Editorial

Una anomalía. Eso es lo que parecen los espacios naturales protegidos cuando se invocan las leyes del mercado. De otra forma no se entiende que Doñana, una de las joyas de nuestra red de parques nacionales, permanezca sitiada por un sinfín de amenazas. Las más recientes son el dragado del río Guadalquivir, el almacén subterráneo de hidrocarburos y la resurrección de la mina de Aznalcóllar. Tampoco vamos a escandalizarnos a estas alturas, cuando ya se han propuesto –y desestimado– desde urbanizaciones hasta carreteras. O cuando los linces que escapan del cerco mueren vilmente atropellados como cualquier perrillo callejero. Pero no deja de resultar chocante que todo eso siga girando en torno a un parque nacional de la categoría y el renombre internacional de Doñana.

A raíz de lo que parece ser un vertido procedente del lavado de los tanques de algún petrolero que pasaba por allí, durante el fin de semana del 3 y el 4 de abril más de uno no habrá podido evitar recordar, mientras bajaba de nuevo a rescatar aves marinas petroleadas –alcas y araos sobre todo– a las costas gallegas, las dramáticas escenas de la reciente catástrofe del Prestige. Las coincidencias no acaban aquí, puesto que el tratamiento de los animales ahora afectados ha ido acompañado de un nuevo episodio de entrega desinteresada del voluntariado. Pero tampoco han faltado a la cita el caos organizativo y la gestión más que discutible de las autoridades.

La situación se puso al rojo vivo el 8 de abril en el centro de recuperación de fauna de Cotorredondo, que se había significado por su extraordinaria labor durante la crisis del Prestige. Ese día, los voluntarios que ayudaban en este centro cercano a Vigo (Pontevedra) protagonizaron un sonado plante cuando, según la versión de éstos, un cargo de la Consejería de Medio Ambiente ordenó verbalmente enviar parte de las aves que estaban tratando a los hospitales de fauna de Oleiros (La Coruña) y de la Facultad de Veterinaria de Lugo. El enfado de los voluntarios de Cotorredondo, compartido por la mayor parte del personal contratado, reflejaba no sólo el temor de que los otros dos centros carecieran de medios para trabajar con animales petroleados. También el estupor por la consigna dada por el citado funcionario, que la Xunta de Galicia se ha negado después a reconocer, de sacrificar nada menos que unas doscientas de las aves afectadas, por falta de capacidad para salvarlas.

Tras el revuelo social y el cruce de comunicados y declaraciones entre el Gobierno gallego y los grupos ecologistas, parece que las aguas se han calmado y el proceso de limpieza de las aves prosigue. Pero mientras el primero insiste en que todo marcha bien, los segundos no descartan que muchos ejemplares se acaben liberando sin las suficientes garantías de supervivencia por haber recibido un tratamiento incompleto o deficiente. Esta preocupación es compartida por el prestigioso International Fund for Animal Welfare (IFAW).

Al margen del hecho de que más de un año después de lo ocurrido con el Prestige se sigan produciendo mareas negras dañinas para la avifauna marina en Galicia, el incidente refleja la necesidad de contar en esta comunidad autónoma con una infraestructura permanente especializada en fauna petroleada, que pueda resolver situaciones críticas de forma rápida y eficaz. De hecho, la creación de un centro de estas características fue una promesa de la Xunta que, inexplicablemente, sigue sin cumplir.

Como ya hemos reflejado varias veces en Quercus, los efectos del cambio climático serán patentes en aquellas especies muy vinculadas a un determinado rango de altitud. El aumento de las temperaturas hará que las franjas ahora establecidas se desplacen y estrechen, e incluso que desaparezcan las más extremas, tanto por arriba como por abajo. Animales y plantas tendrán que reajustar su área de distribución, según la flexibilidad de cada cual para adaptarse a las nuevas circunstancias, y repartirse un espacio vital cada vez menor. Con el calor llegarán nuevos competidores y parásitos, de manera que no sólo cambia el clima y la distribución altitudinal, sino también el complicado engranaje de las relaciones ecológicas. Algunas especies no tendrán dónde huir, a otras les faltará capacidad de reacción y todas deberán enfrentarse al acuciante factor tiempo. Una situación que favorece a los miembros más banales y oportunistas de cada comunidad. El resultado es, sin duda, otro de los ogros de nuestra época: la pérdida de biodiversidad.

