Editorial

En relación con la conservación de especies en España, parece haber algunos fantasmas empeñados en volver cuando ya se les suponía lejos. Está pasando con los cebos envenenados, de triste actualidad en los últimos tiempos por el repunte de su uso ilegal para erradicar predadores por parte de ciertos sectores cinegéticos y ganaderos sin escrúpulos, y lo mismo puede decirse de los tendidos eléctricos.

En los años noventa, gracias en buena parte al apoyo económico de la Unión Europea a través de los fondos Life, se invirtieron más de cinco millones de euros en modificar y aislar los postes y cables peligrosos para el águila imperial. Esta suma sirvió para pagar a las compañías eléctricas por acceder a corregir los puntos negros para la especie, sobre todo en las cercanías de sus áreas de cría.

La recuperación poblacional del águila imperial, que supera ya las doscientas parejas reproductoras, algo le debe a esos trabajos. Pero recientemente ha vuelto a saltar la alarma: entre 2004 y 2005 se han encontrado electrocutados treinta ejemplares de nuestra rapaz más emblemática, cifra que duplica la mortalidad del pasado lustro. Ya sea por la menor efectividad con el paso del tiempo de las correcciones aplicadas, caso del deterioro del aislamiento plástico de los cables, o porque no se ha actuado en las zonas de dispersión o de asentamiento reciente de la especie, lo cierto es que los números cantan.

El balance del impacto de los tendidos en otras especies amenazadas es tanto o más grave. En los últimos diez años han muerto electrocutados más de doscientos ejemplares de águila perdicera (la mitad de las bajas que sufre esta rapaz se debe al mismo problema), mientras que la colisión contra cables se está revelando como especialmente dramática para aves como la avutarda o la hubara canaria.

No por casualidad SEO/BirdLife decidió dedicar la pasada convocatoria del Día de las Aves, celebrada el 7 y el 8 de octubre, a divulgar la amenaza de estas trampas mortales. Y lo hizo enviando al monte a más de un centenar de voluntarios, que recorrieron más de seiscientos kilómetros de tendidos en seis comunidades autónomas. El resultado supera todas las previsiones: más de doscientas aves muertas, entre ellas algunas tan amenazadas como águilas perdiceras, buitres negros, milanos reales y avutardas.

Desde hace algunos años, los nuevos tendidos eléctricos que se instalan incluyen diseños para evitar su impacto en aves y son ya varias las comunidades autónomas que han aprobado normativas en este sentido. Los problemas vienen dados sobre todo por los de antigua construcción. Los expertos creen que con una inversión de unos cuarenta millones de euros se podrían aplicar modificaciones definitivas en estos viejos tendidos y, en pocos años, acabar o al menos reducir en gran parte el peligro.

La medida está prevista en un esperado decreto estatal que lleva años navegando a la deriva entre los despachos de varios ministerios. Muchos tememos que se hunda silenciosamente antes de aprobarse. El de Medio Ambiente lo elaboró y lo propuso y el de Industria, por sus competencias en la materia, debería dar su visto bueno y asumir la mayor parte del coste que implica su aplicación, una nimiedad si se compara con los más de siete mil millones de euros anuales que maneja este organismo. De lo contrario, perderíamos una oportunidad histórica para acabar con una de las bestias negras de nuestra avifauna más amenazada.

El pasado mes de abril se cumplieron seis años del vertido tóxico de Aznalcóllar, una de las peores catástrofes ecológicas que ha padecido nuestro país. Al margen de triquiñuelas legales y como bien sabe todo el mundo, los responsables directos de aquel desastre han puesto pies en polvorosa y los quinientos puestos de trabajo, que se antepusieron a cualquier otra consideración –incluidas, por supuesto, las ambientales– nos han salido carísimos a todos los contribuyentes. Puestos a pensar en positivo, podría servirnos de consuelo el argumento de que siempre se aprende algo de las desgracias, pero no es el caso. Sobre la vecina localidad de Gerena planea un gigantesco proyecto minero denominado Cobre las Cruces, que repite una vez más el sistema de explotación a cielo abierto de Boliden y prevé la apertura de una escombrera que ocupará mil hectáreas. Todo ello en una zona de campiñas y dentro del área de influencia del Parque Nacional de Doñana.

