Editorial

Cada vez que se declara un espacio protegido, los propietarios de los terrenos implicados se echan a temblar. La queja casi unánime es que ya no podrán hacer lo que les dé la gana en sus fincas, ya sean particulares o municipales. Un asalto a la iniciativa personal y a la propiedad privada, que es un valor sagrado en las economías de mercado. Se diría que es un agravio para los dueños de cualquier propiedad rural, pero los titulares de fincas urbanas saben bien que ellos tampoco pueden hacer de su capa un sayo en las ciudades. Muy al contrario: los edificios urbanos están sujetos a una complejísima normativa, que, para colmo, cambia de forma casi constante obligando a particulares y comunidades de vecinos a una interminable –y muy costosa– adaptación. Vivimos en un país territorialmente ordenado, donde los bienes inmuebles se registran y sus titulares están obligados a cumplir la legislación vigente. ¿A qué viene entonces tanta queja de los propietarios rurales? ¿Les asiste algún tipo de bula? El problema radica, ya sea en el campo o en la ciudad, en que la tendencia es a soslayar obligaciones y, en lo posible, cometer irregularidades. Ante tal escenario, un exceso de normativa se convierte en un nuevo obstáculo a salvar. Son pocos los que ven las evidentes ventajas de un espacio protegido, salvo los especuladores inmobiliarios que planean construir en su entorno, sobre unos terrenos milagrosamente revalorizados. Un ejemplo reciente es la red europea Natura 2000, un mosaico de espacios protegidos que intenta preservar lo más granado de la biodiversidad continental. Al principio, se vio como una nueva fuente de ingresos con cargo a las arcas europeas y las comunidades autónomas, que son los organismos competentes en la materia, se apresuraron a presentar largas listas de candidatos haciendo la cuenta de la vieja: cuanta más superficie declaremos, más euros nos llegarán de Bruselas. Luego vinieron los propietarios con sus temores: ¿Se podrá cazar en estos nuevos espacios protegidos? ¿Qué pasará con la agricultura de regadío? ¿Será el fin de la ganadería (léase, del exceso de carga ganadera)? ¿Y si quiero asfaltar un camino? ¿O abrir un pozo? Barreras y más barreras. Empezaron los recortes y las exenciones. El entusiasmo inicial se trocó en temor y escepticismo. Además, España es un país diverso y relativamente bien conservado en el ámbito europeo, así que la red Natura 2000 empezó a vislumbrarse como una amenaza. No hay fondos de cohesión que compensen tanta renuncia. El desconcierto ha llegado a tal extremo, que WWF/Adena acaba de editar un informe para desmentir los falsos mitos que lleva aparejados la red Natura 2000. En este informe se deja bien claro que, lejos de suprimirse, la agricultura y la ganadería serán futuros aliados de la red, eso sí, mientras se practiquen con criterios tradicionales. La caza no estará prohibida, salvo en los humedales cuando se utilice munición de plomo. Al contrario que en otros espacios protegidos, no se contempla la expropiación de terrenos. Y, en cuanto a las infraestructuras, lo único que exige es que se evalúe su impacto sobre hábitats y especies protegidas. Cristina Rabadán, responsable de la red Natura 2000 en WWF/Adena, ha sido tajante: “no puede ser considerada como un obstáculo para el hombre, sino todo lo contrario, es una oportunidad para las áreas rurales, particularmente para las más desfavorecidas.” En otras palabras, una cosa es que la actividad humana esté plenamente integrada en la red Natura 2000 y otra muy distinta que todo el monte sea orégano.


Rafael Serra

Rectificar es de sabios y, por fin, España ha respaldado una moción en defensa del atún rojo presentada por varios grupos ecologistas en el Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado recientemente en Barcelona. Como reflejamos en este mismo número de Quercus (pág. 68), el pasado 23 de septiembre nuestra Cámara Alta rechazó por 1 voto a favor y 25 en contra otra moción presentada por el senador Pere Sampol en la que instaba al Gobierno a proponer medidas ante la Unión Europea y la Comisión para la Conservación del Atún (ICCAT) que evitaran la sobreexplotación de esta especie en el Mediterráneo. Entre otras cosas, se pedía la declaración de una zona especial de protección para el atún rojo en las islas Baleares, al sur de la isla de Formentera, reducir las cuotas de captura para adaptarlas al consejo de los científicos y establecer un periodo de veda durante la época de reproducción. Pues bien, derrota por goleada en el Senado: 25 a 1.

