Editorial

Las cinco principales organizaciones ecologistas de nuestro país –WWF/Adena, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra– han dado un suspenso a la gestión ambiental del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. En febrero de 2004, estos mismos colectivos propusieron a los partidos políticos que asumieran una serie de compromisos ambientales básicos y que los incluyeran en los programas que estaban defendiendo ante las elecciones legislativas del mes de marzo. Con la perspectiva que dan los dos años transcurridos desde entonces, la revisión de aquellas propuestas arroja un resultado muy poco alentador. Las conclusiones han quedado recogidas en un documento titulado Un programa por la Tierra: análisis del cumplimiento de las propuestas ecologistas para la legislatura, pero pueden resumirse en una sola y demoledora frase: “la política ambiental apenas ha mejorado y, en consecuencia, la situación de partida, que ya era claramente negativa, está muy lejos de haberse corregido.”
No deja de resultar curioso que el ministerio mejor librado haya sido el de Medio Ambiente. Los ecologistas reconocen a Cristina Narbona sus esfuerzos por mejorar las políticas relacionadas con la gestión del agua, la conservación de la biodiversidad y la participación ciudadana. Pero de ahí al aprobado queda un largo trecho. Las calabazas más sonadas han sido para los ministerios de Agricultura, Industria y Fomento, que incumplen incluso los propios compromisos electorales del PSOE en materia ambiental, mucho más asequibles. El fracaso, en definitiva, parece residir en otorgarle a las políticas ambientales un carácter transversal, capaz de impregnar toda la acción de gobierno. Por el contrario, la mera existencia de un ministerio especializado ha sido entendida como una patente de corso para que el resto de los departamentos apliquen la habitual política de desarrollo insostenible, pura y dura, que consagra el modelo económico en vigor y que es a todas luces incompatible con el mantenimiento de los recursos naturales a gran escala, la justicia social futura e incluso el equilibrio internacional.

En diciembre de este año que acaba de empezar, la revista Quercus cumplirá 25 años. Además, el número que coincida con las próximas Navidades será el 250. No es que nos deslumbren las cifras redondas, pero algo haremos para celebrar ambos acontecimientos. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, esta revista es fruto de una concatenación de factores muy poco probables. Para empezar, seguimos contando con un número considerable de fieles suscriptores y lectores, el cimiento más sólido de Quercus desde sus orígenes. También ha sido necesaria la complicidad de los sucesivos editores para mantener viva una revista que, no nos engañemos, nunca ha sido un gran negocio. Aunque bien es cierto que el reciente aumento de los ingresos por publicidad ha contribuido a darle una mayor estabilidad financiera. Y, por último, no es falsa modestia reconocer que todos los que han pasado por la redacción de Quercus han aportado mucho más que sus estrictas obligaciones laborales. Esta múltiple complicidad entre lectores, redacción y empresa es la fórmula que ha permitido sobrevivir a una revista muy especializada, de contenido crítico y, en no pocas ocasiones, hasta molesta para distintos poderes e intereses económicos.

Además, los casi 25 años que han transcurrido desde 1981 nos permiten tener una buena perspectiva del mercado editorial y valorar aún más, si cabe, el milagro de que Quercus siga siendo una realidad. Ahora estamos prácticamente solos en el quiosco y, sin embargo, nuestra situación es más o menos la misma de siempre. Con otras revistas ambientales o sin ellas, la fórmula de Quercus parece imperturbable. Al igual que la encina o el roble que da nombre a su cabecera, la revista se mantiene con solidez y humildad, capea estiajes y sequías, rebrota con fuerza cuando el año viene favorable y aguanta estoica los embates de la fortuna.
¿Qué cabe esperar para el futuro? Los lectores, como siempre, son los que tienen la última palabra. Pocas publicaciones han logrado establecer un vínculo tan estrecho con sus seguidores, de manera que nos mantendremos fieles a una línea editorial que, sin alharacas, ha demostrado sintonizar con la mayor parte de quienes se interesan honestamente por la conservación de la naturaleza en este país. No se trata de ser inmovilistas, sino de mantener unos criterios básicos y bien afianzados. Los contenidos podrán cambiar, como lo han venido haciendo a lo largo de estos años, pero Quercus seguirá siendo esa publicación incisiva e influyente, consagrada a debatir las políticas ambientales, a divulgar los avances científicos y a plantear las denuncias de las organizaciones ecologistas. Como decía un viejo militante y colaborador, “seremos pocos, pero estamos cargaditos de razón”. Los tiempos que corren no son los más propicios para tales mensajes, pero, precisamente por eso, es necesario que exista una revista como Quercus, capaz de aportar argumentos de peso al plato contrario de la balanza.

