Editorial

Los políticos son especialistas en parar relojes y eludir compromisos. No hay más que echarle un vistazo a este desdibujado Año Internacional de la Biodiversidad. Cuando el plazo de tiempo parecía suficientemente lejano, una bonita e inofensiva campaña marcó el año 2010 como la meta de una cuenta atrás para reducir la pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Bien, ya estamos en el 2010 y no se ha hecho apenas nada para evitar el problema. Más bien, todo lo contrario. ¿Algún inconveniente? Ninguno. Volvemos a poner el reloj en marcha, fijamos el siguiente plazo en 2020 y a seguir con el modelo de desarrollo, incompatible con el fin propuesto. No tenemos una bola de cristal ni pasamos por agoreros, pero nos atrevemos a pronosticar que en 2020 las cosas seguirán igual o peor que en 2010. La combinación de buenas palabras y falta de iniciativa parece formar parte del juego, como la corrupción, así que nadie se escandaliza demasiado. Mientras tanto, vivimos inmersos en la sexta extinción global, protagonizada por nosotros mismos. Pero, como bien decía el jefe galo Abraracurcix, temeroso de que el cielo cayera sobre su cabeza, “eso no va a pasar mañana”.

El problema radica en que –¡pobres ingenuos!– estamos muy lejos de poder fijar la verdadera cuenta atrás. Una cosa son las campañas publicitarias y otra muy distinta la realidad. Esa cuenta atrás avanza, inexorablemente, hacia un punto que, para los humanos, será de no retorno. El cielo, o algo parecido, caerá sobre nuestras cabezas si no hacemos algo para evitarlo. Sin documentos, sin presentaciones, sin corbatas, sin festejos y sin años internacionales. En realidad, estos fiascos relacionados con la pérdida de biodiversidad se parecen mucho a los que suelen deparar las reuniones sobre el cambio climático. No en vano ambos conflictos tienen las mismas raíces y, sumados, vienen a componer lo que se ha dado en llamar Cambio Global.

Por otra parte, el Consejo Europeo tiene previsto aprobar cuanto antes la Estrategia UE 2020, que no debe confundirse con la cuenta atrás de la misma fecha. Esta sí que tiene visos de llevarse a la práctica, pues marcará las líneas básicas de la política europea durante los próximos diez años. Vamos que sólo coinciden en la cifra. Además, su principal objetivo está nítidamente marcado y no parece alarmar a nadie: el crecimiento económico de la Unión Europea, un tema que sí debe tomarse en serio. Ecologistas en Acción se ha apresurado a denunciar que la nueva estrategia no persigue “la sostenibilidad ambiental o la equidad social, porque el aumento continuado de la actividad económica es imprescindible para que el sistema capitalista funcione.” Sería como dejar de dar pedales en una bicicleta: “al final te caes, el sistema colapsa.”
He aquí el quid de la cuestión. ¿Cómo mantener el actual modelo de desarrollo, basado en el capitalismo, sin perturbar gravemente el escenario en el que todos nos movemos? Visto lo visto, es imposible. Quedan dos salidas: seguir como hasta ahora mientras el cuerpo aguante o buscar un modelo alternativo –y seguramente revolucionario– que invierta la actual tendencia. El ecologismo empieza a ofrecer algunas pautas, como el lema que Ecologistas en Acción propone como fin deseable de la estrategia europea: “menos para vivir mejor en equidad”.

Hace un mes, entre los días 2 y 3 de mayo, tuvo lugar en La Coruña una conferencia para estudiar la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) –¡objetivo fijado para el año 2013!– convocada por la Presidencia Española de la UE y la Comisión Europea. A juicio de las organizaciones ecologistas, el resultado fue decepcionante en términos de participación. Es decir, en la declaración final apenas se reflejaron sus reclamaciones habituales en materia de sostenibilidad.