Por si todo esto fuera poco, la Junta de Andalucía ha financiado al 50% la instalación de la empresa RMD, dedicada a la incineración de cables y neumáticos, en el propio municipio de Aznalcóllar, dentro de su sarcástico polígono medioambiental. La actividad de este tipo de empresas, a todas luces contaminantes y peligrosas, condiciona el desarrollo de sectores más acordes con la vocación y la importancia ecológica de la zona, como el turístico y el agroalimentario.

Al día de hoy, sin considerar el impacto futuro de ambos proyectos, el agua potable contiene valores inaceptables de metales pesados y, como denuncia la organización Ecologistas en Acción, este problema demuestra la “existencia de escombreras en Aznalcóllar que poco tienen de inertes, a las que fueron a parar cientos de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos del polo químico de Huelva, mediante el tráfico de residuos que resultó ser la principal actividad económica, junto con la de recibir subvenciones públicas, del grupo Boliden Aprisa.”
Ecologistas en Acción, junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLIfe) y WWF/Adena, han solicitado públicamente un programa de descontaminación definitivo, controlar las extracciones ilegales de agua para riego en la cuenca del Guadiamar (aún fuertemente contaminada) y promover un plan de desarrollo económico para todo el Corredor Verde que sirva de estímulo a nuevas actividades y tenga en cuenta la cercanía de un espacio protegido de la importancia internacional de Doñana. Los cambios de paradigma no pueden acometerse sin un cambio de actitud en los responsables públicos, cuya cortedad de miras a largo plazo se traduce en problemas graves a corto plazo. Doñana depende de lo que ocurra en su entorno más inmediato y mientras no se aplique una gestión integral del territorio, dentro y fuera del parque, tendrá su futuro hipotecado.

A la naturaleza no le sientan bien ni las fronteras ni los encorsetamientos, límites a los que somos muy aficionados los humanos en general y los políticos en particular. La pasión por encajar en estructuras administrativas lo que se distribuye libremente según las leyes naturales puede llegar a rayar en lo absurdo. De todas formas, dado que hemos ordenado territorialmente el mundo, es inevitable buscar alguna fórmula de gestión que armonice nuestra trayectoria histórica y cultural con la indómita exhuberancia de la biodiversidad. Y es entonces cuando surgen los conflictos.

Como suele ocurrir con las instituciones que creamos, ninguna de ellas es perfecta, pero unas cumplen mejor que otras sus objetivos. En el caso concreto de los espacios naturales españoles, la ley vigente autoriza a las comunidades autónomas a crear cualquier figura de protección que estimen oportuna, lo que se traduce en un auténtico crisol de competencias administrativas que terminan por confundir al ciudadano de a pie, incapaz de distinguir entre un parque natural y un parque nacional, por no citar otras categorías más sutiles.

En su afán por acumular poder y competencias –además de presupuestos– las comunidades autónomas aspiran ahora a gestionar en exclusiva los parques nacionales, que hasta hace poco eran competencia del Estado y que actualmente administran conjuntamente los gobiernos regionales y el Ministerio de Medio Ambiente a través de un organismo autónomo específico. Esta nueva propuesta de gestión está avalada por un informe del Ministerio de Administraciones Públicas presentado en el consejo de ministros del pasado 14 de mayo y que, de salir adelante, vaciaría de contenido un importante departamento de la ministra Cristina Narbona. Las principales organizaciones ecologistas se han opuesto rotundamente a lo que consideran un intento de desmantelar la actual red de parques nacionales y no les falta razón cuando dicen en un comunicado conjunto que “la biodiversidad que albergan (...) es patrimonio de todos los ciudadanos por igual, con independencia de su situación geográfica, y por ello su conservación debe estar salvaguardada de intereses políticos o particulares”. Un buen ejemplo es el Parque Nacional de Aigües Tortes y lago de Sant Maurici, que perdió 2.000 hectáreas de superficie por intereses turísticos tras quedar en manos del la Generalitat de Cataluña en 1988.

