Editorial

Las montañas españolas están más amenazadas que nunca, nos recuerda el sabio Eduardo Martínez de Pisón. Espoleados por esa misma inquietud compartida, el pasado 21 de mayo, unos cincuenta colectivos ciudadanos, montañeros y ecologistas ascendieron simultáneamente a más de treinta cumbres de toda España. Respondían así al llamamiento realizado pocas semanas antes por RedMontañas, la asociación creada para despertar conciencias a favor del hábitat que posiblemente más que ningún otro en nuestro país combina originalidad, amplitud, valor natural, interés científico y cultural y –también hay que decirlo– fragilidad.

Ni la incombustible Rosa Fernández-Arroyo, coordinadora de RedMontañas, imaginaba semejante respuesta a su convocatoria. Fruto de un movimiento espontáneo que iba tomando cuerpo día a día, a medida que más gente decidía su adhesión, la idea de lanzar el mensaje de la defensa de las montañas desde las propias montañas fue calando hasta dar lugar al más importante y emotivo acto a favor de estos ambientes que podemos recordar.

Qué lejano y vacío veían los cientos de participantes, al culminar sus respectivas ascensiones, todo el protocolo oficial y el fuego mediático que generó en 2002 la celebración del Año Internacional de las Montañas. Cuatro años de olvido más tarde, los defensores de las montañas han querido hacerse oír desde lo más alto. Y lo han hecho para reclamar una vez más la Carta de las Montañas, única propuesta emitida aquel año para la protección genérica de estos hábitats en nuestro país y para hacer compatible su conservación con el bienestar de la gente que vive en ellos. Sus pancartas nos han recordado que a fecha de hoy aún no ha sido aprobada, a pesar de que, en junio de 2005, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a hacerlo.

Muchos metros más abajo, la sensibilidad con respecto a las funciones ecológicas, sociales y económicas de las montañas no mejora. Prueba de ello es que empieza a ser de lo más habitual que autoridades ambientales y responsables políticos, con el cebo envenenado del desarrollo rural y el empleo local, apoyen proyectos destructivos de corte deportivo, recreativo o turístico, como las estaciones de esquí, que no son sino avanzadillas de la rutina urbanística y especuladora de siempre.

En algunos casos, la obsesión de los promotores y el desinterés por la conservación llega a tal extremo que se fuerzan cambios en la normativa ambiental de espacios protegidos. Es el caso del PORN del Parque Natural de Fuentes Carrionas, modificado por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León para poder construir la estación de esquí de San Glorio sin obstáculos legales. El 21 de mayo, las montañas alzaron su voz contra todo esto, esperemos que sea por fin escuchada (más información, en www.redmontanas.org).

El Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) aprobó el pasado 8 de febrero una resolución de apoyo a los parques nacionales que partió de las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y WWF/Adena. En su primer punto, el CAMA considera necesaria “una Red de Parques Nacionales al servicio de la protección de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad” y más adelante añade que dicha red es “un sistema integrado de protección y gestión de una selección de las mejores muestras del patrimonio natural español, siendo fundamental asegurar su coherencia interna y gestión homogénea”. Una resolución cargada de sentido tras la polémica sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado la razón a las comunidades autónomas en su recurso sobre la gestión en exclusiva de estos espacios protegidos. Es más, estamos a la espera de una segunda sentencia sobre la única competencia que aún conserva el Gobierno central, es decir, la potestad de elaborar el Plan Director de Parques Nacionales, un instrumento básico de ordenación y coordinación.

La propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se extiende sobre ambos recursos y sus consecuencias prácticas en una entrevista concedida a Quercus que publicamos en las páginas siguientes. La resolución aprobada por el CAMA es coherente con la postura mantenida desde hace meses por las cinco organizaciones no gubernamentales que la han promovido y que recelan de la voluntad política de los gobiernos autónomos a la hora de mantener incólumes los criterios de conservación. De ahí que sea urgente reformar la Ley 4/89, como también adelanta la ministra en sus declaraciones, para establecer con claridad qué premisas deben cumplir los parques nacionales, al margen de quién los gestione. Luego será cometido del Ministerio de Medio Ambiente velar por su cumplimiento y habrá dinero para los espacios protegidos que se mantengan dentro de esta categoría. Lo cual quizá sea la baza decisiva, pues las comunidades autónomas no sólo recibirán la gestión de los trece parques actualmente declarados, sino también sus múltiples compromisos de gasto e inversión.

