Editorial

Hemos tenido un verano movidito en cuanto a incendios forestales. Uno más. Como siempre, la demanda de informaciones fáciles de digerir ha reducido el problema a unas cuantas sentencias tópicas, la más frecuente de las cuales es que “el monte está sucio”. Si la solución fuera tan sencilla, bastaría con “limpiarlo”, aunque vaya uno a saber qué se esconde detrás de tan lustroso empeño. La realidad, sin embargo, tiende a mostrarse tozuda y los expertos saben de sobra que el dilema de los incendios forestales se sustenta en una amalgama de factores históricos, climáticos, económicos, administrativos y, por supuesto, ecológicos. Mientras no se aborde desde esta múltiple perspectiva, nos pasaremos los veranos con el alma en vilo y gastando fortunas en medios de extinción.

Las cifras son elocuentes. Según WWF España, a finales de agosto se habían registrado 11.652 incendios, 1.612 más que el año pasado por esas mismas fechas. La superficie afectada ha sido de casi 150.000 hectáreas, 3’4 veces superior a la de 2011. Además, el número de grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas, ha sido de 29, cuando el verano anterior no pasaron de 6. Pero lo más llamativo es que el 60% de esos grandes incendios forestales (GIF) han afectado a alguno de los múltiples espacios naturales protegidos que contempla nuestra legislación. Así, han saltado a los titulares de prensa nombres tan conocidos como Cabañeros, Garajonay, Sierra Calderona, Las Hurdes, Robledo de Chavela o L’Albera.

No le falta razón a Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, cuando insiste en que “la magnitud de los GIF que hemos sufrido este año está directamente relacionada con la forma en que se han gestionado los montes en los últimos treinta años”. En todo caso se queda corto, pues los desaguisados empezaron bastante antes. Otro dato digno de destacar es que, a pesar de las condiciones meteorológicas extremas y los recortes presupuestarios, los medios de extinción han controlado las llamas en el 99’8% de los casos antes de que la superficie afectada rebasara las 500 hectáreas que marcan el límite de un GIF. Seguimos escasos en prevención, pero parece que la extinción va ganando en eficacia.

En resumen, nos encontramos, una vez más, ante un problema ambiental recurrente, lo que demuestra que los planteamientos habituales y las soluciones aplicadas hasta ahora no sirven de nada. Se impone un cambio de estrategia en toda regla. Diseñar un modelo que armonice la conservación de los valores ecológicos de nuestros montes con el beneficio social y la rentabilidad económica. En otras palabras, una nueva política forestal que sea sostenible y esté basada en criterios científicos.