Como era de esperar, el peso de las discusiones recayó en los organismos públicos con competencias en la materia y en los representantes de las grandes empresas pesqueras. ¿Qué pedían los del bando disidente? Apenas nada: un buen funcionamiento de los ecosistemas marinos como garantía de pesquerías sostenibles, ampliar la escasa superficie que se dedica a las áreas marinas protegidas, eliminar los subsidios a la pesca industrial, controlar los descartes y los límites de captura y, en definitiva, que la reforma de la PPC se orientara más bien hacia la pesca artesanal. Evidentemente, en un sector obsesionado por pescar cada vez más y cuanto antes –no sea que se agote– todo esto debe sonar a anatema.

El documento tenía su importancia, porque sobre él trabajarían los ministros de pesca de la Unión Europea en una reunión que se celebró al día siguiente en Vigo. Xavier Pastor, director ejecutivo de Océana Europa, lo resumió en una sola frase: “los ministros de pesca de la UE tienen que comprender que el único camino sensato para superar el degradado estado actual de los recursos consiste en una gestión integral de los ecosistemas basada en la precaución y en una política pesquera que busque la sostenibilidad ecológica”. Con más del 80% de las pesquerías europeas en estado de sobreexplotación parece un buen consejo. Varias organizaciones conservacionistas, reunidas en un encuentro paralelo, recogieron sus reclamaciones sobre conservación del medio marino y de los recursos pesqueros en el llamado Manifiesto de Vigo. Pero, una vez celebradas las reuniones y aireadas sus miserias en la prensa, todo ha quedado aplazado hasta comienzos del año que viene. Para entonces se espera una propuesta de la Comisión sobre una nueva PPC que será debatida y aprobada a finales de 2012.
¿Cabe extraer alguna moraleja? Es evidente que la industria pesquera, con fuertes intereses económicos, intentará imponer sus criterios, los mismos que nos han llevado a la situación actual, más cercana al colapso que a la recuperación. Y no sólo en aguas europeas, sino en las de todo el mundo. Hoy en día, con nuestros caladeros esquilmados, tres cuartas partes del pescado que consumimos procede de otras latitudes. Que se lo digan a los portugueses, que tienen que importar su sacrosanto bacalao de Noruega e Islandia. O a los españoles, que comen atún del Índico. Mientras tanto, voces autorizadas, aunque marginales, seguirán reclamando una explotación racional de los recursos. El eterno dilema entre saqueo y moderación, entre pesca industrial y pesca artesanal, entre acuicultura intensiva y actividades extractivas tradicionales. Dos mundos, dos formas de entenderlo y de habitarlo. Y solamente una tiene posibilidades de prolongarse en el tiempo.

Ni rápida, ni justa. Así ha sido la sentencia del caso Prestige. La lentitud de los tribunales españoles es un mal endémico, pero once años parece un plazo excesivo. Por otra parte, los hechos son incontrovertibles: un petrolero en estado calamitoso, un capitán indolente, unas decisiones políticas totalmente equivocadas y una marea negra que afectó a cientos de kilómetros de costa. Sobre todo en Galicia, pero también en Portugal y Francia. Ante este panorama, la justicia no ha sido capaz de determinar responsabilidades. Es evidente que algo
falla.

Bien es cierto que las leyes que rigen el tráfico marítimo son fáciles de sortear, como ha quedado demostrado, y que resulta cómodo echar la culpa al empedrado, en este caso al estado de la mar. La cuestión es que ocurrió lo que ocurrió y todos los implicados se largan de rositas. Un mal precedente que anima a mantener compañías navieras dudosas, chatarras flotantes y personas incapaces en los puestos de decisión. Una vez más, fue la ciudadanía la que, en un hermoso ejemplo de solidaridad que dio la vuelta al mundo, tuvo que remangarse y limpiar la costa a mano con riesgo incluso de su salud. ¿De verdad tenemos los dirigentes que nos merecemos?