El mejor lugar de todo el Paleártico para observar el fenómeno de la migración de aves es el tramo costero de veinte kilómetros entre las localidades gaditanas de Tarifa y Algeciras, en la orilla norte del Estrecho de Gibraltar. Sus vientos funcionan como un embudo que canaliza –y permite contemplar a placer– el impresionante trasiego entre Europa y África, durante los pasos migratorios, de cientos de miles de cigüeñas y rapaces.

Un dato. En el marco del Programa Migres, la campaña de seguimiento de aves en el Estrecho que desarrollan la Junta de Andalucía y SEO/BirdLife, se vieron en un solo día –el pasado 1 de septiembre– más de 20.000 halcones abejeros (Pernis apivorus). Tan portentoso avistamiento se hizo desde el observatorio de El Algarrobo, el mejor punto del Estrecho para presenciar la migración post-nupcial. Pues bien, hace pocos días amaneció inundado de banderas que anunciaban un campo de golf de dieciocho hoyos, un hotel, apartamentos, villas y parcelas, nos informa Paco Montoya, portavoz del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (COCN), la ONG conservacionista más activa de la zona.

Este regalito llega justo cuando se están ultimando unas negociaciones que han logrado reconducir un preocupante proyecto de “mirador y restaurante” en Cazalla, otro de los observatorios clásicos. Gracias a la presión de una campaña internacional, apoyada por cientos de birdwatchers de todo el mundo, el edificio se construirá más alejado de lo que estaba previsto de este punto de observación y se limitará a una cafetería, con el añadido de un centro de interpretación dedicado a la migración.

El COCN ha solicitado formalmente al Parlamento de Andalucía que legisle para preservar la docena de miradores y observatorios utilizados por miles de aficionados y estudiosos de las aves que acuden cada año al Estrecho, muchos de ellos procedentes de otros países. El riesgo de no hacerlo es la pérdida de un patrimonio único de gran proyección científica, educativa y turística, ante ciertas infraestructuras especialmente agresivas desde la perspectiva de su impacto visual.

Mientras el urbanismo se consolida como una de principales amenazas actuales para la biodiversidad española, las enormes posibilidades que nuestro país ofrece a la hora de plantear un turismo de naturaleza en condiciones van cerrándose, a menudo sin haberlas aprovechado mínimamente. La observación de aves podría ser en este sentido una de las actividades más agradecidas. El reclamo para muchos visitantes y el motor de desarrollo local que ya suponen las rapaces de Monfragüe o las grullas de Gallocanta son ejemplos puntuales que podrían extrapolarse a muchos otros santuarios de aves, si se apostase claramente por la conservación y el uso público respetuoso. Pero los peligros que se ciernen sobre sitios con valores tan evidentes como el estrecho de Gibraltar parecen indicar todo lo contrario.

Las salinas de Santa Pola, situadas al sur de la provincia de Alicante, son un verdadero santuario para flamencos, patos, gaviotas, charranes y demás aves acuáticas, un espacio perfectamente comparable en importancia a otros valiosos humedales mediterráneos como el delta del Ebro y la albufera de Valencia. Sin embargo, son algo incómodas para que el naturalista las disfrute a placer. Encajadas entre el mar y grandes extensiones de suelo agrícola, urbano e industrial, buena parte de la superficie del parque natural que las protege corresponde a terrenos privados que se explotan como salinas y son de acceso restringido.

Uno de los pocos sitios que había para pasear con tranquilidad era la zona de las salinas del Pinet, una explotación ya abandonada situada junto al límite sur del parque natural, muy cerca ya de la playa. En este rincón costero de belleza arrebatadora, perteneciente al término municipal de Elche y técnicamente conocido como sector MR-9, se está construyendo un complejo turístico de más de un millar de viviendas.

La prensa local dio a conocer a finales de septiembre que la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana, que posee las competencias medioambientales en el Gobierno regional y, es, por tanto, responsable en teoría de mantener la integridad natural de estos parajes, ha dado el visto bueno a esta operación urbanística. Este típico caso de desprecio a las prioridades de conservación frente a los intereses especulativos tiene una circunstancia agravante. A raíz de los recursos judiciales presentados por la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de la polémica urbanización. La primera en octubre de 2003 y la segunda en mayo de 2004, con sendas sentencias que anulaban las autorizaciones del Ayuntamiento de Elche a estas obras destructivas.