El pasado 18 de junio el Gobierno derogó los artículos del Plan Hidrológico Nacional que daban respaldo al trasvase del Ebro diseñado por el Partido Popular, como ya había adelantado José Luis Rodríguez Zapatero en su campaña electoral. Para adoptar esta importante decisión, los socialistas han tenido en cuenta tanto aspectos económicos, como técnicos y ambientales, de manera que no puede hablarse de una maniobra exclusivamente política, como se han apresurado a denunciar desde la oposición. Más bien podría argumentarse que el Partido Popular no tuvo en cuenta en su día tales inconvenientes o que los infravaloró adrede para disfrazar de solidaridad lo que no era otra cosa que negocio. Eso sí que es un ardid político. ¿O acaso basta que un empresario tenga la feliz idea de proyectar un campo de golf en pleno desierto de Almería para que se movilice al unísono la población de la cuenca donante? No, no estamos hablando de solidaridad ni de vertebración del Estado. Estamos hablando de unos usos del agua que han de ser racionales habida cuenta de la escasez del recurso. No es de recibo esgrimir la solidaridad para fomentar un turismo absurdo que antepone los intereses económicos, enmascara las dificultades técnicas y, por supuesto, ignora las consecuencias ambientales.

Las principales organizaciones ecologistas se han apresurado a aplaudir la decisión del Gobierno, aunque critican que intente satisfacer la demanda por otros medios en lugar de controlar el despilfarro. La idea de fondo persiste. Si algún lunático quiere jugar al golf en Almería habrá que llevar el riego hasta allí, aunque no será agua del Ebro ni llegará por medio de un trasvase. La apuesta principal son las plantas desaladoras de agua marina, un sistema que ha dado buenos resultados en Canarias pero que no es barato ni está exento de problemas ambientales. Además, el reciente carpetazo al trasvase del Ebro no significa que el actual Gobierno sea contrario a este tipo de infraestructuras, sino que ha rechazado una de ellas por cara, mal planificada, agresiva e impactante. Bastará un proyecto mejor diseñado y un poco de presión popular –aparte de algún tropiezo que convenga purgar– para que los criterios se relajen y parezca una buena idea conectar dos cuencas hidrográficas. Volveremos a oír aquella patochada del agua que se pierde en el mar.

Hay dos formas de enfrentarse al asunto. Aceptar que hay una España húmeda y otra seca, sacar partido de sus ventajas y atenuar en lo posible –ahí sí, con solidaridad– los inconvenientes. O esperar a que el Partido Popular vuelva a ganar unas elecciones y resucite el espectro del trasvase del Ebro, pero con un ingrediente más, el de la revancha.

A la redacción de Quercus han llegado dos informes recién publicados que invitan a la reflexión. Uno nos lo manda WWF/Adena y se centra en el impacto de los grandes incendios forestales, los que superan las quinientas hectáreas. Más de la mitad de la superficie calcinada en España se debe a estos fuegos catastróficos, que representan tan sólo el 0’5% de todos los siniestros registrados anualmente en nuestro país. El segundo informe procede de Greenpeace y hace balance de la situación actual del litoral. En realidad es una revisión de un documento que, año tras año, al principio de cada verano, esta organización ecologista da a conocer para documentar la imparable destrucción a la que están sometidos los ocho mil kilómetros de la costa española. Las conclusiones de ambos trabajos son cuando menos inquietantes.

La notable mejora en los medios de extinción de incendios forestales durante los últimos años no ha resuelto ni mucho menos el problema. El informe de WWF/Adena hace hincapié en una serie de factores básicos que a menudo no se tienen en cuenta, como la mayor combustibilidad de los montes debido al abandono de las economías tradicionales del medio rural. También recuerda que el origen de casi la mitad de los grandes incendios es intencionado, lo que refleja conflictos socioeconómicos no resueltos.