A la buena imagen que se estaba granjeando Extremadura, como destino hecho a medida del turismo de naturaleza más exigente, le ha salido una mancha. Pero no una mancha cualquiera, sino un manchurrón sanguinolento que le fue a caer el domingo 8 de diciembre de 2013 en pleno Parque Nacional de Monfragüe, la joya de la corona. Según la Junta de Extremadura, lo que allí se celebró fue una acción de caza destinada al control biológico de ciervos y jabalíes. Pero, si se pregunta a los que asistieron a la matanza como testigos indignados, contestarán que lo único que organizaron fue una montería comercial pura y dura. Las fotos y los vídeos que se han difundido por las redes sociales han llenado de estupor a quienes saben que hay pocos sitios tan adecuados para conocer la fauna silvestre, y disfrutar de ella, como Monfragüe.

No todo iba a ser malas noticias. El mes pasado nos hacíamos eco de una campaña de la organización internacional WWF para detener los sondeos sísmicos en el Parque Nacional de Virunga, hábitat del gorila de montaña (Quercus 340, págs. 50-51). En efecto, la empresa británica SOCO pretendía desde hace un año iniciar una serie de prospecciones petrolíferas en este santuario natural de la República Democrática del Congo. WWF se opuso entonces y a día de hoy lleva recogidas más de 750.000 adhesiones en contra del proyecto. No sabemos las razones últimas y quizá no sean de índole ambiental, pero lo cierto es que a mediados de junio SOCO renunció a sus intereses en el Virunga e incluso se ha comprometido a no plantear nuevas aventuras en espacios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Todo un éxito de WWF que contemplamos con envidia ante los inminentes sondeos petrolíferos en las islas Canarias. A comienzos del siglo XXI, las inyecciones de dinero o la promesa de puestos de trabajo no pueden convertirse en una patente de corso, en una licencia inapelable para seguir esquilmando los recursos naturales.

Raymond Lumbuenamo, director de WWF en la República Democrática del Congo, se ha apresurado a señalar que “una vez libre de la amenaza del petróleo y con las inversiones adecuadas, el Parque Nacional de Virunga puede convertirse en un motor económico para las comunidades locales.” ¿Cómo? Pues con los gorilas de montaña como reclamo turístico. Nada que objetar mientras las cosas se hagan de forma razonable. Hay grupos familiares de gorilas ya habituados a las visitas periódicas de turistas, cuya estoica actitud permite a los demás permanecer aislados en sus brumosas montañas. Como en tantas otras ocasiones, la clave consiste en acertar con el modelo de gestión.

Hay que ver cómo pasa el tiempo! Hace ahora justo un año, el equipo de redacción de Quercus se convertía en el nuevo propietario de la cabecera, a través de una empresa registrada a toda prisa y que dimos en llamar Drosophila Ediciones. Tras el vértigo y las dudas iniciales, nos dejamos llevar por el mismo trabajo que venimos desempeñando desde hace décadas y, casi sin darnos cuenta, nos hemos plantado en nuestro primer aniversario. En un escenario muy difícil, novatos como éramos en la gestión de una empresa –por pequeña que sea–, con el sector en entredicho y la profesión por reinventar, nos sentimos moderadamente orgullosos de poder soplar ahora esta solitaria velita. No hubiera sido posible sin el respaldo y la complicidad de muchísimas personas, desde colaboradores hasta proveedores y anunciantes. Pero, sobre todo, sin la confianza demostrada por los suscriptores de la revista, auténtica raíz pivotante de este Quercus de papel.