En este número de Quercus (págs. 68 y 69) ponemos sobre el tapete otro ejemplo de una Administración pública más interesada en poner las cosas fáciles a las empresas urbanizadoras que en defender el medio natural. Se trata de un complejo de viviendas, con campo de golf incluido, cuya construcción está destruyendo un importante retamar con camaleones cercano a la bahía de Cádiz, todo ello con la conformidad de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía. Está claro que en las costas españolas, es el hormigón quien sigue imponiendo su ley.

Como todos los años por estas fechas, asistimos una vez más a la ceremonia de la confusión al analizar las consecuencias de los incendios forestales, especialmente virulentos en Galicia. Basta con fijarse en los escenarios que eligen los reporteros televisivos para comprobar que quizá han ardido los montes gallegos, pero desde luego no los bosques gallegos. Por desgracia, hace mucho tiempo que los auténticos bosques pasaron a la historia y ese es precisamente el quid de la cuestión. Padecemos olas de incendios forestales porque no arden bosques, sino cultivos. El decorado que rodea a la mayoría de los corresponsales es inequívoco: pinos o eucaliptos chamuscados. Todo lo más, algún tojal, etapa de sucesión del bosque degradado. Así pues, soslayado hace tiempo el auténtico problema ecológico, los incendios adquieren una dimensión puramente económica. Se trata de evaluar las pérdidas, de decidir el destino de la madera quemada, de evitar que caigan los precios, de arbitrar medidas para recuperar los montes, es decir, los cultivos madereros. Y vuelta a empezar.

Nadie habla de rehabilitar el bosque, las auténticas carballeiras gallegas, salvo cuando se hace de manera equívoca y con la evidente intención de confundir los términos adrede. Nada tiene que ver el bosque, una formación espontánea, rica y diversa, con ese ejército de árboles maderables, simple y monótono, que se ha apoderado de los montes gallegos. Esos mismos montes butaneros que ya denunciábamos hace 25 años. El objetivo se reduce pues a resarcirse de las pérdidas sufridas por un mero cultivo, como si del pedrisco se tratara. Nadie habla de catástrofe ecológica cuando se pierde la cosecha de peras. ¿Por qué sí se hace cuando se pierde la cosecha de celulosa? Mucho nos tememos que el efecto no es casual, sino buscado. Los periodistas, con escasa formación ambiental, caen todos los años en la trampa tendida por políticos, ingenieros y propietarios.

Como bien reclama la veterana Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), las ayudas no pueden seguir destinadas a alimentar la industria del fuego ni a incrementar los impactos que generan los incendios, sino a rehabilitar el auténtico bosque y a favorecer las actividades sostenibles que se desarrollan en el mundo rural. Otro veterano grupo ecologista, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), insiste en el mismo sentido: “una vez quemado el bosque o las plantaciones de pinos y eucaliptos, se debería dar prioridad a la hora de reforestar a las especies autóctonas, propias de cada zona, y no seguir repoblando con las especies pirófilas”.

En definitiva, el mal es crónico y no se ataja. Al revés, se insiste en mantener las mismas actuaciones año tras año, que ya han demostrado ser ineficaces y solamente sirven para cerrar un círculo vicioso. El año que viene volverán las llamas, las noticias alarmantes y los artículos editoriales en Quercus. Nada cambiará mientras no lo haga la política forestal.

La red de áreas protegidas Natura 2000, en construcción desde hace más de diez años, es la más ambiciosa y revolucionaria apuesta surgida nunca en Europa a favor de las especies silvestres y sus hábitats. Cuando esté definitivamente aprobada, al menos el 15% del territorio de la Unión Europea, una extensión similar a la de Alemania, estará legalmente cubierta por esta red. Sin embargo, no se aplicará una protección estricta, ya que la idea es permitir actividades humanas compatibles con la conservación de la naturaleza.

Mientras eso ocurre, los Estados miembros están proponiendo miles de sitios para ser incluidos en Natura 2000, en virtud de su designación como Lugar de Interés Comunitario (LIC) o Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Estos espacios naturales elegidos para la gloria gozan ya de un régimen preventivo previsto por la legislación europea, que debería blindarles ante posibles amenazas.