En este mismo número de Quercus publicamos un artículo en el que Rafael Márquez analiza el estado de conservación de los anfibios y reptiles en las 17 comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla, con resultados muy irregulares a pesar de que muchas administraciones comparten con frecuencia las mismas especies. Tampoco tiene desperdicio la tribuna firmada por Eduardo Martínez de Pisón sobre los destrozos causados en el valle pirenaico de Espelunciecha para ampliar la estación de esquí de Formigal, donde, según sus propias palabras, en lugar de “extender la protección y acantonar el deterioro” se ha hecho justo lo contrario “ampliar el deterioro y acantonar la protección”. No se podía haber expresado con más acierto y menos palabras el riesgo que entraña una gestión exclusivamente autonómica de los actuales parques nacionales.

Una anomalía. Eso es lo que parecen los espacios naturales protegidos cuando se invocan las leyes del mercado. De otra forma no se entiende que Doñana, una de las joyas de nuestra red de parques nacionales, permanezca sitiada por un sinfín de amenazas. Las más recientes son el dragado del río Guadalquivir, el almacén subterráneo de hidrocarburos y la resurrección de la mina de Aznalcóllar. Tampoco vamos a escandalizarnos a estas alturas, cuando ya se han propuesto –y desestimado– desde urbanizaciones hasta carreteras. O cuando los linces que escapan del cerco mueren vilmente atropellados como cualquier perrillo callejero. Pero no deja de resultar chocante que todo eso siga girando en torno a un parque nacional de la categoría y el renombre internacional de Doñana.

A raíz de lo que parece ser un vertido procedente del lavado de los tanques de algún petrolero que pasaba por allí, durante el fin de semana del 3 y el 4 de abril más de uno no habrá podido evitar recordar, mientras bajaba de nuevo a rescatar aves marinas petroleadas –alcas y araos sobre todo– a las costas gallegas, las dramáticas escenas de la reciente catástrofe del Prestige. Las coincidencias no acaban aquí, puesto que el tratamiento de los animales ahora afectados ha ido acompañado de un nuevo episodio de entrega desinteresada del voluntariado. Pero tampoco han faltado a la cita el caos organizativo y la gestión más que discutible de las autoridades.

La situación se puso al rojo vivo el 8 de abril en el centro de recuperación de fauna de Cotorredondo, que se había significado por su extraordinaria labor durante la crisis del Prestige. Ese día, los voluntarios que ayudaban en este centro cercano a Vigo (Pontevedra) protagonizaron un sonado plante cuando, según la versión de éstos, un cargo de la Consejería de Medio Ambiente ordenó verbalmente enviar parte de las aves que estaban tratando a los hospitales de fauna de Oleiros (La Coruña) y de la Facultad de Veterinaria de Lugo. El enfado de los voluntarios de Cotorredondo, compartido por la mayor parte del personal contratado, reflejaba no sólo el temor de que los otros dos centros carecieran de medios para trabajar con animales petroleados. También el estupor por la consigna dada por el citado funcionario, que la Xunta de Galicia se ha negado después a reconocer, de sacrificar nada menos que unas doscientas de las aves afectadas, por falta de capacidad para salvarlas.

Tras el revuelo social y el cruce de comunicados y declaraciones entre el Gobierno gallego y los grupos ecologistas, parece que las aguas se han calmado y el proceso de limpieza de las aves prosigue. Pero mientras el primero insiste en que todo marcha bien, los segundos no descartan que muchos ejemplares se acaben liberando sin las suficientes garantías de supervivencia por haber recibido un tratamiento incompleto o deficiente. Esta preocupación es compartida por el prestigioso International Fund for Animal Welfare (IFAW).