Cada vez que se declara un espacio protegido, los propietarios de los terrenos implicados se echan a temblar. La queja casi unánime es que ya no podrán hacer lo que les dé la gana en sus fincas, ya sean particulares o municipales. Un asalto a la iniciativa personal y a la propiedad privada, que es un valor sagrado en las economías de mercado. Se diría que es un agravio para los dueños de cualquier propiedad rural, pero los titulares de fincas urbanas saben bien que ellos tampoco pueden hacer de su capa un sayo en las ciudades. Muy al contrario: los edificios urbanos están sujetos a una complejísima normativa, que, para colmo, cambia de forma casi constante obligando a particulares y comunidades de vecinos a una interminable –y muy costosa– adaptación. Vivimos en un país territorialmente ordenado, donde los bienes inmuebles se registran y sus titulares están obligados a cumplir la legislación vigente. ¿A qué viene entonces tanta queja de los propietarios rurales? ¿Les asiste algún tipo de bula? El problema radica, ya sea en el campo o en la ciudad, en que la tendencia es a soslayar obligaciones y, en lo posible, cometer irregularidades. Ante tal escenario, un exceso de normativa se convierte en un nuevo obstáculo a salvar. Son pocos los que ven las evidentes ventajas de un espacio protegido, salvo los especuladores inmobiliarios que planean construir en su entorno, sobre unos terrenos milagrosamente revalorizados. Un ejemplo reciente es la red europea Natura 2000, un mosaico de espacios protegidos que intenta preservar lo más granado de la biodiversidad continental. Al principio, se vio como una nueva fuente de ingresos con cargo a las arcas europeas y las comunidades autónomas, que son los organismos competentes en la materia, se apresuraron a presentar largas listas de candidatos haciendo la cuenta de la vieja: cuanta más superficie declaremos, más euros nos llegarán de Bruselas. Luego vinieron los propietarios con sus temores: ¿Se podrá cazar en estos nuevos espacios protegidos? ¿Qué pasará con la agricultura de regadío? ¿Será el fin de la ganadería (léase, del exceso de carga ganadera)? ¿Y si quiero asfaltar un camino? ¿O abrir un pozo? Barreras y más barreras. Empezaron los recortes y las exenciones. El entusiasmo inicial se trocó en temor y escepticismo. Además, España es un país diverso y relativamente bien conservado en el ámbito europeo, así que la red Natura 2000 empezó a vislumbrarse como una amenaza. No hay fondos de cohesión que compensen tanta renuncia. El desconcierto ha llegado a tal extremo, que WWF/Adena acaba de editar un informe para desmentir los falsos mitos que lleva aparejados la red Natura 2000. En este informe se deja bien claro que, lejos de suprimirse, la agricultura y la ganadería serán futuros aliados de la red, eso sí, mientras se practiquen con criterios tradicionales. La caza no estará prohibida, salvo en los humedales cuando se utilice munición de plomo. Al contrario que en otros espacios protegidos, no se contempla la expropiación de terrenos. Y, en cuanto a las infraestructuras, lo único que exige es que se evalúe su impacto sobre hábitats y especies protegidas. Cristina Rabadán, responsable de la red Natura 2000 en WWF/Adena, ha sido tajante: “no puede ser considerada como un obstáculo para el hombre, sino todo lo contrario, es una oportunidad para las áreas rurales, particularmente para las más desfavorecidas.” En otras palabras, una cosa es que la actividad humana esté plenamente integrada en la red Natura 2000 y otra muy distinta que todo el monte sea orégano.


Rafael Serra

Rectificar es de sabios y, por fin, España ha respaldado una moción en defensa del atún rojo presentada por varios grupos ecologistas en el Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado recientemente en Barcelona. Como reflejamos en este mismo número de Quercus (pág. 68), el pasado 23 de septiembre nuestra Cámara Alta rechazó por 1 voto a favor y 25 en contra otra moción presentada por el senador Pere Sampol en la que instaba al Gobierno a proponer medidas ante la Unión Europea y la Comisión para la Conservación del Atún (ICCAT) que evitaran la sobreexplotación de esta especie en el Mediterráneo. Entre otras cosas, se pedía la declaración de una zona especial de protección para el atún rojo en las islas Baleares, al sur de la isla de Formentera, reducir las cuotas de captura para adaptarlas al consejo de los científicos y establecer un periodo de veda durante la época de reproducción. Pues bien, derrota por goleada en el Senado: 25 a 1.