Apenas tres semanas después, el Gobierno español decide dar su respaldo a un plan muy similar, incluso más ambicioso, defendido con éxito por Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF/Adena. Para empezar, el acuerdo resultante exige a los gobiernos una acción inmediata para cerrar la pesquería de atún rojo hasta que no se encuentre bajo control y se den las condiciones adecuadas para gestionarla. Asimismo, exige a la ICCAT establecer un auténtico plan de recuperación de la especie que, basándose en datos científicos, establezca un drástico recorte en las cuotas de captura y en la capacidad pesquera de las flotas. También deberá reducirse el periodo hábil de pesca e incluso abrir una veda durante los meses clave para la reproducción del atún rojo, en concreto mayo y junio. En cuanto a las zonas de reserva, la UICN confirma el santuario de las islas Baleares e insta a crear otros similares en el Mediterráneo oriental y central.

Los tres grupos ecologistas que han promovido la moción confían ahora en lo más difícil, es decir, que el compromiso adquirido por los gobiernos se traduzca en resultados concretos durante la próxima reunión del ICCAT, prevista para este mes de noviembre en la ciudad marroquí de Marrakech. En otras palabras, lo que tantas veces hemos reclamado desde las páginas de esta revista: que acuerdos, mociones y voluminosos estudios no duerman el sueño de los justos en algún cajón y todo ese papeleo se traduzca de una vez por todas en biomasa de atún rojo.

No faltan motivos para la desconfianza. Antes de que se iniciara el Congreso Mundial de la Naturaleza estas mismas organizaciones ecologistas ya habían denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino –que, no lo olvidemos, es competente también en materia pesquera– había hecho lo imposible para evitar que se aprobara una moción en dicho sentido durante la reunión de Barcelona. Tras esgrimir argumentos sin ningún apoyo técnico, negando que la población de atún rojo estuviera en declive e incluso avanzando dudosos signos de recuperación, consideraba que tampoco había evidencia científica que respaldara la creación de una reserva para la especie en aguas de Baleares, una región marina bien estudiada desde hace cinco años a través de sucesivas campañas del Instituto Español de Oceanografía. ¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones? La respuesta, este mes en Marrakech.

El lobo ibérico protagoniza la portada y muchas páginas interiores en este número de Quercus. Todos los años le prestamos cierta atención y no porque sea una apuesta segura en el quiosco, sino porque se lo merece. El lobo ha sido siempre noticia, aunque quizá nunca como ahora. Es obvio que la especie se recupera poco a poco de una persecución milenaria, que gana parte del terreno perdido y que su viejo antagonismo con el hombre del neolítico cobra nuevos bríos. Estamos inmersos en otra revolución tecnológica, la digital, y quizá haya llegado el momento de replantearse el papel del lobo, aunque sólo sea como sujeto informativo. Un tratamiento, por cierto, que tendrá hondas consecuencias en su conservación, lo que nos obliga a ser muy cautos. Sobre todo ahora que el lobo vuelve a copar la escena mediática aupado por los partidarios de resolver a tiros el conflicto social que siempre le acompaña.

Cuando aparezca este número de Quercus, es posible que miles de kilos de grano impregnado de bromadiolona hayan empezado a diseminarse masivamente por las llanuras castellanas. El único requisito que faltaba era la respuesta de un comité de expertos que asesora a la Junta de Castilla y León sobre el control de los topillos y dio su visto bueno el pasado 12 de febrero. Durante las semanas anteriores, quienes se oponen a esta ofensiva química lograron movilizar a sectores tan opuestos como ecologistas y cazadores. En una acción sin precedentes, las principales ONG conservacionistas del país y la Real Federación Española de Caza enviaron un informe conjunto a Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y a Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, con el ruego de que no incurrieran en los errores del pasado y buscaran alternativas para prevenir los daños causados por el topillo.

El pasado 15 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Red de Parques Nacionales, que adapta la legislación española a las sentencias dictadas en su día por el Tribunal Constitucional sobre el reparto de competencias a la hora de gestionar dichos espacios protegidos. Las comunidades autónomas se harán cargo del funcionamiento cotidiano, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente mantiene la tutela sobre la red y velará por el cumplimiento de su régimen jurídico de protección. Otra de las atribuciones que se reserva el ministerio que dirige Cristina Narbona será elaborar y someter a aprobación el Plan director de la red de Parques Nacionales, principal instrumento de planificación y gestión, en el que también podrán participar las comunidades autónomas. En cuanto a la estructura administrativa, la nueva ley habilita al Gobierno para transformar el actual Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) en una agencia estatal y mantiene la figura de los patronatos como foro de participación ciudadana, aunque ahora pasan a depender de las correspondientes comunidades autónomas. En cuanto a los fondos necesarios para costear la gestión de los parques, los gobiernos regionales tendrán que dedicarles partidas en sus respectivos presupuestos, aunque se han previsto varios mecanismos bilaterales y multilaterales de cooperación financiera. De hecho, en el año 2007 el Ministerio de Medio Ambiente aportará unos diez millones de euros a estos menesteres.

