y conservacionistas europeos alarmados ante un escándalo que se debe (y aún se puede) detener.

De todos es sabido que la agricultura ha sido siempre un sector fuertemente intervenido. Claro que también lo están la ganadería, la minería, los carburantes… No deja de ser curioso que las actividades productivas con mayores consecuencias para el entorno natural sean también las más insostenibles. Es decir, las menos capaces de sostenerse por sí mismas. ¿Qué ha sido de los paladines del libre mercado?
Pero no se trata de cuestionar sacrosantos conceptos macroeconómicos, sino de echar un vistazo a la reforma de la Política Agraria Común, la célebre PAC, cuyas directrices hasta el año 2013 están diseñándose en estos momentos. También es sabido que si la renta rural no se aproxima a la renta urbana la reacción inmediata es el éxodo hacia las ciudades. Por más que nos parezca extraño este cambio entre lo natural y lo artificial, entre lo abierto y lo cerrado, los sociólogos tienen bien estudiado el fenómeno. Manda el dinero y la gente es capaz de abandonar vida, hacienda y terruño por un puñado de monedas, o por su nebulosa promesa. Así que los políticos que rigen nuestros destinos colectivos tratan de fijar a la población rural con ventajas económicas de todo tipo, aunque desvirtúen el mercado, entre las que se encuentran las contempladas en la PAC. Por eso no es extraño que, en estos tiempos de reflexión, tanto WWF España como SEO/BirdLife hayan pedido a la Comisión Europea una nueva PAC que se comprometa tanto con el medio ambiente como con los ciudadanos. Sobre todo si se tiene en cuenta que el sector agrario absorbe la mayor partida del presupuesto comunitario y extiende su influencia sobre el 80% del territorio.

Lo más importante es que esos beneficios que perciben agricultores y ganaderos queden sujetos a contrapartidas ambientales como uno de los objetivos específicos de la nueva PAC, incluida la gestión del agua, tan decisiva en nuestro país. De ser así, mal se presentaría el futuro para los delincuentes que excavan pozos ilegales en los aledaños de algunos espacios protegidos, o incluso dentro de ellos, como ocurre en Doñana o en las Tablas de Daimiel.

Otro dislate es que la mayor parte de las ayudas de la PAC vayan a parar a la agricultura intensiva, la que cuenta en teoría con mayores recursos y ejerce una mayor presión sobre el medio, mientras que las prácticas tradicionales y más sostenibles, como la ganadería extensiva o las fincas que han quedado integradas en la red europea Natura 2000, solamente reciben apoyos marginales.

Así que WWF España y SEO/BirdLife están cargados de razón cuando exigen al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que apoye las medidas que se están estudiando ahora para mejorar la sostenibilidad global de la agricultura europea. Es lo menos que cabe esperar de un ministerio que reune en su seno al medio ambiente, biodiversidad incluida, y a la agricultura. Además, y a diferencia de otros países vecinos, en España todavía hay muchos agricultores y ganaderos tradicionales que podrían beneficiarse de estas ayudas. El problema de fondo radica en que cada agricultor descontento es un voto que se pierde y, claro, ante semejante amenaza pierde peso la defensa del interés común, la reforma de la PAC, las instituciones europeas y hasta el liberalismo económico. Por no hablar de la biodiversidad.

Veinte años. Ya han pasado veinte años desde que en 1992 se celebrara la famosa Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Los lectores más veteranos de Quercus recordarán que por aquel entonces dedicamos una sección periódica a desentrañar los preparativos y las conclusiones de tan magno evento. No volveremos a hacerlo, a pesar de que esté convocada una nueva Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en esa misma ciudad brasileña para el próximo mes de junio. La experiencia de estas dos décadas nos indica que no merece la pena. Como reza su enunciado, la que desde sus inicios se conoce como Río + 20 vuelve a centrar su interés en el concepto de desarrollo sostenible, pero desde la perspectiva de una economía verde. Si “desarrollo sostenible” ya era un término resbaladizo, que cada cual ha interpretado a su conveniencia, “economía verde” parece ser una patente de corso para pintar de ese color el ultraliberalismo económico que hoy domina el mundo globalizado. Lo que se pretende es un imposible: mantener el actual estado de cosas y arbitrar medidas en defensa de los recursos naturales que sostienen, directa o indirectamente, cualquier tipo de actividad económica, ya sea verde, blanca o negra.

