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Junio - 2020    16 de abril de 2024

Editorial

El hecho de que España destaque por su biodiversidad tiene, como lado perverso, que los impactos en su medio natural alcancen la magnitud que reflejan las cifras de animales electrocutados, envenenados o atropellados, por poner algunos ejemplos. Quizá sea ese también el motivo por el que los centros de recuperación de animales salvajes desempeñan en nuestro país una labor que, hoy por hoy, nos parece insustituible. Su papel sintoniza plenamente con la demanda de la sociedad y el derecho de los ciudadanos a una vida silvestre bien conservada. Y, por supuesto, a que los animales heridos puedan ser atendidos y rehabilitados en las mejores condiciones posibles, cuando son víctimas, con más frecuencia de la deseable, de los daños que causan las actividades humanas.

Es fácil dejarse llevar por el desánimo ante la avalancha de agresiones que sacuden al mundo natural. La nuestra es una vocación que no termina de acorcharse, como se supone que ocurre en los juzgados de guardia o las urgencias hospitalarias. Sin embargo, si echamos la vista atrás con un poco de perspectiva y optimismo, el balance no es tan sombrío como parece. En un plazo de tiempo bastante breve, por ejemplo desde 1975 y la Transición Democrática, han sido muchas las batallas ganadas, no por la fuerza, sino mediante la razón y el convencimiento.

Ahí tenemos, sin ir más lejos, el trigésimo quinto aniversario del Parque Nacional de Cabañeros, factible gracias a que un puñado de activistas conjurados en torno al grupo Phoracantha lograron lo impensable: que un campo de tiro se convirtiera en espacio natural protegido. La revista Quercus tuvo un papel decisivo en aquella proeza, como recuerda Benigno Varillas unas pocas páginas más adelante, asistido por José Manuel Reyero y otras muchas personas que invirtieron tiempo, entusiasmo y rebeldía en una ocupación simbólica y ya histórica.

No hay nada mejor que un gratificante día de campo para que los naturalistas nos reconciliemos con lo que somos y con lo que nos rodea. Por eso mismo, pocas cosas resultan tan frustrantes como tropezar con puertas, vallas, verjas y cercados que entorpezcan el acceso a esos lugares por los que siempre hemos deambulado para disfrutar con su flora y fauna, contemplar el paisaje o darnos una buena caminata.

A menudo llegan denuncias a nuestra revista que alertan sobre el cierre de caminos por intereses particulares, sin respetar la servidumbre de paso que la ley reconoce a cualquier ciudadano. Así que nos hemos alegrado mucho al saber que –¡por fin!– se han iniciado las labores para deslindar un camino público tan emblemático como el que une las poblaciones gaditanas de Benamahoma y Zahara, en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Quizá parezca que va a más el vocerío de aquellos que quisieran ver al lobo exterminado de nuestros montes. Pero lo cierto es que, quienes resultan imparables y no dejan de crecer, son los que prefieren al Lobo Vivo –así, en mayúsculas–, lema del que también hemos hecho bandera desde Quercus. En nuestros días son ya poco aceptables costumbres antaño tan arraigadas como la exhibición de patéticos animales salvajes en circos y atracciones de feria. Por no hablar de los primates o cetáceos que aún se mantienen cautivos, unos seres tan inteligentes y socialmente complejos. Ante semejante escenario no debe estar lejano el día en el que podamos sellar un pacto de coexistencia con la fauna, al menos en los países occidentales. Pero, hoy por hoy, las relaciones con los animales que más chocan con los intereses humanos se siguen resolviendo a tiro limpio. Un criterio de Paleolítico refinado por la tecnología.

Parece lógico que la responsabilidad de reducir –o, mejor aún, prevenir– la incesante muerte de aves en los tendidos recaiga en las compañías eléctricas y que sean ellas las que adopten, sin necesidad de recordárselo, las medidas necesarias y asuman el coste económico de aplicarlas. No nos cansaremos de insistir en ello desde la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, en la que está integrada la revista Quercus junto con otras entidades conservacionistas.

Decenas de miles de cadáveres al año bajo los postes y los cables de las líneas eléctricas son demasiados como para conformarnos. Por mucho que reconozcamos la buena disposición de algunas compañías al actuar en casos concretos o situaciones puntuales, como cuando salen a la luz mortandades espectaculares en un mismo punto negro, que implican a fauna amenazada o emblemática y que han merecido la alarma social. Muchos de estos casos han quedado reflejados, por cierto, en las páginas de nuestra revista.