Tras la reciente declaración de Monfragüe, la red de parques nacionales cuenta con catorce espacios incluidos en tal categoría, el mayor rango de protección que otorga nuestro ordenamiento jurídico, pero apenas cubren el 0’6% del territorio español, lo que parece a todas luces insuficiente. Como ya hemos denunciado numerosas veces en Quercus, las carencias son flagrantes en lo que se refiere al medio marino.

Los principales grupos ecologistas han valorado positivamente la nueva ley, pero se mantienen expectantes ante una norma que aún se encuentra en fase de borrador y que se antoja asimismo decisiva. Se trata de la Ley de Protección del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyo futuro ámbito de aplicación abarca todo el territorio nacional y que sustituirá a la ya histórica ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Su principal baza es que antepone el derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente adecuando frente a los recientes abusos en materia de ordenación territorial y urbanística, al tiempo que adopta el principio de precaución ante cualquier iniciativa que pueda comprometer tanto a especies protegidas como a espacios naturales relevantes.

Como es obvio, ambas leyes serán decisivas para la conservación de la naturaleza en nuestro país y ahora sólo falta confiar en su cumplimiento estricto, algo que no siempre ocurre. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en las páginas de este número de Quercus, donde queda claro que la proyectada estación de esquí en los valles vecinos al puerto de San Glorio es incompatible con su población de oso pardo. Conviene recordar que la zona afectada forma parte de un espacio protegido, el Parque Natural de Fuentes Carrionas, y que fue preciso una artimaña legal para modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y meter con calzador una estación de esquí que contradice los criterios que aconsejaron preservarlo.

Allá por el año 2003 asistíamos impotentes a una devastadora mortalidad entre los buitres asiáticos, tan rápida y masiva que a punto estuvo de provocar la extinción de varias especies. Aquel año contábamos en Quercus cómo un equipo científico dirigido por J. Lindsay Oaks, de la Universidad de Washington, había señalado al diclofenaco como el causante de ese espectacular declive de las rapaces necrófagas, sin precedentes en nuestros tiempos por su amplitud y velocidad.

Puede que el nombre de diclofenaco no diga mucho a la mayoría de las personas, aunque está más cerca de nuestras vidas de lo que pensamos. Es, por ejemplo, el principio activo de un fármaco tan común como el Voltaren. Aunque se considera inocuo para las personas y el ganado, el problema surgió cuando los buitres se alimentaron de reses que habían sido tratadas con diclofenaco, cuyo uso veterinario estaba muy extendido en países como India, Pakistán y Nepal. Ahora ya sabemos que ese fármaco causa graves fallos renales en las aves carroñeras.

Es estimulante ver cómo cada vez más las ONG ecologistas crean alianzas entre ellas para enfrentarse a problemas puntuales, pero que atañen a todas aquellas que se unen en un momento dado para actuar. Qué mejor ejemplo que la acción conjunta de las llamadas “cinco grandes”: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España. Son ya todo un lobby que hace bien en prodigarse como tal en los tiempos que corren, en los que comprobamos día a día cómo mucho de lo logrado durante décadas en materia medioambiental se frena o retrocede.

Eso de que la unión (ecologista) hace la fuerza lo acabamos de ver en la regulación de la llamada justicia gratuita, objeto de un proyecto de ley recientemente aprobado por el Gobierno. En un principio, en la futura normativa no se iba a contemplar ese beneficio para las asociaciones de defensa del medio ambiente, cuando hay en cambio otros sectores de la sociedad civil que sí lo iban a disfrutar en consideración a su labor altruista. Afortunadamente, la presión de las “cinco grandes” ha sido definitiva para que Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, rectifique.