El pasado 22 de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que viene a sustituir a la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres. Si la ley 4/89 ya supuso un importante avance para nuestro ordenamiento jurídico y un impulso muy positivo a la defensa legal de la naturaleza, la nueva norma amplía y mejora sus contenidos, de manera que su entrada en vigor sólo puede considerarse como una excelente noticia. Además, los principales grupos ecologistas de alcance estatal se han apresurado a destacarlo, sobre todo después de que el Congreso revocara algunas de las enmiendas introducidas en la nueva ley tras su paso por el Senado, la mayoría de las cuales trataban de favorecer algunas prácticas cinegéticas prohibidas por la Unión Europea, como la caza de palomas a contrapasa en el País Vasco o la de zorzales con liga (parany) en la Comunidad Valenciana. Ha prevalecido, no obstante, la caza de perdices con reclamo, una modalidad también contraria a la normativa europea y que el Tribunal de Luxemburgo no tardará en anular. No obstante, y de nuevo entre los avances, sanciona la prohibición de los perdigones de plomo durante el ejercicio de la caza y del tiro deportivo cuando afecten a humedales.
En definitiva, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad viene a transponer de forma adecuada la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves, dos de los instrumentos legales más eficazmente utilizados por las ONG en sus campañas. A la espera del correspondiente desarrollo reglamentario, entre los muchos méritos de la nueva ley cabría destacar el criterio de que la protección ambiental prevalezca sobre la ordenación territorial y urbanística, lo que pondrá importantes trabas a los cambios injustificados en el uso del suelo y a la creciente muralla de edificios e infraestructuras que se alza frente a nuestras costas. Como no podía ser de otra forma, consagra los espacios naturales protegidos por la red Natura 2000, incluidas las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y los LIC (Lugares de Interés Comunitario), y exige aprobar un plan de gestión adecuado a sus características particulares. Literalmente, sólo podrán alterarse por “razones imperiosas de interés público de primer orden”, promulgadas por ley o por acuerdo motivado y público del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas.
En este mismo sentido, la ley establece un Catálogo estatal de hábitats en peligro y una Red de áreas marinas protegidas, importante novedad que permite extender la conservación más allá del ámbito de lo terrestre. También crea un Catálogo nacional de especies exóticas invasoras y define claramente, por primera vez, los espacios naturales transfronterizos, al tiempo que recoge aquellos que se hayan declarado a raíz de los convenios internacionales suscritos por España, como los humedales de la lista Ramsar o las reservas de la biosfera.
Por último, la ley obliga a elaborar un Plan estratégico estatal de biodiversidad que se ajuste a las conclusiones emanadas de la cumbre que se celebró en Río de Janeiro en el año 1992, requisito que el Gobierno español resolvió con prontitud en el Consejo de Ministros del día siguiente al de su aprobación, el 23 de noviembre, tras dar luz verde a la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS). En resumen, una oportuna y muy adecuada inyección de vitaminas a la defensa legal de la naturaleza.
Rafael Serra.

La Sociedad Geográfica Española (SGE) ha decidido otorgar a Quercus su Premio Editorial correspondiente a la convocatoria del año 2006, una forma de reconocer la labor informativa, formativa y movilizadora que viene desarrollando esta revista desde hace 25 años. Para nosotros es un orgullo recibir tamaña distinción, pues nos hace sentirnos más cerca de esa impresionante pléyade de naturalistas que fueron también grandes viajeros y recorrieron el mundo movidos por la curiosidad de conocer otras floras, otras faunas, otros mares y otras civilizaciones. Atraídos, en suma, por la diversidad.

En tales circunstancias, el hecho de viajar deja de ser un simple paréntesis en la vida cotidiana de cada cual para convertirse en la prolongación obvia de anhelos e inquietudes que, aunque forjados en el lugar de origen, terminan por ensanchar el campo de interés hasta cubrir el mundo entero. Para un amante de la naturaleza, podría decirse que es la única forma de globalización aceptable. Por otra parte, es difícil establecer límites en los cometidos y las aficiones de biólogos, naturalistas, geógrafos o simples viajeros, ya que estamos sometidos al influjo de un planeta que nos parece fascinante. En definitiva, entendemos que el premio de la SGE es una forma de reconocer también esa pasión compartida. De hecho, la propia SGE confiesa en su última memoria de actividades no contar “más que con una idea clara y un sueño común: poder revitalizar la geografía y el viaje, la exploración del planeta, la difusión del saber científico y la conciencia ecológica.” Pero no hemos sido los únicos premiados. Entre otros siete compañeros de fortuna, en esta edición compartimos méritos nada menos que con la Fundación Territori i Paisatge, bien conocida por los lectores de Quercus gracias a su extraordinaria labor de conservación del patrimonio natural en Cataluña, y con el célebre divulgador británico David Attenborough, aún más famoso por sus impresionantes documentales televisivos sobre la vida salvaje que late en cualquier rincón del planeta. Para mantener la sintonía, en ediciones anteriores fueron galardonadas personas tan próximas a nuestro quehacer como Biruté Galdikas (gran defensora de los orangutanes), Sydney Possuelo (experto en pueblos indígenas amazónicos), Josefina Castellví (oceanógrafa y experta en la Antártida), Jordi Savater Pi (pionero en el estudio de los primates), Eduardo Martínez de Pisón (catedrático de Geografía Física en la Universidad Autónoma de Madrid), Juan Luis Arsuaga (paleontólogo y codirector de las excavaciones de Atapuerca), Luis Miguel Domínguez (periodista y realizador ambiental), Hugo Geiger y Francisco Candela (fotógrafos submarinos), Fernando Fueyo (dibujante naturalista), Jesús Garzón (pionero del movimiento ecologista español) y Ramón Folch (biólogo y consultor del programa MaB de la Unesco). También entre las entidades premiadas figuran algunas que nos resultan muy familiares, como la Fundación Oso Pardo y el Real Jardín Botánico de Madrid. Es una gran satisfacción pasar a formar parte de semejante elenco.