Al margen del hecho de que más de un año después de lo ocurrido con el Prestige se sigan produciendo mareas negras dañinas para la avifauna marina en Galicia, el incidente refleja la necesidad de contar en esta comunidad autónoma con una infraestructura permanente especializada en fauna petroleada, que pueda resolver situaciones críticas de forma rápida y eficaz. De hecho, la creación de un centro de estas características fue una promesa de la Xunta que, inexplicablemente, sigue sin cumplir.

Como ya hemos reflejado varias veces en Quercus, los efectos del cambio climático serán patentes en aquellas especies muy vinculadas a un determinado rango de altitud. El aumento de las temperaturas hará que las franjas ahora establecidas se desplacen y estrechen, e incluso que desaparezcan las más extremas, tanto por arriba como por abajo. Animales y plantas tendrán que reajustar su área de distribución, según la flexibilidad de cada cual para adaptarse a las nuevas circunstancias, y repartirse un espacio vital cada vez menor. Con el calor llegarán nuevos competidores y parásitos, de manera que no sólo cambia el clima y la distribución altitudinal, sino también el complicado engranaje de las relaciones ecológicas. Algunas especies no tendrán dónde huir, a otras les faltará capacidad de reacción y todas deberán enfrentarse al acuciante factor tiempo. Una situación que favorece a los miembros más banales y oportunistas de cada comunidad. El resultado es, sin duda, otro de los ogros de nuestra época: la pérdida de biodiversidad.

El gelada, un primate africano al que dedicamos un amplio reportaje en este número de Quercus, es un buen ejemplo de las dificultades que acechan a los habitantes de los altiplanos y las zonas de montaña. Vive en las cumbres y laderas de unos pocos macizos de Etiopía, asociado a los pastizales de altura, de manera que es uno de los muchos afectados por la pérdida o reducción paulatina de su hábitat. Robin Dunbar, el mayor especialista mundial en geladas, afirma que un incremento de cinco grados en la temperatura podría eliminar a más de la mitad de su población, cifrada por los más optimistas en varios cientos de miles de ejemplares.

También publicamos un Manifiesto por la supervivencia, firmado por alumnos del quinto curso de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que otorgan un destacado papel a la “retroalimentación positiva” que refuerza y acelera el cambio climático, un proceso derivado de las actividades humanas que da lugar a una serie de círculos viciosos difíciles de revertir. Pero, sobre todo, los futuros biólogos ponen el dedo en la llaga al culpar al actual modelo de desarrollo, claramente insostenible, como la verdadera causa del cambio climático. Mientras se impongan las recetas neocapitalistas impulsadas desde los países occidentales, no habrá ninguna solución tecnológica o política al efecto invernadero.

En este sentido, no deja de ser un pequeño pero muy llamativo avance el acuerdo sobre el clima al que llegaron los ocho países más industrializados del mundo en la cumbre que celebraron el pasado mes de junio en Alemania. Según una nota difundida por WWF/Adena, el objetivo consiste en no rebasar los 2ºC de aumento en la temperatura media respecto a los niveles preindustriales. Aunque, eso sí, sin calendarios ni compromisos concretos. Pero dicho acuerdo sitúa a Estados Unidos, Canadá y Japón más cerca de los postulados defendidos por la Unión Europea, lo cual, sin ser gran cosa, ya es algo. Y, desde luego, nada se habría logrado sin la presión ejercida por las organizaciones ambientales y la opinión pública.

Mientras tanto, Al Gore sigue adelante con su cruzada. Fue una de las figuras descollantes en el Primer encuentro internacional de amigos de los árboles, celebrado en Barcelona el 23 de junio, donde hizo un alegato en favor de la reforestación durante su discurso de clausura. Ningún problema ambiental había levantado hasta ahora tanta polvareda y sería un delito no aprovechar bien la ocasión.