De aquí a junio se hablará mucho de Río + 20, acudirán delegados de cientos de naciones, los medios de comunicación destacarán enviados especiales (si la crisis no lo impide), los debates serán largos e intensos, las conclusiones llenarán cientos de páginas (virtuales y reales) y de tanto esfuerzo surgirá un documento, ponderado, tibio y repleto de buenas intenciones, que absolutamente nadie cuenta con que tenga alguna relevancia práctica. Carpetazo y a esperar a Río + 40 para repetir la pantomima. Seguro que nuestras autoridades ambientales se mueven como pez en el agua en estas reuniones tan glamurosas, mediáticas y vacías de contenido.

La realidad, en cambio, es bien tozuda. El planeta está habitado por 7.000 millones de seres humanos y se espera que sean 9.000 millones en el año 2050. Los recursos seguirán siendo los mismos, pero las necesidades de esa creciente población irán en aumento. Somos una especie insaciable y, en términos estrictamente biológicos, nuestro papel podría equipararse al
de una plaga. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha calculado que, para ese año 2050, la humanidad necesitará tres planetas Tierra para cubrir sus demandas energéticas y alimentarias. Aquí es donde entra en escena la economía verde, capaz
de atender tales necesidades por el camino de la intensificación, es decir, los cultivos transgénicos y los biocombustibles. Otro problema será cómo repartir esos bienes, cada vez más apetecidos, entre un mayor número de pretendientes. No hace falta ser muy avispado para vaticinar tensiones y desequilibrios en los años venideros. Aparte de que eso de vivir por encima de nuestras posibilidades no parece un defecto exclusivo del españolito medio, sino una aspiración legítima de cualquier hijo de vecino.
¿Un panorama sombrío? Pues sí. ¿Resignación? En absoluto. Como han dicho las ONG ambientales en innumerables ocasiones, como si clamaran en el desierto, otro mundo es posible. Pero es preciso vencer tales inercias que el cambio se vislumbra revolucionario. Lo que ya no es de recibo es que la orquesta siga tocando mientras se hunde el Titanic y la conferencia de Río + 20 es como la octava sinfonía de Mahler, conocida entre los melómanos como “la de los mil” debido a la enorme cantidad de músicos y cantantes que hay que reunir para interpretarla.

El dato es escalofriante: 633 rinocerontes fueron abatidos ilegalmente en Suráfrica a lo largo del año 2012, según fuentes gubernamentales. De ellos, 395 murieron en el Parque Nacional Kruger, es decir, más de un 62%. También es cierto que todas las detenciones de cazadores furtivos, hasta un total de 67, tuvieron lugar dentro de ese mismo espacio protegido, de resonancias míticas para los amantes de la fauna silvestre. Las cifras son todavía peores si se comparan con las de años precedentes: 333 rinocerontes en 2010 y 448 en 2011, 146 y 252 de los cuales fueron cazados en Kruger. En otras palabras, los furtivos son cada vez más eficaces y las poblaciones afectadas están sufriendo una presión muy por encima de lo tolerable.

Hace unos meses, tras la fusión de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, ya dedicamos este artículo editorial a proclamar nuestras dudas sobre la conveniencia práctica y administrativa de mezclar organismos que están condenados a defender posturas contrarias. Y, por supuesto, interpretamos la fusión como una sumisión al ministerio más poderoso, en este caso el de Agricultura. Medio Ambiente pasaba, inevitablemente, a ocupar un segundo plano y perdía peso en las deliberaciones del Consejo de Ministros, digan lo que digan las fuentes oficiales. A los hechos nos remitimos: la política ambiental está en manos de gestores criados en las virtudes del productivismo y los últimos retazos de biodiversidad andan dispersos por sedes provisionales, a la espera de una futura remodelación del edificio que ocupaba el antiguo Icona. Al menos, esa es la versión oficial. Ya veremos si su destino no es diluirse en algún estamento de segundo o tercer rango.

Pero los malos ejemplos siempre resultan tentadores y algunos gobiernos autónomos, apoyados en la actual crisis económica, han hecho cambios en sus organigramas que también ningunean al medio ambiente. La Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, ha puesto la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio patas arriba y ahora comparte responsabilidades con un departamento tan problemático como el de Vivienda. Otro gobierno regional, el de Castilla-La Mancha, éste en manos del PSOE, ha transformado su prometedora Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en una más que sospechosa Consejería de Industria, Energía y (por fin) Medio Ambiente. El desarrollo rural ha ido a parar a Agricultura. Bien está capear los tiempos de crisis con medidas de ahorro, pero no a costa del más pobre e incómodo miembro de la familia institucional.