Las cifras de Greenpeace hablan por sí mismas. Desde la publicación del informe de 2005, se han construido en nuestras costas un millón y medio de viviendas, trescientos campos de golf y más de cien puertos deportivos (nuevos o ampliados). Mientras, ha sido objeto de investigación o sentencia condenatoria un centenar de casos de corrupción e ilegalidad urbanísticas.

Es evidente que estos dos documentos son todo un alegato a la necesidad de profundos cambios en las políticas forestal y litoral con vistas a un objetivo de sostenibilidad. Pero también es de justicia señalar lo indicativos que pueden ser del rigor y la seriedad con la que los grupos ecologistas abordan hoy en día su trabajo de análisis y difusión de problemas ambientales de tanta envergadura como los incendios y la destrucción de las costas. Dos asuntos que precisamente por estas fechas suelen bascular demasiadas veces entre la frivolidad mediática y la demagogia de los políticos.

El trabajo de WWF/Adena sobre grandes incendios es la tercera entrega de una ambiciosa serie que se inició en 2004 con una puesta al día del impacto ambiental del fuego y tuvo su continuidad en 2005 con una investigación sobre las causas que subyacen tras los cientos de miles de hectáreas calcinadas. El informe de costas de Greenpeace de 2006, de más de doscientas páginas, se basa en una impresionante recopilación de casos y datos por cada comunidad autónoma.

Estos documentos son fruto de una trayectoria de muchos años de trabajo de las ONG que los han publicado, gracias en gran medida al apoyo de su base de socios. Quizás el movimiento ecologista no goce de la frescura y espontaneidad de años atrás, pero las organizaciones que han sobrevivido al paso del tiempo, si nos guiamos por la referencia de WWF/Adena y Greenpeace, gozan de una madurez envidiable.

A todas ellas debemos en buena parte algunos de los más recientes éxitos en los dos campos de los que estamos hablando, como por ejemplo una reforma de la Ley de Montes que prohíbe cambios de uso en suelos incendiados durante treinta años o el derribo de un gran hotel ya casi construido en El Algarrobico, una playa virgen del Parque Natural del Cabo de Gata (Almería). Nos felicitamos por ello y animamos a nuestros lectores a apoyar en la medida de sus posibilidades el excelente trabajo de los ecologistas españoles del siglo XXI.

Cualquier tiempo pasado no fue necesariamente mejor, pero los naturalistas históricos disfrutaron de unas condiciones de trabajo que casarían mal con los apremios actuales. Charles Darwin estuvo cinco años a bordo del Beagle y William Dampier, personaje novelesco al que dedicamos un amplio reportaje en este número de Quercus, dio tres veces la vuelta al mundo, invirtiendo doce años en su viaje más largo. Como bien se sabe, Darwin estuvo luego mucho tiempo madurando su teoría de la evolución y si se decidió a publicarla en 1859 fue porque le preocupaba que Wallace le tomara la delantera. Por cierto, Alfred Russel Wallace tuvo el privilegio de viajar durante varios meses por la cuenca Amazónica y pasó ocho largos años en el archipiélago malayo.

En las páginas que siguen también hay un artículo sobre la comisión científica encomendada a Julio Cervera, Francisco Quiroga y Felipe Rizzo para sentar las bases de un protectorado en los territorios que más tarde formarían parte del Sahara Español. Se cumplen ahora 120 años de aquella aventura y Quercus tiene previsto participar en un nuevo viaje al desierto mauritano en busca de los lugares recorridos por los tres exploradores en el verano de 1886. Eso sí, el periplo actual sólo durará doce días, que viene a ser un tercio del tiempo que ellos dedicaron únicamente a los preparativos, sin salir de la factoría de Río de Oro.