El gelada, un primate africano al que dedicamos un amplio reportaje en este número de Quercus, es un buen ejemplo de las dificultades que acechan a los habitantes de los altiplanos y las zonas de montaña. Vive en las cumbres y laderas de unos pocos macizos de Etiopía, asociado a los pastizales de altura, de manera que es uno de los muchos afectados por la pérdida o reducción paulatina de su hábitat. Robin Dunbar, el mayor especialista mundial en geladas, afirma que un incremento de cinco grados en la temperatura podría eliminar a más de la mitad de su población, cifrada por los más optimistas en varios cientos de miles de ejemplares.

También publicamos un Manifiesto por la supervivencia, firmado por alumnos del quinto curso de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que otorgan un destacado papel a la “retroalimentación positiva” que refuerza y acelera el cambio climático, un proceso derivado de las actividades humanas que da lugar a una serie de círculos viciosos difíciles de revertir. Pero, sobre todo, los futuros biólogos ponen el dedo en la llaga al culpar al actual modelo de desarrollo, claramente insostenible, como la verdadera causa del cambio climático. Mientras se impongan las recetas neocapitalistas impulsadas desde los países occidentales, no habrá ninguna solución tecnológica o política al efecto invernadero.

En este sentido, no deja de ser un pequeño pero muy llamativo avance el acuerdo sobre el clima al que llegaron los ocho países más industrializados del mundo en la cumbre que celebraron el pasado mes de junio en Alemania. Según una nota difundida por WWF/Adena, el objetivo consiste en no rebasar los 2ºC de aumento en la temperatura media respecto a los niveles preindustriales. Aunque, eso sí, sin calendarios ni compromisos concretos. Pero dicho acuerdo sitúa a Estados Unidos, Canadá y Japón más cerca de los postulados defendidos por la Unión Europea, lo cual, sin ser gran cosa, ya es algo. Y, desde luego, nada se habría logrado sin la presión ejercida por las organizaciones ambientales y la opinión pública.

Mientras tanto, Al Gore sigue adelante con su cruzada. Fue una de las figuras descollantes en el Primer encuentro internacional de amigos de los árboles, celebrado en Barcelona el 23 de junio, donde hizo un alegato en favor de la reforestación durante su discurso de clausura. Ningún problema ambiental había levantado hasta ahora tanta polvareda y sería un delito no aprovechar bien la ocasión.

El acceso de los ciudadanos a la información oficial en materia de medio ambiente es un derecho reconocido por la Unión Europea, el Estado español y las comunidades autónomas. Sin embargo, a la hora de la verdad, se vulnera en un porcentaje muy alto de los casos. Por lo que parece, una cosa es la aceptación formal de la norma y otra muy distinta allanar el camino para que pueda cumplirse sin trabas el espíritu de la directiva que la regula. WWF/Adena acaba de hacer público un informe desolador: un tercio de las solicitudes hechas a la Administración del Estado queda sin respuesta al cabo de dos meses, porcentaje que se eleva a la mitad en el caso de las comunidades autónomas. Por el contrario, todas las peticiones formuladas ante la Comisión Europea obtuvieron contestación dentro del plazo previsto. Evidentemente, en España no se facilita el acceso a la información ambiental, lo cual, aparte de sus implicaciones éticas y legales, a menudo impide la iniciativa privada en campañas de conservación. Aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía deben quedar funcionarios celosos de lo público, como aquellos que primero impidieron a unos miembros de Aedenat –hoy, Ecologistas en Acción– consultar un documento expuesto a información pública y luego, ante su insistencia, accedieron a mostrárselo pero acompañados de dos guardias civiles.