Apenas tres semanas después, el Gobierno español decide dar su respaldo a un plan muy similar, incluso más ambicioso, defendido con éxito por Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF/Adena. Para empezar, el acuerdo resultante exige a los gobiernos una acción inmediata para cerrar la pesquería de atún rojo hasta que no se encuentre bajo control y se den las condiciones adecuadas para gestionarla. Asimismo, exige a la ICCAT establecer un auténtico plan de recuperación de la especie que, basándose en datos científicos, establezca un drástico recorte en las cuotas de captura y en la capacidad pesquera de las flotas. También deberá reducirse el periodo hábil de pesca e incluso abrir una veda durante los meses clave para la reproducción del atún rojo, en concreto mayo y junio. En cuanto a las zonas de reserva, la UICN confirma el santuario de las islas Baleares e insta a crear otros similares en el Mediterráneo oriental y central.

Los tres grupos ecologistas que han promovido la moción confían ahora en lo más difícil, es decir, que el compromiso adquirido por los gobiernos se traduzca en resultados concretos durante la próxima reunión del ICCAT, prevista para este mes de noviembre en la ciudad marroquí de Marrakech. En otras palabras, lo que tantas veces hemos reclamado desde las páginas de esta revista: que acuerdos, mociones y voluminosos estudios no duerman el sueño de los justos en algún cajón y todo ese papeleo se traduzca de una vez por todas en biomasa de atún rojo.

No faltan motivos para la desconfianza. Antes de que se iniciara el Congreso Mundial de la Naturaleza estas mismas organizaciones ecologistas ya habían denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino –que, no lo olvidemos, es competente también en materia pesquera– había hecho lo imposible para evitar que se aprobara una moción en dicho sentido durante la reunión de Barcelona. Tras esgrimir argumentos sin ningún apoyo técnico, negando que la población de atún rojo estuviera en declive e incluso avanzando dudosos signos de recuperación, consideraba que tampoco había evidencia científica que respaldara la creación de una reserva para la especie en aguas de Baleares, una región marina bien estudiada desde hace cinco años a través de sucesivas campañas del Instituto Español de Oceanografía. ¿Cuáles serán sus verdaderas intenciones? La respuesta, este mes en Marrakech.

El lobo ibérico protagoniza la portada y muchas páginas interiores en este número de Quercus. Todos los años le prestamos cierta atención y no porque sea una apuesta segura en el quiosco, sino porque se lo merece. El lobo ha sido siempre noticia, aunque quizá nunca como ahora. Es obvio que la especie se recupera poco a poco de una persecución milenaria, que gana parte del terreno perdido y que su viejo antagonismo con el hombre del neolítico cobra nuevos bríos. Estamos inmersos en otra revolución tecnológica, la digital, y quizá haya llegado el momento de replantearse el papel del lobo, aunque sólo sea como sujeto informativo. Un tratamiento, por cierto, que tendrá hondas consecuencias en su conservación, lo que nos obliga a ser muy cautos. Sobre todo ahora que el lobo vuelve a copar la escena mediática aupado por los partidarios de resolver a tiros el conflicto social que siempre le acompaña.

Cuando aparezca este número de Quercus, es posible que miles de kilos de grano impregnado de bromadiolona hayan empezado a diseminarse masivamente por las llanuras castellanas. El único requisito que faltaba era la respuesta de un comité de expertos que asesora a la Junta de Castilla y León sobre el control de los topillos y dio su visto bueno el pasado 12 de febrero. Durante las semanas anteriores, quienes se oponen a esta ofensiva química lograron movilizar a sectores tan opuestos como ecologistas y cazadores. En una acción sin precedentes, las principales ONG conservacionistas del país y la Real Federación Española de Caza enviaron un informe conjunto a Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y a Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, con el ruego de que no incurrieran en los errores del pasado y buscaran alternativas para prevenir los daños causados por el topillo.