Una de las primeras consecuencias de estos enjuagues es que Castilla-La Mancha se ha quedado sin agentes de medio ambiente, convertidos en guardas forestales tras su paso a la Consejería de Agricultura. No les falta razón a los compañeros de Ecologistas en Acción cuando denuncian un “retroceso de décadas” con estos cambios. La política forestal, la prevención de incendios y la gestión de la caza y la pesca corresponde ahora a Agricultura. Mientras que los espacios naturales protegidos y la implantación de la red Natura 2000 depende de Industria. Ahora bien, con sus principales valedores sobre el terreno –los agentes ambientales– reintegrados al antiguo cuerpo de la guardería forestal.

Y lo peor está aún por llegar. Las medidas que baraja adoptar el Gobierno central para reactivar la economía se inspiran en el liberalismo económico a ultranza. Por ejemplo, está previsto agilizar las declaraciones de impacto ambiental para que no entorpezcan la obra pública inútil y redentora, como ya anunciábamos en el editorial del mes pasado. Si tenemos en cuenta que dichas declaraciones de impacto ya eran bastante ágiles y, en la práctica, habían terminado por convertirse en un mero trámite, sujeto al peaje de las medidas compensatorias, esa mayor flexibilidad prevista no permite aventurar nada bueno para la naturaleza.

En lugar de diseñar políticas a largo plazo, menos sensibles a los vaivenes coyunturales, nuestros responsables públicos siguen anclados en el remiendo y la improvisación. La presión del entorno les obliga a reaccionar rápido y nadie parece entender, ni la oposición, ni los votantes, ni las organizaciones ciudadanas, que la política apresurada se paga tarde o temprano. Todo esto, además, encaja muy bien en la ortodoxia del mercado, pero choca de frente con el ritmo pausado de los fenómenos naturales.

A los lectores más veteranos de Quercus el título de este editorial les habrá evocado problemas añejos que creían superados. Pero, al parecer, volvemos a las andadas. Cuarenta años después de su declaración como parque nacional en 1969, los eucaliptos vuelven a merodear por el entorno de Doñana, como si no hubiera llovido nada desde entonces. Los propietarios de las fincas de Cochinato y Cerrado Garrido han empezado a preparar los terrenos para implantar en ellos un cultivo intensivo de eucaliptos, con destino esta vez a la producción de biomasa. Tras el auge de la celulosa, las nuevas subvenciones que se conceden para fomentar las energías renovables han vuelto a hacer rentable a esta especie de crecimiento rápido y efectos devastadores sobre el suelo. Como bien han apuntado desde Ecologistas en Acción de Andalucía, “la fuente de biomasa debe ser sostenible, para lo cual hay que exigir que proceda de restos agrícolas o de podas y rozas del bosque.”
Pero no se trata de un caso aislado. La Empresa Nacional de Celulosa España (ENCE) está implantando más de 2.000 hectáreas de eucaliptos para este mismo fin en la provincia de Huelva, por si no fueran pocas las 100.000 aún destinadas a pasta de papel. El resultado es una nueva contradicción entre energías renovables y conservación de la biodiversidad, sectores que deberían ir de la mano en lugar de alimentar el enfrentamiento. Cuando se da por hecho que tanto la energía solar, como la eólica y la biomasa son intrínsecamente buenas, sus promotores no entienden que sean precisamente los ecologistas los que pongan pegas. El problema radica, como siempre, en el modelo elegido. Las energías alternativas no sólo son buenas, sino indispensables, mientras no caigan en la lógica empresarial imperante, dada a la concentración y al lucro inmediato. Con un criterio realmente sostenible, habría que buscar los emplazamientos adecuados para situar los parques eólicos, los huertos solares y los cultivos para biodiesel o biomasa. Si seguimos la tendencia imperante, sólo obtendremos sierras invadidas por aerogeneradores, huertos solares en zonas valiosas para la biodiversidad y cultivos forestales monoespecíficos en las lindes de nuestros mejores espacios naturales protegidos. Las energías renovables no eran esto.

El asunto tiene todavía más bemoles si caemos en la cuenta de que la propia Junta de Andalucía se ha dedicado a eliminar 10.000 hectáreas de eucaliptos en la comarca de Doñana durante los últimos años. No es de extrañar que la Consejería de Medio Ambiente haya dictado una paralización provisional de las dos nuevas plantaciones, que desde aquí animamos a que se convierta en permanente. Una petición que se une, no sólo a la de Ecologistas en Acción de Andalucía, sino a la de WWF/Adena (propietaria de la vecina Reserva Biológica del Guadiamar), a la de Fernando Hiraldo en nombre de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y a la de Juan Carlos Rubio, director del Espacio Natural de Doñana.