Era un secreto a voces, pero no por ello su designación como candidato del PP a las elecciones europeas ha impedido que se disparasen los balances sobre el papel de Miguel Arias Cañete al frente del ministerio que está a punto de abandonar. Ya sabíamos que iban a ser otras sus prioridades y que se sentía más cómodo en lo agrario y en lo alimentario. El propio ministro confesó en varias ocasiones que las competencias ambientales le habían caído más como una obligación que como una devoción. Pero lo que no podíamos imaginar es la magnitud de la parálisis e incluso del retroceso que se ha producido durante sus más de tres años al frente del ministerio. Sobre todo en lo que se refiere a garantías ya consolidadas –y duramente ganadas– relativas a la protección y la gestión de nuestros recursos naturales. Las ONG ecologistas no se muerden la lengua y hablan de toda una batería de medidas legales que ha impulsado con el objetivo de mercantilizar bienes básicos como el agua, el suelo y la biodiversidad, por mucho que el discurso oficial hable de fortalecer la economía y crear empleo. Por lo visto, también vivíamos ambientalmente por encima de nuestras posibilidades.

La Estación Biológica de Doñana (EBD) fue creada en 1964 por José Antonio Valverde, así que este año celebramos su quincuagésimo aniversario. No es que seamos unos fanáticos de las cifras redondas, pero tampoco desaprovechamos las oportunidades que brindan ciertos acontecimientos para mostrarnos agradecidos, sobre todo cuando se trata de un cumpleaños feliz. Cualquier colectivo humano genera luces y sombras a lo largo de un periodo de tiempo tan dilatado, pero nadie negará que el balance de estas cinco décadas sólo puede calificarse de brillante. Lo que empezó siendo una benemérita cabezonada personal, un fiel reflejo de la Estación Biológica de la Tour de Valat, en la Camarga francesa, se ha convertido hoy en un centro de referencia, con no pocos investigadores de prestigio internacional. España, tan indolente en otras ramas de la ciencia, tiene un considerable peso específico en ecología evolutiva y biología de la conservación, disciplinas canónicas en la EBD.

Se acabaron las excusas y las dilaciones. Una sentencia del Tribunal Supremo hecha pública el pasado 21 de marzo confirma lo que ya era del dominio público: el hotel de El Algarrobico es una obra ilegal, que afecta a terrenos protegidos del cabo de Gata y lo mejor sería demolerlo sin pérdida de tiempo. Una señal inequívoca de que la justicia se ha pronunciado con toda claridad es la reacción del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que no ha tardado en quitarse el mochuelo de encima y endilgarle a la Junta de Andalucía la responsabilidad del derribo.

Dos de sus predecesoras en el cargo ya intentaron sin éxito resolver el conflicto, Cristina Narbona y Rosa Aguilar. Respecto a esta última, que había llegado a un acuerdo con el Gobierno andaluz para compartir los gastos de la demolición, Arias Cañete se ha mostrado incluso grosero: “nosotros acataremos las resoluciones judiciales, pero la administración competente es la Junta de Andalucía, pese a lo que haya dicho alguna ex ministra de Medio Ambiente cuyos conocimientos jurídicos son bastante limitados”. Está claro que no cabe esperar ningún empujoncito por parte de la Administración central para derruir de una vez por todas esa aberración urbanística. Se lo impide su ideología ultraliberal, su enfrentamiento abierto con una comunidad autónoma que ya no podrá gobernar el Partido Popular y, por si faltaran razones, los recortes presupuestarios que el Gobierno aplica con la excusa de la crisis económica.

Otro que ha quedado en una situación bastante airada es el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, un independiente que gobierna la corporación municipal con apoyo del PP. Ha hecho lo imposible por legalizar lo ilegalizable y aún se encastilla en un par de resoluciones judiciales pendientes. Cualquier cosa antes de admitir que la licencia de obras otorgada en su día para construir el hotel es contraria al actual ordenamiento jurídico. Como, de hecho, se ha encargado de aclarar el Tribunal Supremo.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sí que ha admitido que era ilegal el intento de modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, lo que habría permitido construir en la playa de El Algarrobico, así que ha vuelto a proteger esos terrenos como “no urbanizables”. En otras palabras, un galimatías legal y político que parece ir aclarándose con la sentencia del Tribunal Supremo y que habría tomado un cariz muy distinto si el Partido Popular hubiera alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del pasado 25 de marzo.

Ahora sólo falta que el Ministerio Fiscal tome cartas en el asunto y exija al Ayuntamiento de Carboneras que cumpla las resoluciones judiciales. Sería un paso más hacia la demolición de El Algarrobico, un símbolo del urbanismo especulativo que tanta destrucción ha sembrado en el litoral español. Y un bonito regalo de cumpleaños para el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que celebra su vigesimoquinto aniversario en 2012.