El acceso de los ciudadanos a la información oficial en materia de medio ambiente es un derecho reconocido por la Unión Europea, el Estado español y las comunidades autónomas. Sin embargo, a la hora de la verdad, se vulnera en un porcentaje muy alto de los casos. Por lo que parece, una cosa es la aceptación formal de la norma y otra muy distinta allanar el camino para que pueda cumplirse sin trabas el espíritu de la directiva que la regula. WWF/Adena acaba de hacer público un informe desolador: un tercio de las solicitudes hechas a la Administración del Estado queda sin respuesta al cabo de dos meses, porcentaje que se eleva a la mitad en el caso de las comunidades autónomas. Por el contrario, todas las peticiones formuladas ante la Comisión Europea obtuvieron contestación dentro del plazo previsto. Evidentemente, en España no se facilita el acceso a la información ambiental, lo cual, aparte de sus implicaciones éticas y legales, a menudo impide la iniciativa privada en campañas de conservación. Aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía deben quedar funcionarios celosos de lo público, como aquellos que primero impidieron a unos miembros de Aedenat –hoy, Ecologistas en Acción– consultar un documento expuesto a información pública y luego, ante su insistencia, accedieron a mostrárselo pero acompañados de dos guardias civiles.

No obstante, el cambio de talante parece que empieza a notarse en el Ministerio de Medio Ambiente. Cristina Narbona cerró el año 2004 haciendo públicos todos los informes relativos al Plan Hidrológico Nacional encargados por el Ejecutivo anterior, incluidos los que eran claramente desfavorables a sus intenciones. Es más, pueden consultarse en la página web del ministerio (www.mma.es) y son muy útiles para ilustrar el debate sobre la gestión del agua en nuestro país. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto el pasado 23 de diciembre que regula la estructura y las funciones del nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), en el que participarán, entre otros, representantes de las cinco organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal (WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) y de los dos sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT). Aunque las conclusiones del CAMA no son vinculantes, el papel de este órgano de participación pública es fundamental para encauzar la política ambiental del Estado.

Tanto la transparencia informativa como los órganos consultivos son formas de involucrar activamente a la ciudadanía en las decisiones que adoptan los políticos. Un sano ejercicio de democracia que otorga a los españoles un papel que va más allá del simple voto a favor de una u otra candidatura. Lo deseable sería que ambas posibilidades se mantuvieran al margen del color de cada gobierno, aunque hasta la fecha no ha sido así. Arrastramos todavía cierta falta de cultura política y de iniciativa personal para que lo público se considere, en efecto, parte de un patrimonio común. Incluida, por supuesto, la información ambiental. Más que nada, porque la hemos pagado entre todos. El silencio administrativo no puede convertirse en un subterfugio al que puedan recurrir nuestros dirigentes para vulnerar un derecho tan fundamental como el acceso a la información. Es más, algo huele a podrido cuando el último recurso consiste en ocultar datos y los ecologistas han tenido siempre muy buen olfato para seguir este tipo de rastros.

Ni los espacios protegidos ni sus áreas aledañas se libran de la ofensiva urbanística sobre los últimos tramos costeros mediterráneos que quedan sin trasformar. En nuestras páginas hemos prestado atención hace poco a dos casos muy significativos. Uno, el Parque Regional de Calblanque, sector de la sierra litoral de Cartagena (Murcia) también protegido por un LIC que, a no ser por la presión ecologista, los informes científicos y la intervención de la Comisión Europea, iba a ser en parte modificado para urbanizar. Otro, el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (Alicante), en cuyo límite sur, muy cerca del mar, se está levantando un gran complejo turístico de más de un millar de viviendas.

Pero nada es comparable a lo que está ocurriendo en el cabo de Gata (Almería), el rincón más bello y singular de todo el Mediterráneo español. En la mente de muchos, este reducto de naturaleza volcánica, aridez extrema y connotaciones norteafricanas se mantiene a salvo gracias al Parque Natural que desde hace casi veinte años abraza tanto su medio terrestre como su franja marina, reforzado por la triple protección internacional de Reserva de la Biosfera, Sitio Ramsar y ZEPA. Eso es porque no han visto el hotel colosal que se está construyendo en el sector norte del parque, casi al pie de la playa de El Algarrobico (más información en págs. 64 y 65).