No obstante, el cambio de talante parece que empieza a notarse en el Ministerio de Medio Ambiente. Cristina Narbona cerró el año 2004 haciendo públicos todos los informes relativos al Plan Hidrológico Nacional encargados por el Ejecutivo anterior, incluidos los que eran claramente desfavorables a sus intenciones. Es más, pueden consultarse en la página web del ministerio (www.mma.es) y son muy útiles para ilustrar el debate sobre la gestión del agua en nuestro país. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto el pasado 23 de diciembre que regula la estructura y las funciones del nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), en el que participarán, entre otros, representantes de las cinco organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal (WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) y de los dos sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT). Aunque las conclusiones del CAMA no son vinculantes, el papel de este órgano de participación pública es fundamental para encauzar la política ambiental del Estado.

Tanto la transparencia informativa como los órganos consultivos son formas de involucrar activamente a la ciudadanía en las decisiones que adoptan los políticos. Un sano ejercicio de democracia que otorga a los españoles un papel que va más allá del simple voto a favor de una u otra candidatura. Lo deseable sería que ambas posibilidades se mantuvieran al margen del color de cada gobierno, aunque hasta la fecha no ha sido así. Arrastramos todavía cierta falta de cultura política y de iniciativa personal para que lo público se considere, en efecto, parte de un patrimonio común. Incluida, por supuesto, la información ambiental. Más que nada, porque la hemos pagado entre todos. El silencio administrativo no puede convertirse en un subterfugio al que puedan recurrir nuestros dirigentes para vulnerar un derecho tan fundamental como el acceso a la información. Es más, algo huele a podrido cuando el último recurso consiste en ocultar datos y los ecologistas han tenido siempre muy buen olfato para seguir este tipo de rastros.

Ni los espacios protegidos ni sus áreas aledañas se libran de la ofensiva urbanística sobre los últimos tramos costeros mediterráneos que quedan sin trasformar. En nuestras páginas hemos prestado atención hace poco a dos casos muy significativos. Uno, el Parque Regional de Calblanque, sector de la sierra litoral de Cartagena (Murcia) también protegido por un LIC que, a no ser por la presión ecologista, los informes científicos y la intervención de la Comisión Europea, iba a ser en parte modificado para urbanizar. Otro, el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola (Alicante), en cuyo límite sur, muy cerca del mar, se está levantando un gran complejo turístico de más de un millar de viviendas.

Pero nada es comparable a lo que está ocurriendo en el cabo de Gata (Almería), el rincón más bello y singular de todo el Mediterráneo español. En la mente de muchos, este reducto de naturaleza volcánica, aridez extrema y connotaciones norteafricanas se mantiene a salvo gracias al Parque Natural que desde hace casi veinte años abraza tanto su medio terrestre como su franja marina, reforzado por la triple protección internacional de Reserva de la Biosfera, Sitio Ramsar y ZEPA. Eso es porque no han visto el hotel colosal que se está construyendo en el sector norte del parque, casi al pie de la playa de El Algarrobico (más información en págs. 64 y 65).

Fue la primera parada de un tour muy especial que la gente de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata preparó para la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) del 4 al 6 del pasado marzo. Durante esos tres días, los organizadores insistieron en dar todo tipo de explicaciones y documentos sobre lo que se le venía encima a este espacio protegido con el nuevo PORN, a cuya memoria descriptiva han tenido acceso. Estas siglas son algo así como la letra pequeña –a menudo frustrante– del contrato que las Administraciones, en este caso Junta de Andalucía, firman con la sociedad para preservar un santuario natural.