No debe por eso extrañarnos la alarma que, incluso fuera de nuestras fronteras, ha generado la propuesta del Gobierno murciano, formulada ante la Comisión Europea, de desproteger casi cien hectáreas del LIC de Calblanque, que incluye hábitats de gran interés natural y científico de la sierra de Cartagena (Murcia). Desde un primer momento, la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), en el convencimiento de que la jugada escondía una operación urbanística, movilizó en contra a la opinión pública, valiéndose incluso de llamamientos de apoyo a través de Internet, y se dirigió a Bruselas para que las autoridades comunitarias no diesen su brazo a torcer.

Cuando la campaña estaba al rojo vivo, se dio a conocer un informe del prestigioso botánico Francisco Alcaraz, de la Universidad de Murcia, que acabaría siendo determinante. En este trabajo se acentuaba el valor de lo que se quería desproteger, por contener una notable población de la emblemática sabina mora, joya botánica propia del norte africano que tiene en el sureste ibérico sus únicas poblaciones europeas. A cambio de este mordisco a Calblanque, las autoridades regionales ofrecían una superficie similar para ser añadida al LIC, en una maniobra que Anse vio de inmediato como un intento de dar gato por liebre, al tratarse de terrenos afectados por la minería.

Las objeciones y dudas planteadas por la Comisión Europea a la propuesta del Gobierno regional han dado su fruto y, por fin, a principios de noviembre, el mismo Francisco Marqués, consejero murciano de Medio Ambiente, convocaba a Pedro García, presidente de Anse, para informarle de que tiraban la toalla y que Calblanque no se tocaría. Este desenlace no sólo refuerza la integridad de la embrionaria Natura 2000, en un momento en el que otros muchos LIC y ZEPA están amenazados por proyectos destructivos. Es también una demostración de lo mucho que pueden aportar a la biodiversidad europea las campañas que a escala local llevan a cabo grupos ecologistas y conservacionistas como Anse.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho de las comunidades autónomas a gestionar en exclusiva los parques nacionales ha caído como un jarro de agua fría en el Ministerio de Medio Ambiente y en las principales organizaciones ecologistas de ámbito estatal, mientras que algunas agrupaciones locales la han aplaudido. En Quercus siempre hemos apostado por la existencia de una red de parques que fuera efectivamente nacional, es decir, competencia del Estado y resumen de un país muy diverso y aún con importantes espacios naturales dignos de ser conservados como muestra de un patrimonio común. Tampoco nos hemos opuesto a que las comunidades autónomas participaran en la gestión de dichos parques y, como han ofrecido las ONG, que incluso se dotara de mayor contenido a su cuota de decisión. Pero, en el fondo, lo que nos ha guiado siempre ha sido el objetivo de garantizar el rango máximo de protección a aquellos lugares que merecen conservarse. No sólo los formalmente declarados, sino también los otros muchos que aún permanecen en el limbo administrativo. De hecho, vamos más allá: lo que de verdad nos interesa es una gestión integral del territorio que no caiga en la trampa de seleccionar islas intocables fuera de las cuales imperen sin trabas las leyes del mercado. Pero, utopías al margen, ¿van a estar peor protegidos los parques nacionales sin la tutela del Estado? Mucho nos tememos que sí.

En las secciones de actualidad de cualquier número de Quercus pueden encontrarse ejemplos de lo tentador que puede ser recalificar un territorio cuando hay fuertes intereses económicos detrás. Renta y trabajo, cuando no especulación pura y dura, se han antepuesto siempre a cualquier criterio ambiental. La norma es que todo impacto puede resolverse con medidas compensatorias y no tiene porqué convertirse en un obstáculo al progreso. Aunque sea un progreso mal entendido. Los parques nacionales –¡y no todos!– se han ido librando hasta la fecha de tales tentaciones, pero sin duda volverán a incrementarse cuando la gestión pase a ser competencia exclusiva de los gobiernos regionales. Al Ministerio de Medio Ambiente sólo se le asigna un papel muy secundario: participar en un consejo, aún por definir, y aprobar el Plan Director de los Parques Nacionales.

En resumidas cuentas, aunque la forma tiene su trascendencia, lo que de verdad importa aquí es el fondo. Ninguno de los trece parques nacionales actualmente declarados debe sufrir la menor merma en cuanto a garantías de conservación. Sea cual sea la autoridad responsable de gestionarlos, ha de comprometerse a mantenerlos en su estado actual y, si es necesario –como ocurre con frecuencia–, a tratar de mejorarlos. Pensemos, por ejemplo, en el flagrante caso de las Tablas de Daimiel, acosadas por la demanda de agua para riego. Los patronatos, que son el órgano de participación pública, se mantienen por el momento, pero ya veremos en qué quedan con el tiempo.