En nuestra frenética sociedad actual, ¿quién puede ausentarse durante meses o años, no ya de su domicilio, sino de su puesto de trabajo, de sus obligaciones bancarias? Las ciencias han adelantado una barbaridad, pero el tiempo que se dedica al “trabajo de campo” tiende a reducirse a lo imprescindible. Salvo casos raros y pintorescos, como el de Ruth Muñiz, dispuesta a pasarse meses enteros en las selvas ecuatorianas en busca de sus amadas y esquivas águilas arpías, la norma imperante es cubrir cuanto antes la recogida de datos y traducir rápidamente ese esfuerzo en publicaciones y méritos curriculares. La publicación, que es sólo un medio para el conocimiento, se ha convertido en una finalidad en sí misma, en el objetivo de una carrera profesional. Los viejos naturalistas publicaban como una consecuencia inevitable de sus viajes y conocimientos, mientras que hoy se viaja e investiga para tener algo que publicar.

El caso más llamativo es el de algunas bases antárticas, que se mantienen con la excusa de cualquier investigación, por peregrina que resulte, ya que el Tratado Antártico no admite la simple presencia civil o militar. Vivimos malos tiempos no sólo para la lírica, sino también para el ensayo científico (¡y no digamos para la oratoria!). Para remate, la funesta influencia del inglés, la lingua franca que ha sustituido al latín en los canales de comunicación científica, ha pasado una llana globalizadora sobre idiomas y estilos.

Leemos los relatos antiguos con envidia, por la calma que se concedieron sus autores y por los escenarios que tuvieron el privilegio de contemplar. También los leemos con agrado, porque estaban bien escritos y porque tienen un poder de evocación que ha sido capaz de superar la barrera del tiempo. Y los leemos, finalmente, con un poso de amargura, porque nos describen un mundo que ya no es el nuestro.

Quercus –¡quién lo hubiera dicho!– cumple 25 años de existencia editorial en este mes de diciembre. Y, por caprichos derivados de una periodicidad estacional durante su primera etapa, alcanza justo ahora el número 250. Cifras a tener en cuenta cuando se trata de una revista combativa e incómoda, pero también rigurosa y didáctica, fiel a su línea editorial desde hace cinco lustros: la observación, el estudio y la defensa de la naturaleza. Pero han sido muchas las cosas que han cambiado entre 1981 y 2006. Aquel primer Quercus con una lechuza en la portada salió a la venta como publicación de referencia para que la titubeante democracia española encauzara sus pasos hacia fórmulas de desarrollo ambientalmente aceptables. Vivíamos en el paraíso natural de Europa y, si habíamos logrado cambiar de régimen político, ¿por qué no intentarlo también con el económico, tan dependiente el uno del otro? El problema, entonces como ahora, es que la solidez del neoliberalismo capitalista está por encima de repúblicas y monarquías constitucionales, incluso de las propias dictaduras. Ni siquiera los pueblos más remotos logran sustraerse a las leyes del mercado. La receta universal de los países desarrollados llega a todos los rincones del mundo con su promesa de riqueza y bienestar, pero oculta el precio que hay que pagar en forma de insumos ambientales.

En esta tesitura, ¿qué cabe esperar de Quercus en los próximos 25 años? Pues algunas novedades formales y muy pocas de fondo. Apoyados en el avance de la ciencia y en el trabajo de los amantes de la naturaleza, ya sea a título individual o como miembros del movimiento asociativo, seguiremos dando argumentos de peso para que, quienes tienen poder de decisión, no se excusen en la ignorancia cuando perpetren nuevos atentados ambientales. Ocurren a diario y, aunque la factura nos llegue más tarde, nunca son gratuitos.

Pero un cumpleaños debe ser siempre un acontecimiento feliz. Después de dar muchos tumbos y de pasar por dos propietarios y al menos siete sedes, la revista se encuentra firmemente afianzada en la Editorial América Ibérica, lo cual es una garantía de futuro. Mientras no cojee ninguna de las cuatro patas del banco, es decir, empresa, redacción, colaboradores y lectores, Quercus tiene ante sí un amplio camino, independientemente del soporte que nos obliguen a adoptar las nuevas tecnologías y los hábitos de lectura. Nuestra importancia ha residido siempre en el mensaje, en los contenidos, como queda patente en el afán de quienes fotocopian las páginas de la revista o en las crecientes peticiones de artículos en formato electrónico; que, hoy por hoy, como revista impresa, no podemos atender.