Pero al grupo de invitados, con mirar alrededor, nos era más que suficiente. A continuación, algunas postales escogidas del recorrido: urbanismo descontrolado por doquier que en el nuevo PORN, según nuestros anfitriones, se fomentará; impulso previsto a los regadíos al aire libre –a sumar a los cultivos ilegales bajo plástico que ya hay dentro del parque– en detrimento de una agricultura ecológica y tradicional; temor a que se reduzca el nivel de protección de la franja costera y marítima fuera de las Reservas Integrales ya creadas.

El último punto visitado fue la desembocadura de Rambla Morales, donde ha criado la emblemática malvasía cabeciblanca, anátida amenazada a escala mundial. Muy cerca de este refugio de aves acuáticas, cercado por invernaderos, se está construyendo una desaladora que, según nos contaron, no extraerá agua del mar, sino del acuífero de la zona, por ser mucho más sencillo y barato. ¿Alguien lo entiende?

Ahora que aún estamos a tiempo, conviene ser precavidos y adoptar las medidas oportunas para evitar que la gripe aviar penetre en España. El virus H5N1, causante de esta pandemia, cuanta con focos activos en China, Kazajstán, Mongolia y algunas regiones de Siberia, todos ellos muy alejados de nuestras latitudes. Sin embargo, el hecho de que el peligro sea remoto no debe movernos a la complacencia, sino más bien alentar una actitud vigilante que puede ahorrarnos males mayores.

Como es bien sabido, este tipo de gripe afecta sobre todo a las aves de corral. Sin embargo, en China es frecuente que las aves domésticas entren en contacto con las silvestres, sobre todo cuando se trata de aves acuáticas. Dado que muchas acuáticas son también migradoras, pueden llevar consigo el virus y extenderlo por otros continentes. Bien es cierto que las poblaciones enfermas se autorregulan y la mortandad natural limita el número de vectores potenciales. Es difícil, por ejemplo, que un ave enferma logre afrontar con éxito el esfuerzo que suponen los vuelos migratorios. Pero la posibilidad existe y una vez que el problema estalla es mucho más difícil de solucionar.

Pocas especies cubren la enorme distancia que separa el Extremo Oriente de Europa Occidental, pero tres al menos son capaces de entrar en contacto con la enfermedad y traerla hasta aquí: la barnacla carinegra, el ánsar campestre y el correlimos zarapitín. Todas ellas son muy escasas en España y frecuentan lugares apartados donde no es probable que puedan contagiar el virus a las aves de granja. Por este lado, el riesgo es muy bajo, aunque naturalistas, ornitólogos y anilladores pueden contribuir a detectar a tiempo cualquier ave enferma y dar la voz de alarma. Llegados a este punto conviene dejar bien claro que, hasta la fecha, ningún ave silvestre ha contagiado la gripe aviar directamente a los humanos, ni siquiera en las zonas infectadas. Todos los casos conocidos se produjeron a raíz de un estrecho contacto con aves de corral.

Sin embargo, también se producen importaciones de aves orientales por diversos motivos y estas sí pueden mezclarse con las domésticas. La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) ha hecho público un comunicado en el que reclama someter a severos controles sanitarios cualquier importación de aves silvestres procedentes de las zonas infectadas. Es más, opina que la mejor medida de precaución sería suspender momentáneamente este tipo de comercio. Otra de sus recomendaciones es extremar la vigilancia para evitar que las aves domésticas puedan entrar en contacto con las silvestres, lo que exige un mayor grado de información y hasta de interés por parte de sus propietarios.

En resumen: conocemos el peligro y contamos con la ventaja de que es poco probable que nos afecte. En tales condiciones, tenemos muy poco que perder y mucho que ganar si nos curamos en salud. Por el contrario, si la gripe aviar llega hasta España por cualquier conducto, entonces tendremos que enfrentarnos a un serio problema de salud pública y lamentaremos no haber sido más precavidos en su momento. Ese momento, desde luego, es ahora mismo.