Las fronteras, reales o ficticias, políticas o administrativas, no son conceptos útiles cuando se habla de ecosistemas. No hay peor política ambiental que la de corto alcance, aquella que se ciñe a un ámbito cada vez más reducido. Los ríos, los sistemas montañosos, los bosques y sus habitantes tejen una red que debe contemplarse en su conjunto para actuar correctamente sobre ella. Unas dimensiones demasiado amplias para convertirlas en un mosaico de escenarios donde dirimir tensiones políticas e intereses contrapuestos, ya sean públicos o privados.

Seguro que a muchos de los que visitan en masa la gran urbanización playera de Matalascañas (Huelva) les sorprendería saber que a muy poca distancia sestea un grupo de linces cautivos llamados a hacer historia. El bullicio del cercano emporio turístico contrasta con el silencio y la quietud que se respira en el centro de cría de El Acebuche, discretamente ubicado en el límite occidental del Parque Nacional de Doñana.

El reciente nacimiento de tres cachorros en estas instalaciones, sin descartar que pueda haber más partos en las próximas semanas, ha supuesto una inyección de esperanza sin precedentes en la atmósfera a menudo tan cargada de derrotismo en la que se desenvuelve la conservación del lince ibérico. Sin querer pecar de pretenciosos, desde Quercus hemos contribuido a activar la presión social y mediática que llevó al Ministerio de Medio Ambiente, cuando todavía era titular Elvira Rodríguez, y a la Junta de Andalucía a hacer las paces tras muchos años de enfrentamientos larvados y protagonismos fatuos, a escala técnica y política, en torno a nuestro pequeño tigre.

Aquel acuerdo allanó el camino para este éxito, en el que han tenido mucho que ver las ideas claras de Astrid Vargas, directora de El Acebuche, y su equipo de especialistas. El nacimiento en estado silvestre de más de cuarenta cachorros durante 2004 en los dos últimos santuarios linceros de Sierra Morena y Doñana, así como el hallazgo hace poco de excrementos de la especie en Montes de Toledo, donde ésta se daba por desaparecida, invitan también al optimismo.

Pero la euforia no debería dejar paso a la relajación. El lince ibérico no está ni mucho menos salvado. La cría en cautividad apenas ha echado a andar y se necesitan más centros aptos para albergar animales reproductores, mientras que en el medio natural tienen que ampliarse las repoblaciones de conejo, las mejoras de hábitat y el resto de medidas que ya han comenzado a aplicarse en los últimos años. Las amenazas que le han llevado al borde de la extinción siguen vigentes. Bastantes turistas deben también ignorar, por ejemplo, que en las carreteras que les llevan a Matalascañas muere atropellado, y nos tememos que seguirá ocurriendo, un número inaudito de linces. A mediados de marzo, sin ir más lejos, caía otro más, un machito de dos años de edad.

Allí donde el felino ya ha desaparecido tampoco se debería bajar la guardia. Si la cría en cautividad funciona bien, en pocos años se necesitarán hábitats óptimos y seguros, libres de peligros, dentro del área tradicional de distribución de la especie, para reintroducir animales destinados a colonizar los antiguos dominios linceros. Es por lo tanto hora de ir preparando el terreno para dar en su momento el recibimiento que se merecen a estos elegidos para la gloria.