Quizá la lechuza del número 500 de Quercus tenga tres dimensiones y emita sus intimidadores bufidos en tiempo real, pero allí estará reclamando ratones de campo y desvanes, medidas agroambientales compatibles con su existencia, respeto a las rapaces nocturnas y un mundo más habitable, no sólo para ella, sino también para todos los demás.

Medio mundo celebra este año el doscientos aniversario de Charles Darwin, que nació el 12 de febrero de 1809. En España, además, es de rigor que recordemos también la trayectoria de Mariano de la Paz Graells, nacido el 24 de enero de 1809 y que sobrevivió a Darwin en 16 años. Sin embargo, la prevalencia del británico es indudable, ya que su Teoría de la Evolución no sólo revolucionó las ciencias naturales, sino que socavó las bases que la cultura occidental había mantenido desde los inicios de la era cristiana. Pocas ideas han tenido una influencia tan decisiva en la vida diaria de millones de personas y ha generado tantos y tan acalorados debates, que se prolongan incluso hasta nuestros días. Graells, por el contrario, fue al principio renuente a las tesis evolucionistas, aunque terminó por aceptarlas tímidamente. Esa diferencia de criterios entre el innovador y el inmovilista ha ensanchado el abismo que se abre entre ambos personajes.

De todas formas, es fácil establecer diferencias con la perspectiva que conceden estos dos siglos. Cuando Darwin publicó El origen de las especies en 1859, Graells era la máxima autoridad de las ciencias naturales en España. Como queda de manifiesto en los artículos que hemos reunido en esta revista, fueron sus alumnos los que se convirtieron sinceramente al darwinismo y propalaron sus ideas por cátedras e instituciones. Sin embargo, nada de todo eso habría sido posible si antes Graells no hubiera puesto los cimientos de la moderna biología en España. Las dos figuras resultan, pues, indispensables para comprender la historia de la ciencia en nuestro país.
¿Qué ha ocurrido desde entonces? Las ideas de Darwin no han dejado de ser cuestionadas por los creacionistas, los defensores de la literalidad bíblica, sobre todo en los sectores más conservadores y ultra religiosos del mundo anglosajón. En la muy católica España los asuntos terrenales han seguido un camino bastante independiente al de los asuntos celestiales, al menos en lo que a la ciencia se refiere. Baste con recordar aquella célebre monografía titulada La Evolución, con el concurso de todas las firmas importantes del momento, editada nada menos que por la Biblioteca de Autores Cristianos. Solamente en los últimos años, como hemos dejado de manifiesto en las páginas de Quercus, han asomado por nuestro país algunas intentonas creacionistas, felizmente anuladas por el estamento científico y académico.

El Reino Unido es, sin duda alguna, una fábrica inagotable de naturalistas, como bien se encargan de airear nuestros compañeros de la Royal Society of Protection of Birds (RSPB), que cuenta con más de un millón de socios y cuyo boletín, Birds, tira más de 600.000 ejemplares. Cifras que, comparadas con las de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y su revista La Garcilla –o, sin ir más lejos, con las de Quercus– guardan una relación de proporcionalidad similar a la de Darwin y Graells. Sin embargo, los biólogos españoles se codean hoy con sus colegas más punteros y publican en las mismas revistas de prestigio internacional, las ciencias naturales pasan por un buen momento y sólo nos resta, como recomendaba hace poco Carlos M. Herrera en una de sus tribunas, “explicar la evolución en cualquier ámbito social a nuestro alcance”. De ahí este número de Quercus, casi un monográfico dedicado a Darwin y a Graells. Pero, sobre todo, a sembrar conocimiento.