Como bien saben todos los contribuyentes, el impreso de declaración de la renta reserva un espacio para que cada cual asigne un porcentaje de sus impuestos a una confesión religiosa o a una serie de colectivos sociales laicos y sin ánimo de lucro. Pero lo que seguramente ignoran es que las organizaciones ambientales estaban excluidas de esta segunda opción. Hasta el mes pasado, el dinero recaudado por dicho concepto sólo se destinaba a financiar organizaciones con fines humanitarios y de ayuda al desarrollo. Una injusticia felizmente subsanada por el Consejo de Ministros mediante un real decreto aprobado el 4 de mayo. A partir del próximo ejercicio fiscal, los ciudadanos dispondrán de una casilla para que un pequeño porcentaje de sus impuestos se destine a fines ambientales. Y las organizaciones ecologistas podrán reclamar la parte que les corresponde y aumentar así sus recursos con fondos públicos. Además, para que el resto de las ONG no vean menoscabados sus intereses a consecuencia del nuevo sistema de reparto, el porcentaje de libre atribución se ha visto incrementado en dos décimas, desde el 0’5% vigente hasta el 0’7%. En otras palabras, un 0’2% de los impuestos podrá destinarse a conservar la naturaleza y preservar el medio ambiente, a través de los colectivos que se dedican a esta tarea y que han acumulado ya una notable experiencia y credibilidad.

Por desgracia, el real decreto que reforma este aspecto acompaña a la Ley de Presupuestos del año próximo y no entrará en vigor hasta el siguiente ejercicio fiscal, es decir, el correspondiente al año 2007. En este mes de junio, cuando saldemos cuentas con el Estado de acuerdo con los ingresos percibidos a lo largo del año 2006, las cosas seguirán como estaban en los 19 años anteriores.

Merece la pena transcribir las declaraciones de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros del 4 de mayo: “El Ministerio de Medio Ambiente calcula que durante el primer año de entrada en vigor de la norma los contribuyentes destinarán a la defensa del medio natural alrededor de tres millones de euros. Esa cantidad se canalizará a través de entidades y organismos no oficiales, vinculados a la defensa del medio rural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención del cambio climático. Contribuir financieramente será, por tanto, otra forma de ejercer la defensa activa de la naturaleza.”
Están por definir los criterios que deben reunir las organizaciones receptoras de estos fondos públicos y por eso abogamos desde aquí a que sean flexibles para que salgan beneficiadas la mayor parte de ellas. O las que buenamente quieran, pues sabemos por experiencia que algunas recelan de este tipo de ayudas porque pueden llegar a representar una forma de control sobre sus actividades. Dicho más llanamente: “la que se pase con las críticas, queda fuera del reparto.” Tras unos años de relaciones amistosas, el relevo de algún alto cargo o incluso un cambio de Gobierno podría traducirse en un recorte de tales fondos, lo que acarrearía dificultades a quienes contaban con ellos o ya los tuvieran comprometidos. De ahí los temores que puedan suscitarse sobre una hipotética falta de independencia.

No obstante, la misma seriedad que caracteriza a las ONG ambientales hará que sean previsoras y sepan acudir a estas subvenciones que les conceden todos los ciudadanos sin necesidad de verse comprometidas.

Años después de que los grupos ecologistas empezaran a dar la voz de alarma sobre los peligros ambientales que entraña la especulación urbanística desaforada, sobre todo en las costas del Mediterráneo, por fin empiezan a exigirse responsabilidades a los promotores de tantos y tantos desaguisados. Todo el mundo ha oído hablar ya de Marbella, El Algarrobico, Las Navas del Marqués y Andratx, lugares bien aireados por los medios de comunicación, pero hay otros muchos pendientes de aflorar. Tanta urbanización con campo de golf no podía ser buena, ni siquiera legal. Pocos alcaldes de este país han resistido la tentación de obtener ingresos municipales –y, a veces, no tan municipales– por la vía de la recalificación de terrenos y la concesión de licencias de obras. Animados incluso por ese afán tan nuestro de superar como sea a los del pueblo de al lado. La cosa ha llegado a tal extremo, que las principales empresas constructoras españolas empiezan a considerar agotado el mercado español y han puestos sus ojos en el vecino Marruecos. El tsunami de ladrillos y cemento ha cambiado de rumbo y, arrasada la orilla norte, se dirige ahora hacia la orilla sur.