La Junta de Castilla y León, con su consejero de Medio Ambiente –Carlos Javier Fernández Carriedo– a la cabeza, está empeñada en permitir que se construya una estación de esquí en el puerto de San Glorio. El problema principal es que la zona elegida se encuentra dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas y su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) prohíbe expresamente un uso de este tipo, por considerarlo incompatible con la conservación de los valores naturales. ¿Es posible que se exagerara en su día al otorgar a este espacio un amparo legal demasiado estricto? No parece probable, ya que también está catalogado por la legislación europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). No, la relevancia ambiental de San Glorio es evidente y queda fuera de toda duda. Lo que ocurre es que aquel PORN se ha convertido ahora en un obstáculo y la brillante solución que ha encontrado el Gobierno regional para conseguir sus propósitos es modificarlo, trámite que culminó el pasado 12 de febrero, para encajar con calzador la estación de esquí, a cualquier precio. No parece muy razonable. Si en su día se consideró aquella zona digna de protección y los sucesivos reconocimientos posteriores así lo han confirmado, ¿a qué viene ahora tanto empeño en beneficio de unos promotores privados y en contra del interés general?
En Cataluña se ha dado recientemente un caso muy similar y ojalá sirva de precedente. Allí no se trataba de construir una nueva estación de esquí, sino de ampliar la de Baqueira Beret hacia el valle de Àrreu, uno de los mejor conservados del Pirineo. Dada la lógica oposición de los ecologistas y puesto que también había una incómoda traba legal que lo impedía, Bruselas ha confirmado que la Generalitat de Cataluña no puede dar marcha atrás y excluir dicho valle de la lista de LIC después de haberlo presentado como parte de la red Natura 2000.
¡Qué voluble es la voluntad de nuestros responsables políticos! Donde antes veían naturaleza prístina, ahora se encuentran con oportunidades perdidas de hacer negocio. Siempre, eso sí, amparados en el sacrosanto desarrollo sostenible, que en sus manos no es más que un ardid lingüístico para hacer más digerible la explotación pura y dura de toda la vida.

El positivo dado por el análisis genético de las heces de lince ibérico realizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales es el último y más sonado testimonio científico del valor ecológico de los encinares y pinares del suroeste de la Comunidad de Madrid. Pero antes hubo otros también muy importantes, como el que representó el estudio de impacto ambiental elaborado por medio centenar de científicos sobre estos mismos bosques mediterráneos.

Las conclusiones de ese estudio eran tan obvias que, en noviembre de 2000, el Gobierno madrileño, presidido en aquel entonces por Alberto Ruiz Gallardón, decidió enterrar el proyecto de desdoblamiento de la carretera M-501: una autovía a través de esos montes excepcionales, con águilas imperiales, buitres negros y cigüeñas negras, era injustificable. Pero si los argumentos de entonces no sirvieron para impedir que, ya con Esperanza Aguirre a la cabeza del Ejecutivo regional, resucitase el polémico proyecto, difícil va a ser que ahora se paralice a pesar de la confirmación de la presencia de lince.

Desdoblar la M-501 en los tramos más frágiles y valiosos de su trazado, tal y como parece que se va a hacer en breve, puesto que las obras ya han sido adjudicadas, no sólo favorecerá la extinción definitiva del felino en la zona. En un momento en el que se están empezando a vislumbrar los lugares donde se abordarán dentro de pocos años las primeras reintroducciones de la especie, se van a cerrar muchas de las posibilidades de que el suroeste de Madrid sea uno de ellos.

Un proyecto con similares connotaciones es el de la prevista autovía entre La Espina (Asturias) y Ponferrada (León), que cruza el Parque Natural de las Fuentes del Narcea y amenaza el mejor reducto de fauna cantábrica, con poblaciones muy importantes de osos y urogallos. Para reducir el impacto, se está estudiando la alternativa de una carretera más modesta y ecológicamente respetuosa en el tramo que pasa por este espacio protegido. En la M-501, sin embargo, la obsesión por ofrecer el acceso más rápido y cómodo, a pesar de estar claramente sobredimensionado, a nuevos desarrollos urbanísticos consistentes en miles de viviendas previstas, ha impedido llevar a cabo opciones menos lesivas para el medio ambiente.

Mientras se celebra el éxito del nacimiento, durante dos temporadas consecutivas, de las primeras camadas de la especie criadas en cautividad, los montes madrileños, a pesar de su vocación lincera, están a punto de quedarse descolgados del hito que para la historia de la conservación en Europa supondrá la colonización de territorios antiguos o residuales del carnívoro con ejemplares nacidos en El Acebuche u otros centros parecidos que se pongan a producir linces en los próximos años.

Otros lugares con buenas condiciones de hábitats para acoger en el futuro animales reintroducidos pueden sucumbir ante otras M-501 que, en forma de las más diversas amenazas, puedan gravitar sobre ellos. Así que, o empezamos a conservar y proteger estos futuros santuarios de linces como si éstos ya estuvieran campeando por ellos o nos arriesgarnos a acumular un vistoso stock de animales cautivos, pero inservible, sin suficientes sitios adecuados para liberarle y dar cumplimiento a las expectativas de recuperación de la especie puestas sobre él.