Dos de las grandes políticas sectoriales europeas, la pesquera y la agrícola, están siendo objeto de revisión desde hace unos meses. No es extraño, por lo tanto, que hayan sido también dos de los temas más destacados en el XXI Congreso Español y V Ibérico de Ornitología, celebrado en Vitoria el pasado mes de diciembre. Nadie duda de la relevancia de ambos sectores en la conservación de la biodiversidad, tanto terrestre como marina. Además, se da la circunstancia de que, en nuestro país, la Administración central responsable de agricultura y pesca tiene asimismo delegadas las competencias en medio ambiente. Un tercer tema abordado en dicho congreso, aunque no por ello menos importante, fue el de la influencia del cambio climático en la migración de las aves, un asunto que también compete de lleno a nuestro Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Visto desde una perspectiva optimista, se diría que las condiciones son ideales para que Miguel Arias Cañete se luzca con una política que en verdad integre las atribuciones de su ministerio. Pero mucho nos tememos que, instalados en el realismo, al final prevalezcan los intereses de la agricultura y la pesca industrial, muy alejados de la explotación sostenible de los recursos naturales. Unos intereses, por cierto, que no sólo lastran la política nacional, sino también la europea.

En contra de esta corriente mayoritaria nadan las organizaciones conservacionistas, como las que convocaron el antedicho congreso, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA/BirdLife). La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, lo expresó claramente en Vitoria: “defender la conservación es defender a los agricultores y pescadores, para que su actividad sea lo más rentable y eficiente posible.” Argumento que seguramente se encargaría de recordarle al ministro en la reunión que Arias Cañete mantuvo el 12 de diciembre con representantes de las cinco ONG ambientales de ámbito estatal. Sin embargo, el Gobierno Español y la Comisión Europea suelen apostar por las huidas hacia delante y no por las políticas a largo plazo, lo que conduce a círculos viciosos difíciles de romper.

Asistimos, una vez más, al conflicto entre propuestas cargadas de razones científicas e incluso mera lógica, por un lado, y fuertes inercias que responden a intereses corporativos y privados, por otro, sin que las autoridades tengan la valentía de tender hacia el bien común y la sostenibilidad, como debería ser su función. Para comprobarlo, basta con echar un vistazo al paupérrimo resultado de la reciente cumbre mundial sobre cambio climático celebrada en Doha, la capital de Catar. Más que buscar soluciones para afrontar con garantías un grave problema, se busca la forma de eludirlo o, en el mejor de los casos, de aplazar una y otra vez la toma de decisiones.

A estas alturas del año, los científicos españoles que trabajan en la Antártida ya habrán dado por concluida la campaña 2006-2007 y estarán a punto de regresar a casa. Con la llegada del otoño austral, las condiciones ambientales se vuelven muy duras en aquellas latitudes y, aunque hay bases que permanecen ocupadas durante los doce meses, el trabajo de campo se hace prácticamente imposible durante la larga y gélida noche invernal. En el Ártico ocurre lo contrario, es más, se prevé un verano caluroso que acelere el proceso de deshielo que ha desencadenado el cambio climático. Debido a esta severa alternancia de las estaciones en ambos extremos del mundo, los fastos del Año Polar Internacional se reparten entre 2007 y 2008.

El pasado 1 de marzo, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, presidió el acto de apertura del Año Polar Internacional en el Instituto Geológico y Minero de España, con sede en Madrid. Actualmente, el ministerio que encabeza financia 19 proyectos de investigación en la Antártida, algunos de los cuales han tenido reflejo en las páginas de Quercus, como los relacionados con pingüinos y otras aves marinas. Sin embargo, a partir de ahora los medios de comunicación seguirán más de cerca aquellos que tengan que ver con el estudio del clima y el calentamiento global del planeta. Durante el último medio siglo, miles de científicos han proporcionado una auténtica avalancha de datos que alertan sobre la grave alteración que están provocando en la atmósfera los gases con efecto invernadero. En particular el dióxido de carbono que se emite como residuo al quemar leña y combustibles fósiles, las dos principales fuentes de energía según se pertenezca al tercer o al primer mundo.