La fuerza que impulsa al tsunami urbanizador es, cómo no, el dinero. En particular, la ganancia fácil, el pelotazo. Las trabas puestas a su avance son fáciles de soslayar y también de desautorizar como contrarias al progreso, al desarrollo económico. Pero vivimos en una sociedad civilizada y es preciso apaciguar ciertos escrúpulos bienintencionados que, lejos de aportar un argumento valioso al proceso, han terminado por convertirse en un trámite molesto. Los estudios de impacto ambiental son, sin lugar a dudas, uno de ellos. En su inmensa mayoría se resuelven a favor del beneficiario de las obras, que debe pagar un peaje en forma de contrapartidas ambientales. Ya se encargará él de repartir las cargas entre los futuros compradores, lo que también contribuye a encarecer la vivienda.

Esto lo conocemos bien. Pero hay otro colectivo molesto que también pone trabas al libre albedrío de la obra pública o privada. No es tan conocido como el de los ecologistas, pero persigue fines similares: se trata de los arqueólogos. Si biólogos y ecologistas tratan de salvar el patrimonio natural, los arqueólogos intentan hacer lo mismo con el patrimonio histórico. ¿Hay algo más aberrante que unas obras, a todas luces de interés general, queden interrumpidas por unos árboles que pueden trasplantarse a cualquier otro sitio o unas ruinas que estarían mejor sepultadas en un museo? En estos casos, el interés de los promotores es solventar cuanto antes el expediente, pagar la factura y, con todos los papeles en regla, seguir contribuyendo a la boyante economía española. He ahí la prioridad de nuestra sociedad, cada vez menos inclinada, no ya a respetar, sino a defender sus bienes naturales y culturales.

Buen ejemplo de todo lo anterior es el caso de la Vega Baja de Toledo, donde está previsto construir 1.300 viviendas, eso sí, sobre restos de la antigua capital visigoda datados en los siglos VI y VII. Hay varios empresarios urbanísticos implicados en el proyecto y todos están obligados a presentar un estudio arqueológico. Vamos, algo así como un informe de impacto ambiental. Mientras empiezan o no las excavaciones, ya se habla de una “lógica compatibilidad entre restos y desarrollo urbano”. ¿Alguien se atreve a apostar sobre el destino de la Vega Baja?

Como otros eventos similares, el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación ha pasado sin pena ni gloria. Al menos, en nuestro país. ¿Quién se acuerda ahora de que la Organización de las Naciones Unidas decidiera destacar el 2006 de forma tan señalada? O, lo que es peor, ¿sirven para algo los años internacionales de cualquier cosa?
En vista del éxito, podría suponerse que hablamos de un problema que no nos afecta directamente, pero nada hay más lejos de la realidad: 160.000 kilómetros cuadrados del territorio español, el 31’5% de su superficie, está gravemente afectado por la desertificación. Casi un tercio, que se dice pronto. Ningún otro país europeo arroja cifras tan alarmantes. En cualquier caso, la situación no es mejor en el resto del mundo, donde, según datos de la FAO, hay entre 3.500 y 4.000 millones de hectáreas afectadas, se deterioran entre 3’5 y 4 millones más al año y 1.000 millones de personas ven comprometida su subsistencia por este fenómeno de dimensiones globales. Uno más.