Justo cuando este número de Quercus entraba en la imprenta, el pasado miércoles 13 de diciembre, los ministros responsables de gestionar la pesca en la Unión Europea llegaban a un acuerdo sobre Totales Admisibles de Capturas (TAC) para el año 2018. No fue un buen acuerdo para la biodiversidad marina. Ecologistas en Acción y la Fundación ENT consideran que las cuotas fijadas intentan satisfacer al sector pesquero antes que preservar los recursos marinos a largo plazo. Es lo habitual en este tipo de reuniones. Nadie deja de considerar los criterios científicos, pero carecen de peso suficiente a la hora de adoptar decisiones.

Unos días antes, a finales de noviembre de 2017, la ICCAT (International Commission for the Conservation of the Atlantics Tunas) reunida en Marruecos alcanzó un acuerdo aún peor sobre las capturas de atún rojo. Incrementó las cuotas hasta las 36.000 toneladas de aquí al 2020, un ascenso sin precedentes que la tímida recuperación de la especie no puede justificar. Raúl García, coordinador de Pesquerías de WWF-España, se lamentaba de que la ICCAT haya elegido “primar los beneficios económicos a corto plazo cuando esperábamos una victoria conservacionista a largo plazo. Y más grave es la cuota de 2.350 toneladas aprobadas para la sobreexplotada población occidental, que descenderá otro 9%”.

El pasado 7 de noviembre el Congreso de los Diputados admitió a trámite una proposición del Partido Popular (PP) para modificar la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Una propuesta, por cierto, de carácter urgente que ha contado con el respaldo del PSOE y Ciudadanos. Según María Teresa de Lara, la diputada del PP encargada de defender las razones de dicha modificación, las especies invasoras son “un problema ambiental y económico de primer orden”. Pero luego justificó la reforma presentada con el argumento de que trata de establecer un “nuevo régimen que permita que la lucha contra las invasoras coexista de manera pacífica con las actividades de caza y pesca.” ¡Acabáramos! La cuadratura del círculo. Para la diputada del PP, una comisión estatal podría “en casos excepcionales, que atiendan a cuestiones económicas o sociales, reconsiderar la catalogación de una especie invasora o levantar prohibiciones sobre la misma”.

Hasta ahora, los incendios forestales eran un tema recurrente para cualquier medio de comunicación durante los meses de verano. Pero, a la vista de lo que está ocurriendo este año, insólitamente cálido y seco, van a convertirse también en protagonistas del otoño. Radios y televisiones abrían sus informativos con los fuegos desatados en el noroeste peninsular durante el mes de octubre, incluidos algunos que compartimos con el vecino Portugal. Un fenómeno que trasciende las fronteras europeas, como pudimos comprobar a raíz de los gigantescos incendios que han asolado California y causado enormes pérdidas materiales, ambientales y humanas.

Conocemos a Juan Clavero prácticamente desde que aparecieron los primeros números de Quercus. En muchos de ellos este biólogo andaluz ha dejado por escrito sus desvelos y batallas para parar los pies a toda esa horda de enemigos, reales o potenciales, que tiene la naturaleza, especialmente en su querida y biodiversa provincia de Cádiz. Además, gracias a Juan disfrutamos de una visión directa y privilegiada de todo cuanto se cuece en Andalucía sobre conservación de la naturaleza y en torno al movimiento ecologista. Cómo no recordar, por ejemplo y entre otras muchas colaboraciones, sus crónicas de los destrozos que especuladores urbanísticos y demás energúmenos ambientales estaban perpetrando en las sierras y las costas gaditanas.

Tres aves, un carnívoro, dos moluscos y una planta. Siete especies en total que el pasado 24 de julio el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente declaró en “situación crítica”. Las aves son el urogallo, la cerceta pardilla y el alcaudón chico. El carnívoro no podía ser otro que el visón europeo. En cuanto a los moluscos, ambos son bivalvos, uno de agua dulce, la náyade auriculada, y el otro marino, la nacra. La planta, una cistácea, es la jara de Cartagena. Son nuestras siete especies más amenazadas de extinción y así lo reconocen tanto la Administración central como las comunidades autónomas, pues la lista fue aprobada en la última Conferencia Sectorial de Medio Ambiente antes de las vacaciones de verano. Lo de “especies en situación crítica” es un término novedoso y de alcance doméstico, pero lamentablemente explícito.

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