Aunque sea un chiste fácil, todo hace pensar que asistiremos a un Año Polar “calentito”. Los pocos países que aún no han firmado el Protocolo de Kioto, encabezados por Estados Unidos, reclaman unas certidumbres que la ciencia, por definición, no puede proporcionarles. Como decía el célebre paleontólogo estadounidense Stephen Jay Gould, las certezas son para los políticos y los sacerdotes, no para los científicos, que trabajan con hipótesis. Precisamente por eso avanzan nuestros conocimientos, porque no son estáticos, sino flexibles, progresivos. Cada nuevo avance se apoya en una imprecisión anterior y hoy caben pocas dudas de que la humanidad ha alterado gravemente el ciclo natural del carbono, poniendo en circulación las enormes reservas que estaban sepultadas en forma de madera, carbón e hidrocarburos desde hace miles o millones de años. Lo que el biólogo australiano Tim Flannery llama muy explícitamente “desenterrar a los muertos” en su brillante libro La amenaza del cambio climático: historia y futuro. Algo que, por supuesto, no está nada bien.

En cualquier caso, ¿por qué concedemos tanta importancia a los polos? Sencillamente, porque lo que ocurre allí se refleja luego en el resto del planeta. Y, como queda de manifiesto en la página web del Comité Español del Año Polar Internacional (www.api-spain.es), es recomendable incrementar las investigaciones científicas en esas regiones extremas para conocer, no sólo los cambios que se están produciendo en la actualidad, sino también los que tuvieron lugar en el pasado, pues de esa manera tendremos una idea más fidedigna de lo que puede depararnos el futuro.

Una vez conjurado el peligro del trasvase –al menos de momento– el río Ebro vuelve a enfrentarse a nuevas amenazas. Un castizo diría que tiene la negra. Ahora se trata de un proyecto para instalar nueve centrales eólicas justo frente a las costas del delta. Nuestro primer parque eólico marino ocuparía más de 15 kilómetros lineales, estaría formado por 144 aerogeneradores de 115 metros de altura y tres megavatios de potencia cada uno y se desplegaría a una distancia media de cinco kilómetros de las playas del hemidelta sur. Todo ello a un paso del segundo humedal más importante de nuestro país, después de Doñana. ¿No había otro sitio en toda la costa mediterránea? ¿Tiene que ser precisamente ahí, justo en el tramo más valioso? Ni hecho adrede. En cualquier caso, este es el problema fundamental de la energía eólica, que su indudable bondad ecológica se ha convertido en una patente de corso para inundar de aerogeneradores sierras, costas y ahora mares. Como es buena, no se cuestiona. Vale todo.

La empresa promotora, Capital Energy, alegará razones técnicas relacionadas con la fuerza del viento, pero hay que insistir una vez más en que hay zonas, como el delta del Ebro, que deben preservarse sin concesiones y que hasta la más mínima alteración representa un grave riesgo para su integridad. En cuanto a las administraciones competentes, la demarcación en Tarragona de la Dirección General de Costas (Ministerio de Medio Ambiente), ya ha sacado el macroproyecto a información pública. La Generalitat, por su parte, acaba de enviar a un grupo de expertos a visitar los parques eólicos marinos de Dinamarca y su intención es pasar de los 87 megavatios eólicos que se producen actualmente en Cataluña a cerca de un millar en los próximos años, por lo que tampoco cabe esperar repentinos entusiasmos por la conservación del delta.

Aguas arriba del Ebro, el protagonista vuelve a ser el mejillón cebra, un pequeño bivalvo que se introdujo como plaga en el tramo bajo del río y ahora acaba de saltar la barrera de la presa de Mequinenza (Zaragoza), con lo que su avance por el cauce medio puede ser imparable. Era de temer y de esperar. El mejillón cebra es muy prolífico, soporta cambios bruscos de temperatura y salinidad e incluso resiste varios días fuera del agua, rasgos que hacen de él un invasor muy competente. En Estados Unidos no han logrado controlarlo y aquí llevamos el mismo camino.

La maldición del Ebro no es sólo cuestión de suerte. Tal cúmulo de adversidades denotan un río enfermo, asaeteado desde todos los frentes. Son los síntomas de un estado de deterioro general y la causa es, como siempre, nuestro modelo de desarrollo, a todas luces incompatible con la conservación de la naturaleza, por más que se disimule con el dudoso remoquete de sostenible.