Precisamente para combatirlo, en el año 1996 entró en vigor la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación y España solicitó en su día ser la anfitriona de la octava conferencia de las partes (COP-8), que tendrá lugar a lo largo de 2007. Por supuesto, con los deberes sin hacer. La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los estados miembros a establecer comités nacionales para celebrar el año internacional como se merecía y, aparte de hacer oídos sordos al llamamiento, nuestro país ni siquiera ha aprobado el tan demandado Plan de Lucha contra la Desertificación, un documento que lleva años atrapado en un interminable trámite administrativo. Como si planes, estrategias, programas y demás fórmulas literarias se cumplieran luego a rajatabla.

No es de extrañar que Ecologistas en Acción haya exigido “a todas las Administraciones competentes, especialmente a los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, así como a las administraciones autonómicas y locales, que se impliquen en la adopción de medidas concretas y eficaces para frenar los procesos de desertificación existentes en el Estado español.” Y, por supuesto, ha solicitado también la creación de un comité organizador de la COP-8 en el que estén presentes las organizaciones ecologistas. Desde luego, sería una forma de que participara alguien realmente interesado en buscar soluciones.

Estamos, en efecto, ante una oportunidad que no podemos dejar que pase de largo. Es el mejor momento para tomar conciencia de que la desertificación es uno de los principales problemas ambientales de nuestro país e impulsar campañas de sensibilización entre los ciudadanos. De ahí que Ecologistas en Acción trate de involucrar también a las administraciones autonómicas y locales, pues, una vez transferidas las competencias ambientales, ellas son las únicas que tienen capacidad real de hacer algo práctico sobre el terreno. Pero ya veremos en qué queda todo, habida cuenta que este es un año marcado por la reforma de estatutos y por elecciones en varias comunidades autónomas. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente no puede esquivar de nuevo sus obligaciones como órgano encargado de establecer unas líneas directrices básicas y de coordinar las iniciativas que puedan adoptar finalmente los gobiernos regionales. Si es que adoptan alguna.

Tras casi medio año como ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona pensó que era el momento de dar a conocer sus planes al gremio de los periodistas ambientales, la mayoría adscritos hoy en día a la asociación profesional APIA. Para ello, nos convocó el pasado 13 de septiembre a un desayuno de trabajo en su ministerio. Durante el encuentro, de casi dos horas, la ministra quiso convencernos de que está decidida a hacer las cosas mejor que sus antecesores en el cargo. Más le vale, dada la enorme magnitud de los retos a los que se enfrenta.

Narbona se dedicó a repasar lo que van a ser sus tareas, de las que destacamos algunas: cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de Kioto y apuesta por las energías alternativas, giro radical en la política de aguas y modernización de las confederaciones hidrográficas, más límites legales sobre cambios de uso del suelo en zonas incenciadas, no a las obras públicas que destruyan el litoral y sí a una ley de responsabilidad civil que garantice la restauración de los impactos ambientales causados.

Por falta de tiempo, o quizás cuestión de prioridades, la ministra no fue tan explícita en lo que se refiere a conservación de la naturaleza. Dio, eso sí, un par de pistas interesantes, como la de que iba a preocuparse más de mejorar la gestión compartida entre Estado y comunidades autónomas para los parques nacionales, modelo por el que apuesta decididamente, y no tanto de ampliar la red de estas áreas protegidas. También anunció que rescatará del olvido la Estrategia Española de Biodiversidad, para actualizarla y presentarla al Consejo de Ministros, con vistas a que sea aprobada como Dios manda y se convierta en algo más vinculante que una simple declaración de intenciones.

Hubo asuntos ineludibles por los que sin embargo pasó de puntillas o ni siquiera aludió, como el de los cebos envenenados, con una estrategia estatal en trámite, o el del impacto de los tendidos eléctricos, a la espera de un decreto desde hace años que no acaba de aprobarse. Al lince ibérico sólo se refirió cuando fue preguntada por ello, para venir a decir que la cosa iba por buen camino. Esperemos que así sea, ya que corre el riesgo de ser recordada como la ministra bajo cuyo mandato la salvación de nuestro pequeño tigre se convirtió en misión imposible.