Ahora bien, el premio es para la trayectoria de Quercus en su conjunto: para sus fundadores, para todos los que han pasado por su redacción, para las dos empresas editoriales que han respaldado la revista, para su brillante lista de colaboradores y, en particular, para los suscriptores, lectores y anunciantes que han hecho posible su salida mensual a quioscos desde hace ya cinco lustros. Así que somos todos los que estamos de enhorabuena.

Como nos temíamos, las buenas perspectivas que se vislumbraban con la reforma de dos políticas estratégicas europeas, la agrícola y la pesquera, han terminando cediendo a los intereses inmediatos de quienes dominan ambos sectores. Los ingleses tienen una expresión para referirse a este tipo de soluciones: Business as usual; es decir, seguimos como hasta ahora aunque todos sepamos que es un camino sin salida. Los españoles podríamos rematarlo con un dicho mucho más contundente: “el que venga detrás, que arree”. Lo grave es que, quienes tienen la obligación de velar por el bien común, o sea, nuestros representantes políticos nacionales y europeos, se hayan plegado una vez más a las presiones corporativas. No con demasiado sacrificio, bien es cierto. Las innovaciones les dan más reparos que la continuidad.

El hecho de caer una y otra vez en el mismo error se define en castellano con una sonora palabra: contumacia. Contumaces son los agricultores de Castilla y León, cuando reclaman más veneno en su batalla –perdida de antemano– contra los topillos, contumaces son los alcaldes que les siguen la corriente y contumaces son los políticos que no se atreven a desairarlos. Menos aún, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. Si los agricultores quieren veneno, se les da veneno, aunque no sirva de nada. Como, en efecto, no sirve de nada, ahora piden un veneno más fuerte y los políticos, mirando de reojillo a las urnas, se lo vuelven a dar, aunque tampoco sirva de nada. Ya se les dijo que era inútil entonces y volverá a ser inútil de nuevo. El problema del veneno no es ya sólo que sea inútil, sino que además es pernicioso para todo el ecosistema en su conjunto, que incluye el entorno en el que se desenvuelven los propios afectados. En su desesperación, llevan camino de convertir una simple plaga en una auténtica catástrofe. En esta disparatada situación cobran mayor sentido aquellas sabias palabras de Carlos M. Herrera en Quercus, cuando titulaba uno de sus artículos: “Cada problema complejo tiene siempre una solución sencilla, que generalmente es errónea”.

En una de esas, la aplicación de alguna tanda de veneno, llámese clorofacinona o bromadiolona, vendrá a coincidir con un declive espontáneo de los topillos, algo perfectamente natural después de haber registrado un crecimiento explosivo, y se sacará la falsa conclusión de que por fin se ha acertado con la solución “sencilla” al problema “complejo”. Ya dijo Einstein que sólo había dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana (y de la primera no estaba muy seguro).

El mes pasado abríamos las secciones de actualidad con la excelente noticia del bloqueo judicial a las obras del puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife. Poco después del cierre de ese número se celebraba una multitudinaria manifestación para exigir que se abandone la construcción de tan gigantesco puerto industrial y sea sustituido por otro de menor impacto en Santa Cruz de Tenerife, propuesta que respaldan las principales organizaciones ecologistas de ámbito nacional. Hasta aquí, todo un ejercicio de democracia, buen criterio y movilización social.