Fue la primera parada de un tour muy especial que la gente de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata preparó para la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) del 4 al 6 del pasado marzo. Durante esos tres días, los organizadores insistieron en dar todo tipo de explicaciones y documentos sobre lo que se le venía encima a este espacio protegido con el nuevo PORN, a cuya memoria descriptiva han tenido acceso. Estas siglas son algo así como la letra pequeña –a menudo frustrante– del contrato que las Administraciones, en este caso Junta de Andalucía, firman con la sociedad para preservar un santuario natural.

Pero al grupo de invitados, con mirar alrededor, nos era más que suficiente. A continuación, algunas postales escogidas del recorrido: urbanismo descontrolado por doquier que en el nuevo PORN, según nuestros anfitriones, se fomentará; impulso previsto a los regadíos al aire libre –a sumar a los cultivos ilegales bajo plástico que ya hay dentro del parque– en detrimento de una agricultura ecológica y tradicional; temor a que se reduzca el nivel de protección de la franja costera y marítima fuera de las Reservas Integrales ya creadas.

El último punto visitado fue la desembocadura de Rambla Morales, donde ha criado la emblemática malvasía cabeciblanca, anátida amenazada a escala mundial. Muy cerca de este refugio de aves acuáticas, cercado por invernaderos, se está construyendo una desaladora que, según nos contaron, no extraerá agua del mar, sino del acuífero de la zona, por ser mucho más sencillo y barato. ¿Alguien lo entiende?

Ahora que aún estamos a tiempo, conviene ser precavidos y adoptar las medidas oportunas para evitar que la gripe aviar penetre en España. El virus H5N1, causante de esta pandemia, cuanta con focos activos en China, Kazajstán, Mongolia y algunas regiones de Siberia, todos ellos muy alejados de nuestras latitudes. Sin embargo, el hecho de que el peligro sea remoto no debe movernos a la complacencia, sino más bien alentar una actitud vigilante que puede ahorrarnos males mayores.

Como es bien sabido, este tipo de gripe afecta sobre todo a las aves de corral. Sin embargo, en China es frecuente que las aves domésticas entren en contacto con las silvestres, sobre todo cuando se trata de aves acuáticas. Dado que muchas acuáticas son también migradoras, pueden llevar consigo el virus y extenderlo por otros continentes. Bien es cierto que las poblaciones enfermas se autorregulan y la mortandad natural limita el número de vectores potenciales. Es difícil, por ejemplo, que un ave enferma logre afrontar con éxito el esfuerzo que suponen los vuelos migratorios. Pero la posibilidad existe y una vez que el problema estalla es mucho más difícil de solucionar.

Pocas especies cubren la enorme distancia que separa el Extremo Oriente de Europa Occidental, pero tres al menos son capaces de entrar en contacto con la enfermedad y traerla hasta aquí: la barnacla carinegra, el ánsar campestre y el correlimos zarapitín. Todas ellas son muy escasas en España y frecuentan lugares apartados donde no es probable que puedan contagiar el virus a las aves de granja. Por este lado, el riesgo es muy bajo, aunque naturalistas, ornitólogos y anilladores pueden contribuir a detectar a tiempo cualquier ave enferma y dar la voz de alarma. Llegados a este punto conviene dejar bien claro que, hasta la fecha, ningún ave silvestre ha contagiado la gripe aviar directamente a los humanos, ni siquiera en las zonas infectadas. Todos los casos conocidos se produjeron a raíz de un estrecho contacto con aves de corral.