Al margen del lenguaje que estimen más correcto utilizar
los políticos –crisis, recesión, enfriamiento, incluso
¡crecimiento negativo!– ya nadie duda de que la economía
española se encuentra en un periodo de vacas flacas. Uno
de los primeros síntomas fue el desfallecimiento de la construcción.

Lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta el ritmo
desaforado al que se reclasificaba y urbanizaba terreno en este país.

José Luis Rodríguez Zapatero trató de tranquilizar al electorado
con la promesa de que iba a compensar la caída de la construcción
con mucha obra pública, de manera que los trabajadores
pudieran recolocarse y no se resintiera el ritmo de crecimiento.

De alguna manera hay que garantizar la paz social y el desarrollo
insostenible. Pero la receta, a efectos prácticos, viene a ser la
misma de antes, con el asfalto y el hormigón tomando el relevo
de los ladrillos y el cemento. Mal asunto para la naturaleza.

En países previamente destrozados, esos mismos que dominan
las finanzas mundiales, las inyecciones de moral suelen
ir destinadas al sector terciario, ya que han agotado todo
su crédito en recursos naturales. Nosotros aún conservamos
bastantes ahorros dentro de ese capítulo, así que parece la
hora de echar mano de ellos. Se presenta un otoño en el que
las organizaciones ecologistas tendrán que desempolvar sus
argumentos para criticar la obra pública redentora, pero seguramente
innecesaria. No estará tanto en juego la utilidad
de tal autopista o tal pantano, sino los indicadores económicos.

Todo a costa, claro está, de ir dilapidando poco a poco
el capital natural que hemos heredado de nuestros ancestros.

Son muchas las presiones a las que están sometidos los políticos
y las de las empresas constructoras no son las menores.

Hace falta, eso sí, disimular su codicia con mensajes orientados
al desarrollo y el bienestar, para dorar una píldora difícil
de tragar. También oiremos hablar de puestos de trabajo, claro
está, porque sin salarios no hay hipotecas ni consumo ni
todo el armazón sobre el que se sostiene el liberalismo económico.

Se diría que las empresas que más impactos generan
sobre el medio ambiente tienen bula para persistir en cualquier
escenario y nadie se plantea otra solución que la huida
hacia delante. Y luego se tacha de utópicos a quienes se atreven
a proponer un cambio de paradigma, un modelo menos
explotador y más basado en valores como la solidaridad, la
justicia y –el peor de los anatemas– una forma de vida más
sencilla y acorde con nuestras posibilidades reales, que vienen
a ser las mismas que las de un planeta superpoblado y
sobreexplotado. Eso sí que es recalentamiento económico y
ambiental.

Así que nos espera un otoño tórrido, no tanto por las temperaturas,
sino por las recetas económicas que van a imponer
los gurús del desarrollo insostenible a cualquier precio. Ha
terminado el ciclo de la construcción, ahora vendrá el de la
obra pública y, en cuanto nos descuidemos, llegarán los entusiastas
de la energía nuclear con su oportunista cantinela
sobre el cambio climático. De hecho, ya han empezado a
lanzar globos sonda, pero los recientes parones de algunas
centrales españolas y francesas, sumidas en un rosario de
irregularidades, les han obligado a poner la sordina y esperar
tiempos más propicios a sus intereses.

Nada nuevo bajo el sol, por otra parte, pero agudizado por
la creciente capacidad tecnológica de nuestra época. Ya se sabe
que, en tiempos de crisis, no está el horno para bollos integrales
de ingredientes biológicos.

La tórtola europea ha sido excluida como especie cazable de la orden de vedas de Canarias para el año 2013. Lo mismo se ha decidido para la codorniz en la mayor parte de las islas. Como bien recuerda SEO/BirdLife, esto no significa que ambas aves hayan dejado de ser especies cinegéticas, sino que, ante su preocupante estado de conservación en el archipiélago canario, se ha optado por lo sensato: una moratoria temporal y cumplir, de paso, con lo que dicta la legislación europea y comunitaria. Es una decisión que posiblemente tenga más trascendencia de la que pudiera deducirse de un texto legal como las órdenes de vedas, promulgadas anualmente por cada comunidad autónoma, y que suelen pasar desapercibidas salvo para quien necesita saber a qué atenerse (el cazador) y quien anda con la antena puesta para alertar sobre lo qué no debe hacerse (el ecologista).