Pero hay un rasgo que quizá haya pasado desapercibido en el fragor de la campaña. La manifestación fue convocada por destacados científicos de la Universidad de La Laguna y estuvo apoyada por miembros de la Universidad de Las Palmas. Además, en cabeza de los manifestantes marchaban los biólogos Wolfredo Wilpret, Alberto Brito y Jacinto Barquín, junto con la geógrafa Luz Marina García. No es habitual que el mundo académico se implique de forma tan notoria en las protestas cívicas. Además, dos reputados especialistas en biología marina, José Templado (Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC) y Ángel Luque (Universidad Autónoma de Madrid), enviaron una carta a las dos ministras entonces implicadas en el asunto, Magdalena Álvarez (Fomento) y Elena Espinosa (Medio Ambiente), en la que criticaban sin reparos la descatalogación de la pradera submarina que se vería afectada por las obras del puerto. Un respaldo tan abrumador hizo que Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias emitiera un comunicado de agradecimiento a la comunidad científica por el arrojo y la valentía con la que se habían implicado al denunciar esta obra ilegal.

Un poco al socaire y en el otro extremo de nuestras aguas, al norte de la costa asturiana, la Secretaría General del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha abierto los dos primeros expedientes administrativos por faenar con artes de pesca prohibidos en el área protegida de El Cachucho. En concreto, se han abierto diligencias contra dos buques pesqueros de Asturias y Cantabria que usaban redes de enmalle de fondo.

A estas dos noticias esperanzadoras sobre relevantes espacios marinos se contrapone la insistencia del Gobierno por arbitrar medidas contra la crisis basadas en la revitalización del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT). Poco después de tomar posesión del cargo, José Blanco, el nuevo ministro de Fomento, anunció como una de sus prioridades revisar el PEIT. Y no parece que se refiriera a una revisión a la baja, precisamente. Esta vez, al conocido argumento de los puestos de trabajo hay que añadir el de la cohesión territorial de España, en clara alusión al tren de alta velocidad al País Vasco. Da lo mismo, el caso es que el hormigón y el asfalto tomen el relevo al ladrillo y el cemento, una alternativa que redunda en los errores de antaño en lugar de utilizar la actual crisis como punto de inflexión para esbozar un nuevo modelo de desarrollo. ¿Se referiría también al puerto de Granadilla? No es de extrañar que Ecologistas en Acción haya definido dicha estrategia como “el timo de las infraestructuras”.

El desembarco de Greenpeace en España fue algo sonado. Por fin, aquellos valerosos guerreros del arco iris que veíamos en la televisión iban a tener sede en nuestro país. Por un lado, todo el mundo confiaba en la eficacia de sus campañas internacionales y en los espectaculares golpes de mano ejecutados por sus comandos. Pero, por otro, también se sentía cierta prevención por su arrollador efecto en un movimiento ecologista que aún se estaba estructurando y definiendo. Greenpeace era global, mientras que las organizaciones españolas eran básicamente locales. Greenpeace se regía por una estricta jerarquía en la toma de decisiones, mientras que nuestros militantes, herederos de la transición política, seguían un modelo más asambleario. Las grandes cifras de Greenpeace contrastaban con unos presupuestos de andar por casa. Y, finalmente, Greenpeace contaba con el respaldo de miles de personas en todo el mundo, cuando aquí el fichero de socios aún podía gestionarse sin programas informáticos. ¿Otro bienvenido míster Marshall?
De ningún modo. Para empezar, los inicios de Greenpeace fueron modestos. Una oficina en Madrid y una pequeña estructura de diez personas, entre trabajadores y voluntarios. Además, pronto vieron que era imprescindible implicarse en los problemas de conservación internos, sin dejar por ello de lado los objetivos que venían fijados desde la casa matriz en Ámsterdam. Terminaron sólidamente integrados en el movimiento ecologista español e hicieron notables aportaciones, por ejemplo, al Comité Asesor de Medio Ambiente, donde no se debatía precisamente sobre ballenas y residuos nucleares, sino sobre carreteras, pantanos y monocultivos forestales. Hoy en día, es una de las cinco grandes organizaciones ambientales españolas, junto con WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra.