Sin embargo, también se producen importaciones de aves orientales por diversos motivos y estas sí pueden mezclarse con las domésticas. La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ha hecho público un comunicado en el que reclama someter a severos controles sanitarios cualquier importación de aves silvestres procedentes de las zonas infectadas. Es más, opina que la mejor medida de precaución sería suspender momentáneamente este tipo de comercio. Otra de sus recomendaciones es extremar la vigilancia para evitar que las aves domésticas puedan entrar en contacto con las silvestres, lo que exige un mayor grado de información y hasta de interés por parte de sus propietarios.

En resumen: conocemos el peligro y contamos con la ventaja de que es poco probable que nos afecte. En tales condiciones, tenemos muy poco que perder y mucho que ganar si nos curamos en salud. Por el contrario, si la gripe aviar llega hasta España por cualquier conducto, entonces tendremos que enfrentarnos a un serio problema de salud pública y lamentaremos no haber sido más precavidos en su momento. Ese momento, desde luego, es ahora mismo.

Como bien saben todos los contribuyentes, el impreso de declaración de la renta reserva un espacio para que cada cual asigne un porcentaje de sus impuestos a una confesión religiosa o a una serie de colectivos sociales laicos y sin ánimo de lucro. Pero lo que seguramente ignoran es que las organizaciones ambientales estaban excluidas de esta segunda opción. Hasta el mes pasado, el dinero recaudado por dicho concepto sólo se destinaba a financiar organizaciones con fines humanitarios y de ayuda al desarrollo. Una injusticia felizmente subsanada por el Consejo de Ministros mediante un real decreto aprobado el 4 de mayo. A partir del próximo ejercicio fiscal, los ciudadanos dispondrán de una casilla para que un pequeño porcentaje de sus impuestos se destine a fines ambientales. Y las organizaciones ecologistas podrán reclamar la parte que les corresponde y aumentar así sus recursos con fondos públicos. Además, para que el resto de las ONG no vean menoscabados sus intereses a consecuencia del nuevo sistema de reparto, el porcentaje de libre atribución se ha visto incrementado en dos décimas, desde el 0’5% vigente hasta el 0’7%. En otras palabras, un 0’2% de los impuestos podrá destinarse a conservar la naturaleza y preservar el medio ambiente, a través de los colectivos que se dedican a esta tarea y que han acumulado ya una notable experiencia y credibilidad.

Por desgracia, el real decreto que reforma este aspecto acompaña a la Ley de Presupuestos del año próximo y no entrará en vigor hasta el siguiente ejercicio fiscal, es decir, el correspondiente al año 2007. En este mes de junio, cuando saldemos cuentas con el Estado de acuerdo con los ingresos percibidos a lo largo del año 2006, las cosas seguirán como estaban en los 19 años anteriores.

Merece la pena transcribir las declaraciones de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del 4 de mayo: “El Ministerio de Medio Ambiente calcula que durante el primer año de entrada en vigor de la norma los contribuyentes destinarán a la defensa del medio natural alrededor de tres millones de euros. Esa cantidad se canalizará a través de entidades y organismos no oficiales, vinculados a la defensa del medio rural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención del cambio climático. Contribuir financieramente será, por tanto, otra forma de ejercer la defensa activa de la naturaleza.”
Están por definir los criterios que deben reunir las organizaciones receptoras de estos fondos públicos y por eso abogamos desde aquí a que sean flexibles para que salgan beneficiadas la mayor parte de ellas. O las que buenamente quieran, pues sabemos por experiencia que algunas recelan de este tipo de ayudas porque pueden llegar a representar una forma de control sobre sus actividades. Dicho más llanamente: “la que se pase con las críticas, queda fuera del reparto.” Tras unos años de relaciones amistosas, el relevo de algún alto cargo o incluso un cambio de Gobierno podría traducirse en un recorte de tales fondos, lo que acarrearía dificultades a quienes contaban con ellos o ya los tuvieran comprometidos. De ahí los temores que puedan suscitarse sobre una hipotética falta de independencia.

No obstante, la misma seriedad que caracteriza a las ONG ambientales hará que sean previsoras y sepan acudir a estas subvenciones que les conceden todos los ciudadanos sin necesidad de verse comprometidas.