Las cifras avalan su trayectoria. Greenpeace España cuenta en la actualidad con más de 100.000 socios, recibe el apoyo de 400 voluntarios y grupos de voluntarios, distribuidos por 23 provincias, y en 1993 abrió una segunda sede en Barcelona. Vino a sumar, no a restar. Y nadie ha igualado su éxito en cuanto a tirón mediático y simpatía por una causa sin que fuera imprescindible la implicación personal.

Ahora que se celebra el 25 aniversario de la llegada de Greenpeace a España, han querido conmemorarlo con la concesión de un premio muy especial al que han dado el nombre de Artemio Precioso, uno de sus principales avalistas en 1984 y presidente honorífico de la organización hasta su fallecimiento en 2007. El ganador de esta primera edición ha sido el escritor y periodista gallego Manuel Rivas, que de esta manera ve reconocida su trayectoria personal y profesional en defensa del medio ambiente.

Felicidades, pues, a Greenpeace España por esos 25 años de compromiso, solidaridad e independencia. Parece que fue ayer.

Janez Potocnik, comisario europeo de Medio Ambiente, ha reconocido el fracaso de la UE en su intento de frenar la pérdida de diversidad biológica en el año 2010. Así de taxativamente lo expresó en un reciente encuentro con miembros de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) celebrada el pasado 5 de noviembre en Madrid. También dijo que confía en ofrecer mejores noticias respecto al nuevo horizonte, fijado para el año 2020, pero nadie le concedió demasiado crédito. Sorprende, eso sí, la sinceridad de sus declaraciones, acostumbrados como estamos a las frases hechas y las respuestas elusivas. Puede que la pérdida de biodiversidad, un concepto que requiere demasiadas explicaciones, apenas provoque desgaste político. O puede que los cargos públicos europeos se sientan cómodos en su actual impunidad ante el electorado. El caso es que, una y otra vez, la biodiversidad es objeto de ambiciosas previsiones seguidas de resultados desastrosos.

Ha vuelto a ocurrir en el reciente aniversario de la Directiva de Hábitats, celebrado asimismo a comienzos de noviembre. Todo el mundo echó las campanas al vuelo para saludar los veinte años en vigor de una herramienta que ha resultado ser decisiva para conservar la menguante naturaleza europea. Pero tras los parabienes se oculta el escaso interés que despierta a la hora de pasar de las palabras a los hechos. Por ejemplo, nuestro país es el que mayor superficie aporta a la red Natura 2000, con unos 138.000 kilómetros cuadrados, lo cual es para sentirnos orgullosos. Sin embargo, la propia Directiva de Hábitats marca un plazo de seis años para que los espacios que ampara se conviertan en Zonas de Especial Conservación (ZEC), con sus correspondientes planes de gestión, y aquí es donde nos topamos con el mundo de las amargas realidades. Según denuncia Ecologistas en Acción, el 80% de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) incumplen esta exigencia y de las 272 ZEC que sí se han declarado sólo el 18% cuentan con un plan de gestión adecuado. Theo Oberhuber, responsable de las campañas de esta organización, ha puesto el dedo en la llaga: “una zona protegida sin las medidas para conservarla sólo sirve para poner el cartel y hacerse la foto.” Y así andamos, celebrando noticias aparentemente positivas y descubriendo que no hay nada detrás del decorado.

La misma falta de voluntad política se palpó también en la novena reunión del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, celebrada en Hyderabad (India) a mediados de octubre. Allí volvió a consagrarse el modelo de dilapidar capital natural en aras del beneficio privado, es decir, lo mismo que venimos haciendo desde la Revolución del Neolítico.

Otra vez China y sus tradiciones milenarias. ¡No se os ocurra pedir una sopa de aleta de tiburón en ningún restaurante chino! La perversa lógica actual, hijastra de la globalización, justifica cualquier actividad con tal de que sea rentable. Todas las demás consideraciones quedan al margen, incluidas las éticas y las ambientales.

En el pasado, cuando la pesca era artesanal, las capturas se aprovechaban al máximo. Si había descartes, iban a la perola del rancho. Todo se obtenía a fuerza de brazos y a bordo de pequeñas embarcaciones, a vela cuando no a remo. Un tiburón se consumía entero, aunque las partes más sabrosas –y caras– se reservaran para los sibaritas que podían costearse el capricho. Hoy en día, sin embargo, lo único que interesa son las aletas, mientras que el resto del tiburón ocupa espacio y no merece la pena llevarlo a puerto, de manera que se devuelve al mar una vez mutilado y, con frecuencia, aún vivo.

La falta de unanimidad, ante la oposición de países como Japón y Estados Unidos, de dotar de más presupuesto al Convenio de Lucha contra la Desertificación, ha impedido que la octava cumbre de los países firmantes se haya clausurado con el objetivo pretendido de relanzar este tratado internacional, creado en París en 1994. Había esperanzas de que Madrid, sede de este encuentro durante la primera mitad del pasado septiembre, marcase un antes y un después en el devenir de un convenio que, tras más de diez años de vida, ha visto muy mermada la confianza de la comunidad internacional en su eficacia, en medio de un mar de críticas al exceso de burocracia.

Los esfuerzos de la anfitriona, Cristina Narbona, y los organizadores por alcanzar un acuerdo con suficiente relevancia no han bastado. Nuestra ministra de Medio Ambiente dejó traslucir su pesimismo en un llamamiento final para que el Convenio de Lucha contra la Desertificación marque objetivos concretos y cuantificables. Es más, Narbona reiteró la adhesión de España a una propuesta apoyada por más de veinte países de crear una organización mundial del medio ambiente única, con el fin de integrar esfuerzos y establecer sinergias, de manera que los instrumentos y procedimientos de los convenios con más peso específico, como el de cambio climático, puedan ser aplicados a otros cuya eficacia es más dudosa.
“Si queremos de verdad frenar el deterioro del planeta –enfatizó la ministra– hace falta que los acuerdos internacionales tengan carácter vinculante y puedan imponer sanciones para los países que los incumplen”. La pérdida de suelo fértil afecta a la seguridad alimentaria, incrementa la pobreza, dispara las migraciones internacionales, genera conflictividad regional e inestabilidad social y, en general, pone en riesgo la salud y bienestar de 1.200 millones de personas en más de cien países. No es admisible que el convenio destinado a luchar contra este círculo perverso de la desertificación no tenga poder efectivo y en cambio sí, por poner un ejemplo, una entidad como la Organización Mundial del Comercio (OMC), con los gravísimos problemas ambientales y sociales que conlleva.

Tras las dos semanas intensas de trabajo en Madrid, con delegaciones de casi doscientos países y más de dos mil participantes, cunde la sensación de que este tipo de cumbres deberían replantearse, recortando drásticamente por ejemplo los días de reunión, lo que supondría el ahorro de mucho dinero que podría dedicarse realmente a frenar los problemas medioambientales en los países más afectados.

Por último se han reclamado mejores mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de negociación del Convenio de Lucha contra la Desertificación. Las ONG exigen más protagonismo, dada su importancia en funciones tales como la de ser portavoces de las comunidades locales y las poblaciones marginadas. Cobró especial relevancia en este sentido la presencia de representantes de pastores nómadas de diversas partes del planeta en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, donde se celebraba la cumbre, para reivindicar la importancia de la cultura trashumante ante el problema de la desertificación y la gestión de las zona áridas. “Si los pastores nómadas han sobrevivido diez mil años es porque su sistema de aprovechamiento de los pastos es tan delicado y especializado como los propios ecosistemas en los que habitan, la mayoría con suelos pobres e incluso semidesiertos”, explicaron los organizadores del Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes, que por esas mismas fechas (del 8 al 16 de septiembre) tenía lugar en La Granja (Segovia), a iniciativa de las ONG Trashumancia y Naturaleza y RedPastor.